Por Carlos Hernández
Editor@latinocc.com
Hay algo profundamente difícil de justificar en un sistema que coloca a un niño frente a un juez de inmigración, con un abogado del gobierno al otro lado de la sala, y espera que el menor comprenda por sí mismo leyes, procedimientos y posibles defensas que incluso para muchos adultos resultan incomprensibles.
Ese escenario podría volverse más frecuente.
Un contrato federal que financiaba a organizaciones sin fines de lucro encargadas de proporcionar representación legal a más de 20,000 menores inmigrantes no acompañados expiró el 31 de julio.
La decisión afecta a una red nacional de casi 100 proveedores de servicios legales, de acuerdo con un análisis del American Immigration Council.
No se trata simplemente de una disputa presupuestaria.
Desde marzo de 2025, la administración de Donald Trump ha intentado modificar o eliminar distintos programas federales que facilitan representación, orientación e información legal a inmigrantes.
En el caso de los menores no acompañados, un tribunal federal intervino anteriormente después de que el gobierno intentara suspender el financiamiento destinado a representación directa.
Por si fuese poco y recientemente, otro tribunal ordenó el pago de servicios que ya habían sido prestados después de que el gobierno retuviera cerca de $65 millones.
El debate no debería reducirse a estar a favor o en contra de una política migratoria más estricta.
Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras, aplicar sus leyes migratorias y deportar a quienes un tribunal determine que no tienen derecho a permanecer en el país, pero el problema es que el gobierno actual posee ese poder, el proceso utilizado para tomar esas decisiones debe ser confiable y abusa del mismo.
Y un niño sin abogado difícilmente compite en igualdad de condiciones.
A diferencia del sistema penal, los inmigrantes en procedimientos de deportación no tienen un derecho general a que el gobierno les proporcione gratuitamente un abogado.
El Congreso, sin embargo, ha establecido que el gobierno debe garantizar el acceso a representación para menores no acompañados “en la mayor medida posible”.
La diferencia que puede hacer un abogado no es teórica.
Un estudio del American Immigration Council encontró que, entre los años fiscales 2019 y 2024, las personas sin representación legal tuvieron más de 2.5 veces mayor probabilidad de recibir una orden de deportación que aquellas representadas.
Entre inmigrantes detenidos, la diferencia aumentó a 10.5 veces, son datos comprobados, no son teorías conspirativas al mejor estilo MAGA, sino verdades e injusticias a la misma vez.
Esos números no significan que contar con un abogado garantice permanecer en Estados Unidos.
Significan que la representación puede determinar si una persona entiende sus opciones, presenta correctamente su caso y tiene una oportunidad real de defenderse.
Eso resulta todavía más importante cuando hablamos de niños que pueden haber llegado huyendo de violencia, pobreza, abuso o reunificación familiar y que ahora deben comprender conceptos como asilo, jurisdicción, elegibilidad y órdenes de deportación.
La administración ha buscado proveedores alternativos.
También se dio a conocer que un contrato de hasta $244 millones fue otorgado sin competencia a Our Rescue, mientras que el U.S. Committee for Refugees and Immigrants proporcionaría representación temporalmente hasta el 31 de diciembre, más corrupción al más no poder.
Es así como la supuesta experiencia migratoria de algunos proveedores seleccionados ha generado cuestionamientos.
La política migratoria puede cambiar con cada elección, por lo que el debido proceso no debería hacerlo.
Una nación puede aplicar estrictamente sus leyes y, al mismo tiempo, garantizar que quienes enfrentan al gobierno comprendan el proceso y puedan defender sus derechos.
Cuando quien está sentado frente al juez es un niño que llegó solo al país, esa obligación adquiere todavía mayor importancia.
Es por ello que, la eficiencia nunca debería confundirse con justicia, y al acelerar un proceso eliminando las herramientas necesarias para defenderse puede hacerlo más rápido, pero no necesariamente más justo.
