Por El Latino Newsroom
Con información de The Associated Press
La muerte de Brayan Rayo Garzón ocurrió después de una cadena de advertencias no atendidas.
El colombiano, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), estaba enfermo de COVID-19, aislado en una celda de una cárcel de Missouri y había pedido atención de salud mental.
También rogó, en notas escritas a mano en español, que le permitieran hablar con su madre.
En una de ellas escribió que sentía en su corazón que ella estaba muy preocupada por él. Menos de una hora después de que un guardia recogiera una de las notas, fue encontrado inconsciente en su celda.
Una autopsia determinó que murió por suicidio.
Su caso forma parte de un patrón más amplio documentado por una investigación de la AP, la cual reveló que al menos 10 hombres detenidos por ICE han muerto por suicidio desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, una cifra que supera ampliamente el crecimiento de la población bajo custodia migratoria.
Desde octubre, siete muertes han sido clasificadas como suicidios, la cifra más alta registrada para cualquier año fiscal en la historia de la agencia.
El ICE usualmente registraba uno o ningún suicidio al año.
Las muertes se producen mientras el sistema de detención migratoria se expande rápidamente como parte de la estrategia de deportaciones de la administración Trump.
La población detenida por ICE aumentó 50%, hasta llegar a unas 60,000 personas durante el segundo mandato del presidente, según datos oficiales.
La investigación encontró que 9 de las 10 personas fallecidas eran hombres latinoamericanos provenientes de cuatro países.
El décimo era ciudadano chino. La edad promedio era de 32 años.
Aunque Trump ha descrito a personas sujetas a deportación como “lo peor de lo peor”, siete de los 10 no tenían antecedentes de delitos violentos en Estados Unidos.
Los suicidios representan casi una quinta parte de las 51 muertes bajo custodia del ICE desde enero de 2025.
El caso de Rayo muestra cómo las primeras horas y días de detención pueden ser decisivos.
SIN AYUDA NI ESPERANZA
La cárcel del Condado de Phelps, en Missouri, había comenzado a recibir detenid@s del ICE apenas un mes antes de su llegada.
El alguacil Michael Kirn había dicho a comisionad@s del condado que el presupuesto del departamento estaba bajo presión económica, y que asociarse con el ICE podía generar millones de dólares en ingresos.
La investigación muestran que el primer examen médico de Rayo tomó 35 horas, pese a que el ICE establece que las evaluaciones iniciales deben realizarse dentro de las primeras 12 horas.
Rayo presentaba dificultad para respirar y le dijo a una enfermera que tenía ansiedad y quería tratamiento de salud mental.
La enfermera, que no hablaba español, usó un traductor portátil para evaluarlo pero concluyó que no tenía pensamientos suicidas, ni depresión.
La cita de salud mental fue programada, pero luego cancelada por razones de tiempo y personal, tan sólo dos días después, fue cancelada nuevamente debido a su infección de coronavirus.
La investigación indicó que esos retrasos violaron un estándar del ICE que exige tratamiento de salud mental dentro de una semana después de una remisión.
Lauren Bies, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, indicó que Rayo recibió atención médica “de alta calidad” durante su tiempo bajo custodia del ICE.
Rayo, quien tenía 27 años, había llegado a Estados Unidos con su familia en 2023.
Su madre, Adriana Garzón, dijo que él se adaptó rápido, hizo amistades y trabajó como pintor de casas y repartidor de comida.
Una jueza había ordenado en 2024 que fuera enviado de regreso a Colombia, y él quería ahorrar dinero para contratar a un abogado que le ayudara a permanecer en el país.
Cuando enfermó, fue trasladado a una celda de aislamiento de bloques de cemento con una cámara de vigilancia sobre él.
El objetivo era monitorearlo más de cerca y evitar la propagación de la enfermedad, pero no se le permitió llamar a su madre.
En su cuarto día de aislamiento, pasó dos notas debajo de la puerta pidiendo hablar con ella.
En una de ellas apeló a la compasión del guardia: “Sé que usted tiene familia, y sabe que ellos se preocupan por nosotros. Dios lo bendiga”, escribió en español.
