Resumen Internacional / International roundup

Por/By Agencias-Agencies
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La cámara baja de la católica Argentina ha respaldado un proyecto de ley que legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo.

Después de un debate divisivo que duró más de 22 horas, 129 miembros de la Cámara de Diputados votaron a favor y 125 en contra, mientras que uno se abstuvo.

El proyecto de ley ahora tendrá que ir al Senado.

El presidente Mauricio Macri se opone enérgicamente al proyecto de ley, pero ha dicho que no lo vetaría si lo aprobaban ambas cámaras.

El aborto es actualmente ilegal en Argentina, excepto en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo.

Las mujeres que buscan un aborto también deben solicitar permiso a un juez, que los críticos dicen que puede retrasar innecesariamente el procedimiento.

Hasta tres horas antes de la votación, los que estaban en contra de la ley parecían estar en la mayoría hasta que un legislador en la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció en Twitter que él y dos colegas habían cambiado de opinión y votarían “sí”.

El anuncio fortaleció a los legisladores pro-elección en un momento en que el abatimiento comenzaba a establecerse después del debate de una noche de duración.

Los partidarios del proyecto de ley, muchos de los cuales habían pasado toda la noche haciendo demostraciones en el exterior del edificio del Congreso en Buenos Aires, vitorearon y abrazaron cuando se anunció el resultado de la votación.

Muchos también llevaron a las redes sociales para celebrar con #AbortoSeraLey (#AbortionWillBeLaw), un hashtag que está en tendencia en Twitter en Argentina.

Entre los que celebraron la votación como un “paso histórico” estuvo el secretario general de la organizaciónAmnesty International, Salil Shetty.

Hubo un gran drama incluso cuando llegó el resultado.

La placa electrónica dentro de la cámara inicialmente mostró 131 a favor y 123 en contra, pero  dos legisladores inmediatamente gritaron que su voto no había sido registrado con precisión.

CHILE

La policía y los fiscales en Chile allanaron oficinas y confiscaron documentos de la Iglesia Católica Romana en medio de un abuso sexual infantil y un escándalo de encubrimiento.

Las sorpresivas redadas tuvieron lugar en la capital Santiago y en la ciudad de Rancagua.

Vienen cuando dos enviados del Vaticano se encuentran en Chile para investigar los reclamos y asesorar a las diócesis sobre cómo responder.

El lunes, el Papa aceptó las renuncias de tres obispos chilenos a raíz del escándalo.

Incluyeron al controvertido Juan Barros acusado de encubrir el abuso sexual cometido por el sacerdote Fernando Karadima en los años ochenta y noventa.

El fiscal Emiliano Arias indicó que las redadas del miércoles habían ido bien.

“Esto no es una investigación contra la Iglesia Católica, sino más bien una investigación de informes de abuso sexual por miembros de la iglesia que abusaron de menores”, dijo.

El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, enfatizó que los religiosos habían dado a los fiscales toda la documentación solicitada y que estaban cooperando con el sistema de justicia.

Enviados papales El Arzobispo Charles Scicluna y Mons. Jordi Bertomeu están en su segunda visita a Chile para tomar declaraciones de las víctimas. Ya han compilado un informe que dice que la Iglesia chilena encubrió casos de abuso y destruyó evidencia.

El Papa Francisco se involucró en el escándalo que rodeaba a Barros cuando defendió al obispo durante su visita a Chile en enero.

En ese momento dijo que las acusaciones contra el obispo equivalían a “difamación”.

Más tarde se disculpó con las víctimas, diciendo:

“Me disculpo con ellas si las lastimé sin darme cuenta, pero fue una herida que infliqué sin intención”.

Cerca de 80 sacerdotes católicos han sido denunciados ante las autoridades chilenas por presuntos abusos sexuales en los últimos 18 años.

Bajo el Papa Francisco, un comité del Vaticano ha sido creado para luchar contra el abuso sexual y ayudar a las víctimas.

FRANCIA

París revelará sus nuevas defensas perimetrales alrededor de la Torre Eiffel para protegerse de las amenazas terroristas.

Las barreras temporales se colocaron alrededor de la torre en junio de 2016, y ahora están siendo reemplazadas con medidas más permanentes.

Fijado para ser completado a mediados de julio, las cercas costaron casi $40m.

Más de 240 personas han muerto en ataques terroristas en Francia desde 2015.

Bernard Gaudillère, presidente de la Sociedad de Explotación de la Tour Eiffel (SETE), que dirige el emblemático monumento, acotó que las nuevas paredes eran “sólidas para una seguridad absoluta”.

Las paredes de cristal que miden 6.5cm (2.5”) de espesor formarán dos lados del cuadrado, con las otras dos bloqueadas por barreras metálicas de 3.24m (10.6 pies), exactamente una centésima de la altura de la torre.

Para evitar ataques de vehículos, se colocarán 420 bloques en frente de las paredes de vidrio como protección adicional.

La explanada bajo la torre Eiffel se ha cerrado al público desde junio de 2016, con tropas antiterroristas patrullando regularmente el sitio.

Gaudillère dijo que los muros temporales serían reemplazados por algo “infinitamente más agradable y romántico”, como parte de una renovación de la torre de 300 millones de euros antes de los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

Se espera que hasta siete millones de turistas visiten la torre solo en 2018, sin embargo, los residentes no están contentos con las características de seguridad adicionales.

