Por Redacción
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Un tribunal de El Salvador condenó el lunes a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por negociar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas en las cárceles.
En tanto, a su exministro de Seguridad, general David Munguía Payés, el tribunal le impuso una pena de 18 años.
El juicio de Funes comenzó en abril con el exlíder viviendo en Nicaragua, luego que el año pasado El Salvador cambió sus leyes para permitir los juicios en ausencia.
Funes enfrentaba cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes, mientras que el general Munguía Payes fue condenado por los mismos delitos y se le sumó el de actos arbitrarios.
Funes, de 64 años, se convirtió así en el segundo presidente salvadoreño condenado por violar la ley durante su mandato (2009-2014).
En 2018, el expresidente Tony Saca fue sentenciado a 10 años de prisión luego de declararse culpable de desviar más de $300 millones de fondos estatales.
Fue antecesor de Funes, gobernó de 2004 a 2009.
En un programa de entrevistas transmitido en las redes sociales, el expresidente negó nuevamente los cargos que se le imputan y rechazó la sentencia.
“En mi opinión, la condena, por lo que a mí se refiere, es ilegal, no tiene sustento legal, ahora la condena del general Munguía Payés me parece injusta”, dijo Funes.
Por su parte, Munguía Payes indicó tras la sentencia que el juicio estuvo lleno de irregularidades.
“Me considero un preso político, por solo haberme desempeñado como exministro del presidente Funes. Me acusan de una serie de acusaciones que no tienen fundamento”, dijo.
La sentencia de Funes fue la suma de ocho años por asociación ilícita y seis años por incumplimiento de deberes.
“En mi opinión, la sentencia, en lo que se refiere a mí, es ilegal, no tiene fundamento legal; me parece injusta la sentencia del general Munguía Payes”, dijo Funes. Dijo que el estado no pudo probar los cargos.
El fiscal general Rodolfo Delgado, por su parte, dijo a través de Twitter, “probamos que estos dos exfuncionarios, que tenían la obligación de proteger a los salvadoreños, negociaron sus vidas a cambio de favores electorales, actuando como pandilleros”.
En 2015, la Corte Suprema de El Salvador dictaminó que las pandillas son organizaciones terroristas.
El actual presidente Nayib Bukele ha sido acusado de participar en el mismo tipo de negociaciones con las pandillas.
En diciembre de 2021, el Ministerio del Tesoro de Estados Unidos reveló que el gobierno de Bukele negoció en secreto una tregua con los líderes de las poderosas pandillas callejeras del país, aunque esto nunca se ha podido comprobar.
A los líderes de pandillas encarcelados supuestamente se les otorgaron privilegios a cambio de frenar los asesinatos y de brindar apoyo político al partido de Bukele.
GUATEMALA
El máximo tribunal de Guatemala bloqueó el viernes la candidatura de otro candidato presidencial, esta vez poniendo fin a la campaña del líder de las encuestas, Carlos Pineda, por presuntas violaciones a la ley electoral.
La Corte Constitucional rechazó la apelación de Pineda luego de que las autoridades electorales lo declararan inelegible sólo un mes antes de la primera ronda de votación del 25 de junio.
“La Corte Constitucional ha puesto fin a la democracia de este país… prevaleció la cooptación del Estado, el freno a la corrupción y la dictadura. Es increíble… me siento como muerto”, señaló Pineda a la AP.
Pineda explicó que su última esperanza está en el pueblo de Guatemala, que la mayoría emita un voto nulo y que se celebren nuevas elecciones.
Pineda es el tercer candidato presidencial declarado inelegible para postularse.
El Tribunal ya rechazó el jueves las apelaciones finales del candidato Roberto Arzú, y anteriormente había fallado en contra de Thelma Cabrera por un problema de papeleo con su compañero de fórmula.
Un cuarto candidato, Edmond Mulet, también se enfrenta a la posibilidad de exclusión, mientras espera una decisión del tribunal sobre su candidatura.
La Fiscalía General de la Nación pidió su investigación por presuntamente iniciar su campaña demasiado pronto al hacer comentarios en contra de la persecución de periodistas.
Algunos observadores han acusado a las autoridades electorales de Guatemala de usar el sistema judicial para reducir el campo a candidatos aceptables para el establecimiento.
La Unión Europea, los Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación por la exclusión de candidatos.
Pineda, un populista conservador, con una campaña que prendió fuego en las redes sociales, emergió como el líder sorpresa en las encuestas a principios de este mes.
Las autoridades indicaron que hubo problemas en la forma en que su partido, Prosperidad Ciudadana, seleccionó a su candidato.