¿FALLAS O NEGLIGENCIA?
La investigación encontró fallas repetidas en la red de detención del ICE.
En algunos centros, el personal ignoró señales de angustia, retrasó tratamiento de salud mental o no vigiló adecuadamente a personas que ya habían sido consideradas en riesgo.
También permitió acceso a materiales que podían usarse para autolesionarse.
En algunos casos, personas en crisis fueron colocadas en aislamiento, una práctica que especialistas advierten puede agravar sentimientos de humillación e impotencia.
Las muertes ocurrieron en distintos tipos de instalaciones.
Cinco personas murieron en centros operados por contratistas privados de larga trayectoria con el ICE, CoreCivic y el GEO Group.
Una sexta murió en un campamento operado por un contratista sin experiencia que ICE reemplazó posteriormente.
Tres murieron en cárceles administradas por alguaciles y una en una prisión federal.
CoreCivic indicó que toma “muy seriamente” la muerte de cualquier persona bajo su cuidado.
El GEO Group señaló que capacita a su personal en prevención del suicidio y busca mantener un ambiente seguro de acuerdo con estándares federales.
Funcionari@s de tres cárceles locales se negaron a dar declaraciones como parte de la investigación.
SIN ACEPTAR RESPONSABILIDAD
En Camp East Montana, en El Paso, Texas, Víctor Díaz, de 36 años, murió por suicidio en enero en una sala médica de retención después de haber sido colocado en aislamiento tras reportar acoso de otros detenidos.
Días antes, Geraldo Lunas Campos murió de asfixia después de que el ICE informó que guardias lo restringieron tras un intento de suicidio.
Su muerte fue clasificada como homicidio por un médico forense, y funcionari@s de la administración Trump dijeron que el FBI investigaba las circunstancias.
Inspectores del ICE visitaron Camp East Montana en febrero y documentaron 49 violaciones a los estándares de detención en lo que entonces era la instalación más grande de ICE.
El reporte encontró que el personal no registró revisiones requeridas para prevenir autolesiones graves y suicidio, y que había herramientas y equipo sin asegurar dentro de la instalación.
Llamadas al 911 mostraron que otr@s detenid@s también habían intentado suicidarse allí.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que las muertes por suicidio bajo custodia de ICE siguen siendo “extremadamente raras”.
Bies dijo que el personal sigue protocolos para proteger a detenid@s que muestran señales de autolesión, que el ICE exige capacitación anual en prevención del suicidio y que las personas detenidas reciben atención médica integral, incluyendo servicios de salud mental.
AL BORDE DEL LÍMITE
Especialistas consultad@s dijeron que el aumento refleja fallas en la operación del sistema, especialmente durante los primeros momentos de la detención.
Para defensor@s de inmigrantes, el problema va más allá de estadísticas y los casos individuales.
La detención migratoria civil, que no es una condena penal, puede implicar encierro prolongado, separación familiar, incertidumbre legal y temor a la deportación.
“Este es un temor constante con el que viven millones de personas inmigrantes en el país, sobre todo los que no tienen un estatus legal, por eso al ser arrestado y aislado por uno de los peores temores en sus vidas, puede desencadenar en una depresión, ataques de ansiedad y pensamientos suicidas hasta llevar a la muerte”, recalca Montoya.
La investigación de AP no atribuye todas las muertes a una sola causa, sí documenta, sin embargo, un aumento sin precedentes de suicidios en una red de detención que crece rápidamente y que, en múltiples instalaciones, ha mostrado fallas en evaluación, monitoreo y tratamiento de personas vulnerables.
Para el ICE, las muertes representan una prueba de responsabilidad pública: cuando el gobierno toma custodia de una persona, también asume la obligación de proteger su vida.
Mientas que para los familiares de quienes murieron, las cifras representan pérdidas irreparables, para el gobierno federal, plantean una pregunta de responsabilidad pública: si una persona está bajo custodia del Estado, ¿qué tan preparado está ese sistema para proteger su vida?