Un grupo llamado Les Amis du Champ de Mars publicó una declaración en línea en mayo del año pasado quejándose de la falta de consulta con los residentes, el “costo exorbitante” de las vallas y la dificultad de acceso para los autobuses y las personas con discapacidad.

También alegan que la ciudad utilizó medidas especiales que le brindó el estado de emergencia para impulsar los cambios de seguridad sin evaluar su impacto o el interés público.

El país introdujo duras leyes antiterroristas en octubre de 2017 después de casi dos años del estado de emergencia nacional impuesto por el entonces presidente Francois Hollande a raíz de los ataques de París.

ENGLISH

Catholic Argentina’s lower house has backed a bill legalising abortion in the first 14 weeks of pregnancy.

After a divisive debate lasting more than 22 hours, 129 members of the Chamber of Deputies voted in favor and 125 against while one abstained.

The bill will now have to go to the Senate.

President Mauricio Macri is strongly opposed to the bill but has said that he would not veto it if it was passed by both houses.

Last-minute turnaround

Abortion is currently illegal in Argentina, except in cases of rape or when the life or health of the woman is at risk. Women seeking abortions also have to apply to a judge for permission, which critics say can unnecessarily delay the procedure.

Up until three hours before the vote, those against the bill seemed to be in the majority until a lawmaker in the province of La Pampa, Sergio Ziliotto, announced on Twitter that he and two colleagues had changed their minds and would vote “yes”.

The announcement invigorated pro-choice lawmakers at a time when despondency was beginning to set in after the night-long debate.

Supporters of the bill, many of whom had spent the entire night demonstrating outside of the Congress building in Buenos Aires, cheered and hugged when the result of the vote was announced.

Many also took to social media to celebrate with #AbortoSeraLey (#AbortionWillBeLaw), a hashtag that is trending on Twitter in Argentina.

Among those celebrating the vote as a “historic step” was the secretary general of human rights group Amnesty International, Salil Shetty.

There was high drama even as the result came in. The electronic board inside the chamber initially showed 131 in favour and 123 against but two lawmakers immediately shouted that their vote had not been recorded accurately.

The speaker then proceeded to ask a number of deputies to confirm how they had voted and after some tense minutes confirmed that the bill had been passed.

CHILE

Police and prosecutors in Chile have raided offices and seized documents of the Roman Catholic Church amid a child sexual abuse and cover-up scandal.

The surprise raids took place in the capital Santiago and in the city of Rancagua.

They come as two Vatican envoys are in Chile to investigate the claims and advise dioceses how to respond.

On Monday the Pope accepted the resignations of three Chilean bishops in the wake of the scandal.

They included the controversial Juan Barros who was accused of covering up sexual abuse committed by priest Fernando Karadima in the 1980s and 1990s.

Prosecutor Emiliano Arias said the raids on Wednesday had gone well.

“This is not an investigation against the Catholic Church, but rather an investigation of reports of sex abuse by members of the church who abused minors,” he said.

Archbishop of Santiago Cardinal Ricardo Ezzati said church officials had given prosecutors all the requested documentation and that they were co-operating with the justice system.

Papal envoys Archbishop Charles Scicluna and Msgr Jordi Bertomeu are on their second visit to Chile to take statements from victims. They have already compiled a report that says the Chilean Church covered up abuse cases and destroyed evidence.

Pope Francis became involved in the scandal surrounding Juan Barros when he defended the bishop during his visit to Chile in January. At the time he said that allegations against the bishop amounted to “slander”.

He later apologised to victims, saying: “I apologise to them if I hurt them without realising it, but it was a wound that I inflicted without meaning to.”

About 80 Roman Catholic priests have been reported to authorities in Chile for alleged sexual abuse over the past 18 years.

Under Pope Francis, a Vatican committee has been set up to fight sexual abuse and help victims.

FRANCE

Paris is to unveil its newly built perimeter defences around the Eiffel Tower to protect against terror threats.

Temporary barriers were placed around the tower in June 2016, and are now being replaced with more permanent measures.

Set to be completed in mid-July, the fences cost nearly €35 million ($40.1m; £30.1m).

More than 240 people have died in terror attacks in France since 2015.

Bernard Gaudillère, president of the Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) which runs the iconic monument, said the new walls were “rock-solid for absolute security”.

Glass walls measuring 6.5cm (2.5in) thick will form two sides of the square, with the other two blocked off by 3.24m (10.6ft) high metal barriers, exactly one-hundredth the height of the tower.

To prevent vehicle attacks, 420 blocks will be placed in front of the glass walls as an added protection.

The forecourt under the Eiffel tower has been closed to the public since June 2016, with anti-terror troops regularly patrolling the site.

Mr Gaudillère said the temporary walls would be replaced with something “infinitely nicer and more romantic”, as part of a €300m renovation of the tower ahead of the 2024 Olympic Games in Paris.

Up to seven million tourists are expected to visit the tower in 2018 alone.

Yet residents are not happy about the added security features.

A group called Les Amis du Champ de Mars posted a statement online in May last year complaining about the lack of consultation with residents, the “exorbitant cost” of the fences, and the difficulty of access for buses and people with disabilities.

They also allege the city used special measures afforded it by the state of emergency to push through the security changes without assessing their impact or the public interest.

The country introduced tough anti-terror laws in October 2017 after almost two years of the national state of emergency imposed by then-President Francois Hollande in the wake of the Paris attacks.

 

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