Por Latino Newsroom
Colombia se sumó formalmente a la nómina de países latinoamericanos que autorizan la presencia e intervención de fuerzas militares de Estados Unidos en su territorio para combatir las redes del crimen organizado y el narcotráfico.
El anuncio oficial marca un giro en la política exterior de la nación sudamericana tras la llegada de la administración del presidente Abelardo de la Espriella.
La confirmación de la iniciativa multilateral tuvo lugar durante una cumbre de defensa en Panamá, donde el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló que el gobierno colombiano solicitó de forma directa la asistencia y el despliegue del Pentágono.
“El presidente Abelardo de la Espriella ya solicitó al Departamento de Defensa que se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, declaró el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth.
La integración institucional de Bogotá se consolidó mediante la firma del ministro de Defensa colombiano, el general Jorge Mora, quien suscribió la adhesión formal de su país a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C). Este bloque regional, integrado por 19 naciones, deriva del programa del Escudo de las Américas diseñado por Washington para articular inteligencia, logística y despliegue táctico frente a las estructuras transnacionales del narcotráfico.
El escenario operacional en Ecuador y la respuesta del Istmo
Aunque la iniciativa abarca a múltiples gobiernos del continente, Ecuador se mantiene hasta el momento como el único país que ha llevado los acuerdos bilaterales a la ejecución de maniobras militares efectivas en el terreno. Bajo la administración del presidente Daniel Noboa, las fuerzas armadas ecuatorianas iniciaron incursiones combinadas con tropas estadounidenses contra agrupaciones catalogadas por la Casa Blanca como organizaciones terroristas.
En el marco de la cumbre en Panamá, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, sostuvo reuniones estratégicas de alto nivel con Hegseth para evaluar las fases tácticas siguientes. Las autoridades ecuatorianas señalaron que el contenido específico de las deliberaciones operativas se mantendrá bajo reserva estricta y carácter clasificado por motivos de seguridad nacional.
En Centroamérica, los compromisos de cooperación avanzan bajo esquemas diplomáticos de menor intensidad táctica. En Honduras, el gobierno del presidente Nasry Asfura sostiene conversaciones con el Pentágono orientadas a definir el alcance de eventuales despliegues en zonas de alta incidencia de tráfico de drogas. Las Fuerzas Armadas hondureñas confirmaron que las negociaciones continúan activas, si bien la decisión final sobre las reglas de empeñamiento militar dependerá del Ejecutivo.
Por su parte, el gobierno de Guatemala ha adoptado una posición más cautelosa en el plano normativo. A pesar de haber solicitado asistencia técnica y logística a Washington, las autoridades guatemaltecas descartaron categóricamente la presencia de contingentes extranjeros armados con capacidad ofensiva dentro de sus fronteras.
“No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional”, aclaró el Ejecutivo guatemalteco mediante un comunicado oficial.
Implicaciones para el mapa geopolítico de la región
La reconfiguración defensiva del hemisferio responde a la estrategia de la administración de Donald Trump para intensificar la presión operativa sobre los carteles continentales. El ingreso de Colombia a la coalición A3C restituye a Bogotá como un aliado clave de la estrategia de seguridad estadounidense en Sudamérica, redefiniendo el marco de cooperación interinstitucional establecido en las últimas décadas.
Analistas internacionales coinciden en que la efectividad de la coalición dependerá de la capacidad de los gobiernos locales para coordinar sus marcos constitucionales con las directrices operativas emitidas desde el Comando Sur de Estados Unidos. La diversidad de posturas legales entre los países miembros anticipa un despliegue fragmentado, donde la intervención directa de tropas se mantendrá supeditada a las decisiones políticas de cada administración.
