Acciones de Trump para consolidar poder y castigar enemigos evocan a regímenes autoritarios

Por Redacción
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Desde que regresó al poder en enero, Trump ha acelerado la transformación del gobierno federal en un instrumento de su voluntad personal. Sus acciones han generado comparaciones con líderes autoritarios de países como Venezuela, Hungría y Turquía, quienes utilizaron los mecanismos estatales para consolidar poder, castigar a enemigos políticos y sofocar la disidencia.

David Smilde, profesor en la Universidad de Tulane y testigo del ascenso de Chávez, advierte que la diferencia con Trump radica en la rapidez con la que está actuando.

Aunque Estados Unidos no es Venezuela ni Turquía, y aún conserva una oposición sólida, jueces que limitan sus iniciativas y un sistema federal que distribuye el poder, Trump se ha movido con mayor determinación para centralizar su autoridad. Algunas de sus amenazas más controversiales, como revocar licencias televisivas, siguen siendo solo anuncios, pero el patrón de confrontación se ha intensificado.

Durante su campaña electoral, Trump negó querer convertirse en dictador, aunque añadió con ironía que lo sería “el primer día” en la frontera. Más tarde, cuando se le acusó de autoritarismo, respondió: “No soy un dictador”. Sin embargo, desde su regreso al poder ha utilizado recursos federales para perseguir a quienes percibe como adversarios, mientras exige lealtad absoluta de sus funcionarios.

En una publicación reciente en su red social, Trump presionó a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, para que procesara a sus rivales. “¡DEBE HABER JUSTICIA, AHORA!”, escribió. Días después, el Departamento de Justicia presentó una acusación por delito grave contra el exdirector del FBI James Comey, a quien Trump culpa por la investigación de colusión rusa que marcó su primer mandato.

Ese mismo día, el presidente ordenó una ofensiva contra organizaciones que, según él, financian violencia política. Sin embargo, los ejemplos de acusados se limitaron a donantes demócratas y causas progresistas, mientras las víctimas mencionadas fueron todas republicanas.

Las tensiones también alcanzaron al ámbito cultural. Tras comentarios del comediante Jimmy Kimmel sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ABC lo suspendió cinco días. Aun así, Trump advirtió que la cadena enfrentaría represalias al regreso del programa: “Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. Veamos cómo nos va”, declaró.

Para la Casa Blanca, estas acciones son una respuesta proporcional a lo que describen como años de persecución contra Trump y sus seguidores. Abigail Jackson, portavoz presidencial, dijo que la misión es “restaurar la integridad del sistema de justicia y detener la violencia radical de izquierda”.

No obstante, críticos como Steven Levitsky, politólogo de Harvard y coautor de Cómo mueren las democracias, alertan que Estados Unidos no está preparado para un ataque interno contra sus instituciones. “En países como Brasil o Alemania, la sociedad reconoce mejor las señales de autoritarismo porque han sufrido su costo. Aquí no estamos preparados para eso”, subrayó.

Los paralelismos con otros líderes internacionales son cada vez más notorios. Analistas señalan que Trump sigue una ruta parecida a la de Recep Tayyip Erdogan en Turquía y Viktor Orbán en Hungría, aunque con una ejecución más acelerada.

Alper Coskun, exfuncionario del gobierno turco y ahora miembro de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, recordó cómo Erdogan consolidó lentamente el poder desde 2002, enfrentando resistencia del ejército y el sector empresarial. “Trump ha roto las normas democráticas de manera más descarada”, dijo.

Henri Barkey, experto turco en el Consejo de Relaciones Exteriores, destacó que Trump ya emula a Erdogan en la persecución de enemigos políticos, aunque aún no ha usado plenamente el Departamento de Justicia contra oponentes electorales. “Veremos si dará ese siguiente paso”, advirtió.

Hungría también ofrece una referencia inquietante. Según Kim Scheppele, socióloga en Princeton, Viktor Orbán trabajó su primer año en reformas legales y cambios constitucionales para cimentar su poder sin generar alarma inmediata.

En Venezuela, Chávez enfrentó resistencia incluso antes de consolidarse. Tras un golpe fallido en 2002, el gobierno quitó la licencia a canales críticos y utilizó al ejército como fuerza interna de represión. Para Smilde, lo que diferencia a Estados Unidos es la confianza ciudadana en sus instituciones, que contuvieron los intentos de Trump de revertir su derrota electoral en 2020.

Aun así, su regreso al poder muestra un desafío más directo. En su primer acto de gobierno, indultó a más de 1,500 condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. También ha amenazado a jueces, bufetes de abogados y universidades, y asegura que remodelará instituciones culturales que considera hostiles.

El sábado pasado, anunció que enviaría tropas a Portland, Oregon, “autorizando la Fuerza Completa” si fuese necesario, en lo que sería otro despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas.

Los expertos coinciden en que la erosión de normas democráticas tomó más tiempo en otros países. En cambio, Trump parece avanzar sin la misma cautela, lo que eleva el riesgo de un debilitamiento acelerado de las instituciones.

“En 2020 vimos que los tribunales y los estados contuvieron los excesos. Pero ahora estamos ante un ataque más directo”, advirtió Smilde. “Aquí nadie ha visto a un presidente actuar así”.