Indocumentados en el limbo

Por Carlos Hernández
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Abelardo García ansioso y esperanzado esperaba listo el 18 de febrero, cuando sometería su aplicación para el programa migratorio DACA, para por fin arreglar su estatus migratorio luego de vivir más de 10 años en las sombras, sin embargo, un juez en Texas tenía planeado algo diferente…

El 17 de febrero, el juez de una corte federal en Brownsville, Texas, Andrew Scott Handen, paralizó la entrada en vigor de los programas de Acción Diferida (DACA, por su siglas en inglés) y el de Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés), ya que consideró que el Presidente Barack Obama no tiene el poder para una acción ejecutiva de este tipo.

El 20 de noviembre del año pasado el mandatario, en un discurso nacional desde el Ala Este de La Casa Blanca, reveló que usaría una “acción ejecutiva” que permitiría la extensión del DACA, además de quitar el límite de edad que hasta la fecha era para aquellos no mayores de 31 años al 15 de junio del 2012.

“Estaba tan entusiasmado que iba a meter mi aplicación para por fin poder trabajar y vivir en orden, pero no, a estos republicanos se les viene otro ataque contra la comunidad (inmigrante) y sobre todo contra el presidente, algo que nos deja otra vez a esperar que pasa”, indica el inmigrante.

Y es que Abelardo era uno de los casi un millón de inmigrantes nuevos beneficiados de la extensión del DACA, el cual también fue creado por el presidente demócrata.

Desde que supo que calificaría con la nueva normativa, ya que sus padres le trajeron desde Durango, México, en 1988 cuando tenía 14 años, se dio a la tarea de encontrar un abogado de inmigración, recolectar todos los documentos necesarios y llenar el formulario I-821D para poder aplicar el pasado 18 de febrero.

Precisamente ese día se abriría otra vez la ventana para aplicar al programa que desde el 2012 a ayudado a conseguir un estatus legal a más de medio millón de jóvenes, conocidos como “dreamers” o “soñadores”, que fueron traídos al país antes de cumplir los 16 años.

“Lo que hicieron eso es algo de mala fe, pues no se ponen a pensar de todas las penas que pasamos los que no tenemos papeles y sólo queremos trabajar y salir adelante”, indicó Abelardo.

Cabe destacar que la decisión de Handen no afecta a quienes ya hicieron uso del DACA cuando fue creado hace tres años, por lo que pueden pedir su renovación.

OPOSICIÓN

El gobernador de Texas, Greg Abbott, fue quien presentó la demanda el año pasado a nombre de 26 Estados del país, cuando él aún era fiscal del estado.

La base de la demanda es la convicción de los Estados que con las medidas migratorias aprobadas por Obama, él había «sobrepasado los poderes que tiene como presidente y fallado así en su obligación en garantizar que las leyes son cumplidas y no alteradas”.

Según las leyes estadounidenses, la “Acción Ejecutiva” de un presidente es cuando el mandatario usa su poder para hacer cambios temporales a ciertos puntos específicos de las leyes, pero no a la ley misma.

Además, este tipo de ordenes presidenciales no son permanentes, ya que cuando Obama terminé su período de mando, y entre su sucesor(a) en el 2016, si él o ella no están de acuerdo pueden inmediatamente anular los efectos de la “Acción Ejecutiva”.

Por si fuese poco, el 27 de febrero pasado cuando era el último día para aprobar el presupuesto anual para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los republicanos quienes dominan las dos cámaras del Congreso desde enero, han tratado de revertir las medidas presionando mediante la aprobación de fondos sólo para una semana.

Cabe mencionar que el DHS, es el único ministerio que no ha conseguido financiación.

BATALLA PARA LARGO

Para el abogado de Oxnard experto en ley migratoria, César Nava, la decisión del juez es un movimiento político impulsado por los republicanos, para quitarle meritos al Presidente en su ayuda a la comunidad inmigrante, retrasando la legalidad de los dos programas que les prometió.

“Para mí, no es más que una pérdida de tiempo de los republicanos, ya que siempre se oponen a cualquier propuesta del Presidente, el problema es que esto retrasará los dos programas, pero en especial el DAPA”, sostuvo Nava.

Según Nava, con el bloqueo del juez, el DAPA que se esperaba entraba en vigor a finales de abril o principios de mayo, debido a la naturaleza de cómo se maneja este tipo de demandas, podría activarse hasta finales de este año.

En la misma tónica se mostró el abogado de ley migratoria de Santa Bárbara, Abbe Kingston, ahora que el caso está siendo estudiado en la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Nuevo Orleans, después que el equipo legal de la Casa Blanca pusiera una moción contra el fallo del juez tejano.

“Es una pena, porque mi bufete tenía ya 20 formularios listos para ser enviados, ahora nuestros clientes quedan una vez más en el limbo y a continuar esperando”, indicó Kingston.

El abogado también sostuvo que el juez Handen tiene un historial de simpatizar con políticas anti-inmigrantes conservadoras, por lo que los republicanos sabían a quien acudir para presionar y ponerle un alto a los programas del Presidente.

“Es sin duda, una jugada totalmente política”, expresó.

Tanto para Nava como para Kingston, Obama está en todo su derecho de usar la “acción ejecutiva”.

