Por El Latino Newsroom
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ejecutó la detención de casi 50.000 personas durante el mes de julio.
La cifra representa el volumen mensual más alto registrado en lo que va del segundo mandato del presidente Donald Trump, según revelan estadísticas oficiales difundidas por las autoridades federales.
Los datos gubernamentales confirman que la administración federal mantiene una aceleración constante en su agenda de deportaciones masivas.
Este incremento operativo se produce tras un viraje táctico efectuado a principios de año, cuando las autoridades redujeron los operativos de alto perfil mediático en grandes zonas metropolitanas para pasar a intervenciones de menor visibilidad pública pero que, de acuerdo con defensores de los derechos civiles, continúan siendo profundamente disruptivas para las comunidades inmigrantes en todo el país.
Durante el mes de julio se contabilizaron un total de 49.571 arrestos migratorios, lo que equivale a un salto del 15% en comparación con las 43.021 detenciones reportadas en junio.
Al contrastar la cifra con los 29.241 arrestos registrados en febrero —periodo posterior a intensas redadas en el estado de Minnesota que desataron protestas locales—, el repunte en la actividad de la agencia alcanza un 70%, según el análisis realizado por la agencia de noticias The Associated Press a partir de la base de datos entregada por el ICE al Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley.
Cambio de tácticas operativas e integración policial
El repunte en la cifra de detenciones responde a una modificación sustancial en los métodos de campo empleados por las fuerzas de control fronterizo e interior.
En las últimas semanas, los agentes del ICE han incrementado las detenciones sistemáticas aprovechando paradas cotidianas de control de tráfico vehicular. En estos procedimientos, infracciones menores como una luz averiada o licencias de conducir no vigentes sirven como punto de partida para que los oficiales verifiquen la situación migratoria de los conductores y ocupantes.
Asimismo, la agencia federal ha profundizado su dependencia operativa en departamentos de policía estatales y locales que han firmado convenios de colaboración para asumir tareas de control migratorio. Paralelamente, las autoridades han comenzado a arrestar de manera focalizada a personas procedentes de Haití a quienes el gobierno federal retiró las protecciones temporales que les impedían ser expulsadas hacia su país de origen.
Analistas en materia de políticas de inmigración afirman que este enfoque descentralizado ha permitido a la administración sostener el ritmo de expulsiones sin generar la indignación pública provocada por las redadas masivas en vecindarios urbanos.
Al apoyarse en la infraestructura policial ordinaria y en acuerdos locales, la agencia logra operar con mayor rapidez mientras reduce la resistencia comunitaria visible.
»Cambiaron las tácticas y, si acaso, están siendo más efectivos», señaló Mark Krikorian, director ejecutivo del Center for Immigration Studies, un centro de investigación que aboga por mayores restricciones a la inmigración. «Las cifras de arrestos demuestran que el gobierno no detuvo la aplicación de la ley», agregó el especialista al evaluar el incremento sostenido en las estadísticas de detención de la agencia federal.
Reclutamiento de agentes y expansión de capacidades
El volumen de arrestos reportado en julio marca un contraste drástico con los niveles de aplicación migratoria previos al inicio del actual mandato presidencial.
En el mes anterior a la toma de posesión de Donald Trump, las detenciones del ICE rondaban las 8.000 mensuales, una cifra compuesta mayoritariamente por personas transferidas directamente desde cárceles municipales o estatales tras cumplir condenas penales.
Sin embargo, a lo largo del último año, la flexibilización de los criterios de arresto y el aumento en el presupuesto federal permitieron expandir los márgenes de actuación de la agencia.
Esta aceleración operativa se vio impulsada por asignaciones presupuestarias extraordinarias aprobadas por el Congreso, las cuales destinaron miles de millones de dólares adicionales para fortalecer la infraestructura de deportación del Departamento de Seguridad Nacional.
Con estos fondos, la agencia concreta la contratación de 12.000 nuevos oficiales de deportación y agentes de investigación, incrementando su presencia física en múltiples jurisdicciones del país.
El impacto de este despliegue se refleja de forma pronunciada en estados del sur de la nación. Tan solo Texas y Florida concentraron cerca de 20.000 de los arrestos totales registrados en julio, consolidándose como los principales baluartes de la estrategia de deportación de la Casa Blanca.
Ambas entidades han recurrido de forma intensiva a los acuerdos de cooperación conocidos como programas 287(g), los cuales facultan a los agentes del orden locales y estatales para actuar en la práctica como delegados de la autoridad migratoria federal.
A pesar de las promesas iniciales planteadas durante las audiencias de confirmación del Gabinete en el Capitolio sobre mantener una aplicación de la ley discreta y apartada de los titulares escandalosos, el repunte de julio pone de manifiesto que el gobierno mantiene como prioridad central el cumplimiento de sus metas de expulsión.
Organizaciones de derechos humanos, por su parte, continúan monitoreando el impacto socioeconómico de estas medidas sobre familias mixtas y comunidades de trabajadores en todo el territorio estadounidense.
