Por El Latino News Room
A una semana del sismo más potente registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI, el país enfrenta un panorama crítico caracterizado por el cierre progresivo de las labores de rescate, controversias diplomáticas y el inicio de una costosa etapa de reconstrucción.
La catástrofe, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, afectó a 15 departamentos del territorio nacional y desencadenó una respuesta de emergencia coordinada por el recién instalado gobierno nacional.
El balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres precisa que la cifra oficial de víctimas fatales se sitúa en 287 personas, tras los ajustes realizados en el conteo oficial unificado de los municipios. Las autoridades reportan además 4.147 personas heridas, más de 190 desaparecidos y más de 120.000 familias damnificadas. En cuanto a la infraestructura, el reporte contabiliza 127.608 viviendas averiadas, 26.392 viviendas destruidas y 197 edificios colapsados, con severos impactos en ciudades capitales y municipios vulnerables.
Tareas de salvamento y fricciones por la ayuda internacional
A pesar de que los equipos de rescate lograron sacar con vida a 355 personas de entre los escombros hasta el domingo por la noche, la superación de la ventana crítica de 72 horas ha reducido de forma drástica las posibilidades de hallar nuevos sobrevivientes. Operativos de búsqueda en ciudades densamente pobladas como Cali dejaron momentos de dramatismo tras el rescate de sobrevivientes en edificaciones destruidas, mientras la atención de los equipos de socorro comenzó a centrarse en la remoción de escombros e identificación de las áreas más afectadas.
En el plano político, la gestión de la emergencia generó debate público debido a la coordinación de la ayuda humanitaria extranjera. Países como El Salvador y representantes diplomáticos de China expresaron reparos sobre los mecanismos de recepción de asistencia técnica y donaciones. Ante las observaciones planteadas por sectores de la oposición, la Cancillería colombiana aseguró que la recepción de insumos e interlocución con otros gobiernos se mantiene sin ningún tipo de consideración ideológica ni política.
Retos estructurales e impacto en la economía nacional
Expertos en ingeniería y gestión de riesgos explicaron que la magnitud de los daños materiales responde en gran medida al alto índice de informalidad en la construcción, el cual roza el 60 por ciento en el país, sumado a la existencia de edificaciones antiguas erigidas antes de la implementación de la normativa sismorresistente de 1984. Regiones de alta vulnerabilidad social como Quibdó y el puerto de Buenaventura registraron severos colapsos en sus servicios básicos, evidenciando las deficiencias históricas de la infraestructura local.
El costo financiero de la reconstrucción se calcula en torno al uno por ciento del Producto Interno Bruto del país. Aunque el impacto macroeconómico se prevé moderado, la atención de la crisis compromete la infraestructura de más de 300 centros de salud, 3.200 centros educativos y más de 400 vías de transporte afectadas en todo el territorio nacional.