“Históricamente han sido muchos presidentes los que han usado este tipo de poderes, uno de ellos fue (Ronald) Reagan en 1986, cuando aprobó lo que unos le llamaron amnistía, y en ese caso como con otros presidentes, nunca nadie se opuso”, comentó Kingston.

Al mismo tiempo, el jurista cree que la Casa Blanca tiene muchas probabilidades de revertir la situación.

“Antes usar su ‘acción ejecutiva’, Obama estudió muy bien con su equipo de abogados todos los ángulos de los nuevos cambios migratorios y se cercioraron que no habría la posibilidad que fuera refutada en corte, por lo que al final se le dará la razón”, manifestó Kingston.

Los expertos también consideran que si la Corte de Apelaciones da la razón a Obama, casi con seguridad los republicanos interpondrán otra apelación para que el caso sea finalizado en una Corte Suprema.

“Es típico de los republicanos que al perder la razón en una demanda contra Obama, lleven el proceso hasta la Corte Suprema, lo cual en este caso retrasará muchísimo los programas del DACA y DAPA al menos en unos seis meses. Algo que se vio con el Obamacare, que lo pelearon hasta el final”, comenta Nava.

Por su parte, José Martínez, director del Centro de Educación Comunitaria del Santa Barbara City College, y quien por años a ayudado a la comunidad inmigrante de la Costa Central con recursos informativos y servicios migratorios a bajo costo, indica que el caso podría solucionarse en unos dos meses.

ALISTANDOSE CON CUIDADO

Según Nava, Kingston y Martínez, la comunidad inmigrante que se beneficiará con la ampliación del DACA y la entrada en vigor del DAPA, debe estar lista y pendiente de lo que suceda en los próximos meses.

Tal y como lo hizo el mismo presidente Obama en una conferencia la semana pasada en una universidad de Miami, los expertos también exhortan a quienes califican para el DAPA a alistar sus documentos.

“Es mejor que tengan todo listo para que cuando finalmente entren en marcha los programas, no estén en apuros y se les retrasen sus casos, ya que habrá mucha demanda”, sostuvo Kingston.

Según el Instituto de Política Migratoria y el mismo USCIS un total de 5 millones de personas se beneficiarían con el DAPA, y otros 1.5 millones lo harán con el nuevo DACA.

De acuerdo a un reporte del instituto Pew Research Center, casi la mitad de los indocumentados beneficiados del DAPA, 2.3 millones, viven en alguno de los Estados que interpusieron la demanda.

Al mismo tiempo, Kingston indicó que es buena idea tener ya la asesoría de un abogado experto en ley migratoria, sin embargo, que no es recomendable pagar aún por el trámite de los formularios, ya que el Departamento de Servicios de Ciudadanía (USCIS) aún no los está recibiendo.

El abogado de Santa Bárbara también urgió a la comunidad a tener cuidado y no meterse en problemas legales.

Esto es porque con el fallo del juez tejano, a pesar que dicha orden sólo afecta la implementación de los cambios al DACA y el nuevo DAPA.

El “memorandum” envidado por La Casa Blanca el 20 de noviembre a las diferentes agencias del orden público para no poner en retención migratoria a personas que comentan crímenes no graves y califiquen al DAPA, quedarán ahora a discreción de las autoridades.

“Desde noviembre ya no se detenía a los que tubieran un DUI y calificarán al DAPA, ahora con el fallo eso cambiará y quiza se vea la misma situación que se tenía con el programa ‘Comunidades Seguras’”, sostuvó Kingston.

“Comunidades Seguras” es un programa impuesto por la administración del Presidente George Bush, luego de los ataques del 11 de septiembre, donde se les daba a las autoridades locales de detener por más tiempo a quienes cometieran un delito grave como narcotráfico, asesinato, violación sexual, violencia doméstica, entre otros, para ser posteriormente ser llevados por agentes de inmigración y empezar una deportación.

Sin embargo, las autoridades deportaban a personas que habían cometido faltas leves como, cruzarse la calle a mitad de la cuadra, infracciones de ciclistas o no tener una licencia de conducir del estado.

Por otra parte, Nava también dijo que la única manera en que la comunidad indocumentada no tendría que esperar hasta finales de año para aplicar al DACA y DAPA, es que la Corte de Apelación de Nuevo Orleans falle a favor de La Casa Blanca y los republicanos se den por vencidos.

“Esa sería la única opción, porque aunque el programa entrará en vigor por unos días o semanas en lo que los republicanos prepararán un ataque legal para llevar el caso a la Corte Suprema, por la naturaleza del proceso y aunque el USCIS haya recibido aplicaciones, los procesos se detendrían inmediatamente al momento darse otra apelación”.

Para Abelardo, la espera sólo significa otra etapa más en su aventura de inmigrante indocumentado en este país, sin embargo, no pierde la esperanza y está listo para arreglar su situación.

“He pasado más de 25 años indocumentado y esperando una oportunidad, tengo fe que Dios arreglará esto y que al final todos los que están como yo arreglarán papeles… es sólo cuestión de tiempo”, finaliza Abelardo. n

Para mayor información sobre el bufete del abogado Nava por favor llamar al, 805.483.2465.

Para mayor información sobre el bufete Kingston favor llamar al, 805.963.9585.

Para mayor información sobre el Centro de Educación Comunitaria favor llamar al, 805.683.8279.