Por Redacción
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El gobierno del presidente Donald Trump presentó una apelación ante la Corte Suprema con el objetivo de mantener en pie su orden ejecutiva que restringe la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La medida busca declarar que los hijos de padres que se encuentran en el país de forma ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses al nacer, en contravención de más de un siglo de jurisprudencia constitucional.
La petición del Departamento de Justicia, conocida el sábado y compartida con The Associated Press, inicia un proceso que podría conducir a un fallo definitivo del alto tribunal a principios del verano. De ser aceptado, el caso pondrá en juego el alcance de la 14ta Enmienda, pieza clave en la definición histórica de la ciudadanía en el país.
La medida ejecutiva fue firmada por Trump el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca, enmarcada en su agenda de línea dura sobre inmigración. Con ella, la Administración busca limitar un derecho consagrado desde 1868, tras la Guerra Civil, cuando el Congreso aprobó la enmienda para garantizar la ciudadanía a las personas negras, incluidos los antiguos esclavos. Desde entonces, tribunales y gobiernos han interpretado la disposición como un reconocimiento automático de ciudadanía para cualquier persona nacida en territorio estadounidense, salvo hijos de diplomáticos o fuerzas de ocupación extranjeras.
Hasta ahora, varios tribunales federales han bloqueado la entrada en vigor de la orden ejecutiva, argumentando que es inconstitucional o probablemente inconstitucional. El gobierno, sin embargo, ha insistido en que los tribunales inferiores excedieron sus facultades al impedir la aplicación de una política que consideran central para la seguridad nacional y la política migratoria.
Una batalla legal de alto perfil
La apelación presentada por el procurador general D. John Sauer califica las decisiones judiciales previas como un error que amenaza con socavar los esfuerzos de control fronterizo. “Esas decisiones confieren, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas no calificadas”, escribió Sauer en el documento remitido a la Corte Suprema.
El gobierno republicano sostiene que los hijos de personas sin ciudadanía —ya sea en condición irregular o bajo visas temporales— no deberían ser reconocidos como ciudadanos porque, según su argumento, no están sujetos plenamente a la jurisdicción de Estados Unidos. Esta interpretación, sin embargo, ha sido rechazada de manera consistente por jueces en cortes inferiores y por especialistas constitucionales que apuntan a la claridad del texto de la enmienda.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) encabeza la defensa de los demandantes, en representación de niños que serían afectados por las restricciones. Cody Wofsy, abogado de la organización, calificó la orden como “ilegal, punto final”. Añadió que “ninguna cantidad de maniobras por parte del gobierno va a cambiar eso. Continuaremos asegurándonos de que nunca se le quite la ciudadanía a ningún bebé por esta orden cruel y sin sentido”.
En paralelo, estados como California, Nueva York y Massachusetts han demandado de manera conjunta al Ejecutivo, señalando que la orden generaría un mosaico legal caótico en el que algunos nacimientos serían reconocidos con ciudadanía y otros no, dependiendo de fallos estatales. En julio, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que se necesitaba una medida cautelar a nivel nacional para evitar esos problemas. El mismo mes, un juez federal en Nueva Hampshire bloqueó la medida en el marco de una demanda colectiva que abarca a todos los niños nacidos bajo las condiciones estipuladas en la orden.
Trump, por su parte, ha defendido la medida como un paso necesario para impedir lo que él describe como abusos del sistema migratorio. Sus partidarios argumentan que la ciudadanía por nacimiento incentiva a familias extranjeras a viajar al país con fines de obtener beneficios legales y sociales, mientras que críticos de la orden consideran que la narrativa es exagerada y que los verdaderos efectos serían devastadores para miles de familias.
Lo que está en juego para la Constitución y la política migratoria
La Corte Suprema enfrenta la posibilidad de revisar no solo la validez de la orden ejecutiva, sino también el alcance del poder presidencial en materia migratoria y la interpretación de la 14ta Enmienda. El fallo tendrá implicaciones de largo alcance sobre los derechos de nacimiento, la unidad familiar y el rol del Congreso frente al Ejecutivo.
En junio pasado, el alto tribunal emitió un fallo que limitó el uso de medidas cautelares a nivel nacional por parte de jueces federales, pero dejó abierta la puerta a otro tipo de recursos que pueden tener efectos amplios, como las demandas colectivas. Esa ambigüedad ha permitido que distintos tribunales bloqueen la medida de Trump sin contradecir el fallo de junio, aunque la última palabra la tendrá ahora el máximo tribunal.
Especialistas en derecho constitucional recuerdan que la ciudadanía por nacimiento se convirtió en una piedra angular del sistema legal estadounidense tras la Guerra Civil, precisamente para evitar que legislaturas estatales negaran derechos básicos a poblaciones vulnerables. En ese sentido, modificar la interpretación de la enmienda podría sentar un precedente sin parangón en la historia moderna.
La dimensión política del caso también es evidente. Trump ha hecho de la inmigración un tema central en su discurso, y la apelación ante la Corte Suprema fortalece esa narrativa en momentos en que busca consolidar apoyo entre su base electoral. Una eventual validación de la orden sería un triunfo político y simbólico, mientras que un rechazo podría convertirse en una derrota judicial que limite las facultades presidenciales en la materia.
Defensores de derechos humanos han advertido que, de aplicarse, la medida crearía una generación de personas sin ciudadanía en Estados Unidos, en contradicción con obligaciones internacionales y con consecuencias sociales de gran magnitud. Niños nacidos en hospitales estadounidenses de padres inmigrantes quedarían expuestos a la apatridia, lo que complicaría su acceso a salud, educación y empleo a lo largo de su vida.
Por ahora, el proceso avanza de manera preliminar. La Corte Suprema deberá decidir en los próximos meses si acepta o no revisar el caso. De hacerlo, los argumentos podrían escucharse en invierno o primavera, con un fallo esperado hacia inicios del verano.
Mientras tanto, la ciudadanía por nacimiento se mantiene como ha sido interpretada durante más de 150 años: todo niño nacido en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres, es ciudadano de Estados Unidos.
El desenlace definirá si esa tradición histórica se mantiene intacta o si la nación cambia de rumbo en uno de los pilares más antiguos de su democracia.
