Por Redacción
redaccion@latinocc.com
Las tensiones por las redadas migratorias se intensifican en el sur de California luego de múltiples operativos liderados por el gobierno federal, que provocaron enfrentamientos con manifestantes, protestas y llamados a frenar las acciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Una jueza federal está por decidir si emitirá una orden que limite las operaciones, que según activistas y líderes locales generan “miedo generalizado” en las comunidades inmigrantes.
Este viernes se esperan nuevas manifestaciones en Los Ángeles, mientras sindicatos, organizaciones religiosas y defensores de derechos migratorios presionan para frenar los operativos. La alcaldesa Karen Bass firmó una orden ejecutiva destinada a proteger a la comunidad inmigrante, denunciando que las redadas son “ilegales” y que representan una amenaza innecesaria.
Uno de los incidentes más tensos ocurrió el jueves, cuando agentes federales realizaron una redada en una plantación legal de marihuana en el condado de Ventura. Manifestantes que se oponían a la operación se enfrentaron a agentes con equipo táctico, que lanzaron botes con gases que provocaron problemas respiratorios y al menos una persona con quemaduras en los ojos, según reportes.
Vehículos de la Patrulla Fronteriza (CBP) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bloquearon la carretera en Camarillo, mientras un helicóptero militar sobrevolaba la zona. Videos del enfrentamiento muestran a decenas de manifestantes frente a los agentes, quienes utilizaron gas para dispersarlos.
La CBP reportó que una persona pareció disparar un arma contra los agentes y el FBI ofrece $50,000 por información que conduzca a una condena. Según las autoridades, se trataba de una operación penal autorizada en una instalación de cannabis.
Luis McArthur, alcalde de Oxnard, expresó su preocupación por la agresividad de las operaciones.
“Las acciones tomadas por ICE muestran una insensibilidad total hacia nuestra comunidad”, afirmó. “Estamos explorando vías legales para hacer frente a estas actividades”.
Días antes, más de 90 agentes federales, incluidos miembros de la Guardia Nacional de California, se desplegaron en el Parque MacArthur, un área conocida por su alta población inmigrante. El operativo, realizado el lunes, causó alarma entre residentes y activistas, quienes enfrentaron a los oficiales, golpearon vehículos de ICE y exigieron su salida.
La alcaldesa Bass criticó el despliegue. “Es indignante y antiestadounidense que tengamos vehículos federales armados en nuestros parques cuando no ocurre ningún disturbio”, señaló. El operativo interrumpió las actividades de un campamento de verano infantil.
Tras la intervención, la alcaldesa firmó una orden ejecutiva para reforzar el apoyo a comunidades inmigrantes, denunciando que las redadas se ejecutan sin coordinación con las autoridades locales.
Trump mantiene presencia militar en California
El presidente Donald Trump mantiene a unos 4,000 miembros de la Guardia Nacional y cientos de marines activos en California, pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom. Los efectivos están desplegados para apoyar las redadas y responder a protestas en zonas urbanas de Los Ángeles.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California presentó una demanda federal contra el gobierno de Trump la semana pasada, acusando al DHS e ICE de realizar detenciones inconstitucionales para cumplir cuotas de arresto impuestas por la administración.
La demanda representa a cinco personas y grupos defensores de migrantes, y alega que el gobierno lleva a cabo redadas masivas sin contar con sospechas razonables, muchas veces dirigidas a personas por su raza o etnia.
La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, designada por el expresidente Joe Biden, escuchó los argumentos el jueves y se mostró escéptica frente a la justificación del gobierno, que alega que las operaciones se basan en inteligencia y análisis de tendencias, no en discriminación.
“Es difícil para el tribunal creer que no exista un solo informe que explique por qué alguien fue el objetivo de una detención”, expresó la jueza, quien podría emitir una orden de restricción temporal en las próximas horas.
La decisión de la corte podría marcar un giro en la forma en que el gobierno federal ejecuta su política migratoria en California, un estado que ha reiterado su oposición a la agenda migratoria de Trump y que se ha declarado “santuario” para inmigrantes.
