Por Redacción
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La policía en México indicó que arrestó a un alto lugarteniente de la violenta facción Metros del cártel de la droga del Golfo implicado en 23 ataques contra la policía y nueve contra el personal militar.
El sospechoso fue identificado como Hugo Salinas Cortinas, cuyo apodo “La Cabra”.
La policía y el ejército mexicano indicaron que fue arrestado el viernes, pero no dieron ninguna explicación por la demora en hacer el anuncio.
La policía dijo que Salinas fue capturada con dos armas y 600 pastillas, aparentemente fentanilo.
Presuntamente encabezó el contrabando de drogas y migrantes a lo largo de un tramo del lado mexicano del río Grande, también conocido como Río Bravo.
Salinas presuntamente operaba en un territorio que comprendía los pueblos de Camargo y Miguel Alemán, al otro lado de la frontera con los pueblos de Rio Grande City y Roma en Texas.
Los medios locales informaron que una mujer identificada en 2021 como su esposa había sido arrestada en Roma, Texas, luego de que la policía encontrara más de $800,000 escondidos en cajas de zapatos y mochilas en su casa.
El cártel del Golfo se ha dividido en facciones enfrentadas tras el arresto y la extradición de algunos de sus principales líderes durante la década.
EL SALVADOR
El Salvador abrió un juicio contra el expresidente Mauricio Funes alegando que había negociado una tregua con las poderosas pandillas callejeras del país cuando era presidente, pero el juicio continuará sin Funes, que vive en Nicaragua.
Funes ha negado haber negociado con las pandillas o haber otorgado privilegios a sus líderes.
“Nunca ordené ni autoricé ninguna negociación”, escribió Funes el martes en Twitter, y agregó que la tregua era entre bandas rivales, no con el gobierno.
Los mediadores en las conversaciones entre las pandillas MS-13 y Barrio 18 no representaban al gobierno, explicó.
El Congreso de El Salvador reformó la ley el año pasado para permitir que las personas sean juzgadas en rebeldía.
Los fiscales acusan a Funes de asociación ilícita e incumplimiento de sus deberes para la tregua entre pandillas negociada en 2012.
David Munguía Payés, quien se desempeñó como ministro de seguridad de Funes, está siendo juzgado por los mismos cargos, entre otros.
Si es declarado culpable, Funes podría enfrentar una sentencia de hasta 11 años de prisión, pero dado que Nicaragua le otorgó la ciudadanía, es poco probable que enfrente la justicia en El Salvador.
El Salvador ha perseguido a Funes, quien gobernó de 2009 a 2014, por otros presuntos delitos en al menos media docena de casos y por robarse más de $300 millones.
BOLIVIA
El principal fiscal boliviano inició una investigación el lunes sobre un difunto sacerdote español que presuntamente abusó de varios menores en Bolivia desde la década de 1980.
El caso del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas Moreno, fallecido en 2009, salió a la luz el fin de semana en un reportaje del diario español El País.
El Fiscal General Wilfredo Chávez dijo en Twitter que estaba buscando información del consulado español sobre el caso, y que le estaba pidiendo a la Iglesia Católica que comentara.
“Este horror habría sido encubierto por el liderazgo de la Iglesia Católica en ese momento”, alegó Chávez en Twitter.
El País había publicado extractos del diario personal de Pedrajas Moreno, quien supuestamente admitió haber abusado de decenas de niños mientras era maestro en Bolivia hasta 2009 cuando murió.
“Nos sentimos avergonzados por la situación”, señaló la congregación jesuita de Bolivia en un comunicado, y se comprometió a escuchar a las víctimas, buscar justicia y trabajar para poner fin “a este flagelo”.
La congregación además indicó que ya había iniciado una investigación sobre Pedrajas Moreno luego de una acusación en 2022, y había determinado la “veracidad” de la misma.
Esta no es la primera denuncia contra sacerdotes por abusar de menores en Bolivia, pero pocos casos han sido investigados a fondo y llevados ante la justicia.
En 2015, un cura rural fue condenado a 15 años de prisión por abusar de 12 menores.
Poco tiempo después se suicidó en la cárcel.
En 2009, un sacerdote fue condenado a 22 años de prisión por delitos similares.
