Presidentes latinoamericanos alineados con Trump chican con la realidad de gobernar tras victorias electorales impulsadas por el descontento

Por El Latino Newsroom

Sin embargo, tras asumir el poder y asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York alineados con la figura de Donald Trump, la gestión cotidiana de sus gobiernos ha expuesto crecientes dificultades operativas y desgaste político.

​Diversos analistas e investigadores señalan que la estrategia de sustituir los resultados tangibles de gestión por la confrontación polarizada funcionó con precisión durante las campañas electorales, pero ha comenzado a mostrar límites frente a las demandas de la ciudadanía.

«Lo que están logrando es canalizar la bronca a través de una política de la venganza, bajo la lógica del ‘amigo-enemigo’. Y esa promesa de vengarse de un enemigo la vienen cumpliendo poco a poco», explicó la politóloga argentina Antonella Marty al analizar el discurso de estas administraciones.

​Por su parte, la investigadora colombiana Laura Bonilla, de la Fundación Pares, destacó que estos liderazgos suelen priorizar el impacto emocional sobre la entrega de soluciones socioeconómicas sostenibles.

​Los problemas de gobernabilidad se manifiestan en distintos escenarios continentales. En Ecuador, la administración de Daniel Noboa enfrenta tensiones sociales tras declarar un conflicto armado interno y clasificar a 22 bandas criminales como organizaciones terroristas.

Pese a la militarización decretada, los registros del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado contabilizaron 7.033 homicidios intencionales en 2024.

A la situación de seguridad se suman movilizaciones sociales encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador tras los ajustes al subsidio del diésel y el rechazo ciudadano en un reciente referéndum constitucional.

​En la Argentina de Javier Milei, el programa de gobierno enfrenta dificultades para contener los índices inflacionarios en los niveles previstos, en paralelo al incremento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo salarial.

La gestión ha registrado además reveses en el ámbito legislativo y cuestionamientos judiciales que involucran a dependencias oficiales e investigaciones sobre exfuncionarios del Gabinete de Ministros.

​Escenarios similares se observan en Bolivia, donde el presidente Rodrigo Paz ha enfrentado protestas de diversos sectores laborales tras la reducción de subsidios a los combustibles, y en Chile, donde José Antonio Kast debió realizar ajustes tempranos en su equipo ministerial tras dos meses de gestión, en medio de contracciones económicas e incrementos en la tasa de desempleo.

En contraste, en El Salvador, el mandatario Nayib Bukele sostiene niveles de popularidad basados en la reducción de homicidios bajo el Régimen de Excepción vigente desde 2022, aunque analistas e instituciones internacionales señalan los riesgos asociados a la concentración de poder y la suspensión prolongada de garantías constitucionales.

​El escenario político continental se completa con una serie de mandatarios electos por márgenes estrechos y sin bancadas mayoritarias en sus respectivos Congresos nacionales.

En Honduras, Nasry Asfura asumió la jefatura de Estado tras una ajustada contienda electoral, mientras que en Perú, Keiko Fujimori asumió la presidencia con una diferencia inferior a 50.000 votos en un contexto de fragmentación legislativa.

En Colombia, Abelardo de la Espriella asumió el Ejecutivo tras imponerse por un estrecho margen, debiendo reorientar sus prioridades iniciales debido a emergencias naturales.

​La articulación política con sectores conservadores de Estados Unidos constituye un factor de relevancia para estas administraciones.

Según expone Marty, este alineamiento internacional forma parte del soporte institucional de los gobiernos regionales, por lo que las fluctuaciones en el escenario político estadounidense podrían impactar directamente en su respaldo simbólico.

​El reto fundamental de estas administraciones reside en balancear la retórica de confrontación con la entrega de soluciones concretas a los problemas socioeconómicos que afectan a las poblaciones de la región.

La sustentabilidad de sus proyectos políticos dependerá de su capacidad para preservar las instituciones democráticas y garantizar condiciones de gobernabilidad dentro de los marcos constitucionales de cada país.