Por El Latino Newsroom
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) enfrenta una intensa ola de cuestionamientos públicos e investigaciones legislativas tras revelarse que omitió informar sobre la muerte de un ciudadano guatemalteco.
El fallecimiento ocurrió poco después de que la persona sufriera un colapso de salud bajo custodia federal en un centro de detención privado en Nueva Jersey y fuera posteriormente liberada al ser internada en un hospital.
El incidente involucra a José Chajon-Raxon, quien sufrió una severa convulsión el pasado 19 de julio, apenas 24 horas después de haber ingresado a las instalaciones del centro de detención Delaney Hall, ubicado en la ciudad de Newark. Las autoridades federales confirmaron la secuencia mediante un comunicado en el que indicaron que el hombre de origen guatemalteco fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario y, acto seguido, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) procesó su liberación formal el 22 de julio.
No obstante, la agencia federal omitió ofrecer detalles sobre el estado médico posterior de Chajon-Raxon, la fecha exacta de su deceso o si llegó a recibir el alta médica antes de morir. La entidad fundamentó su falta de reporte en las reglamentos operativos vigentes.
“De acuerdo con la política de ICE, cuando una persona deja de estar bajo su custodia, el organismo deja de ser responsable de vigilar o revisar las muertes que puedan ocurrir. Esto es de sentido común”, justificó el DHS a través del escrito institucional.
La postura oficial responde a un cambio de normativa implementado a principios de este año, mediante el cual las autoridades migratorias revocaron la directriz establecida en 2021 durante la administración de Joe Biden. Bajo el marco reglamentario anterior, la agencia estaba obligada a rastrear y divulgar públicamente los decesos de personas que ocurrieran dentro de los 30 días posteriores a su liberación de un recinto de detención.
Denuncias de opacidad y vacíos legales
El ocultamiento del caso salió a la luz pública gracias a las gestiones del representante federal Rob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, quien ha mantenido una supervisión constante sobre la situación interna del centro Delaney Hall. El legislador denunció que la modificación de las políticas de transparencia crea un mecanismo de impunidad que permite a las agencias desligarse de sus responsabilidades asistenciales.
Menéndez señaló que el esquema regulatorio actual genera un “vacío” normativo diseñado para que la agencia gubernamental pueda desligar su responsabilidad legal sobre personas bajo su custodia médica temporal.
“ICE —en consonancia con todo el espíritu del Gobierno de Trump— está empeñado en evitar el escrutinio público y eludir toda responsabilidad por sus fallas”, aseveró el congresista Menéndez.
El caso de Chajon-Raxon no representa un hecho aislado. La denuncia del congresista se produjo pocos días después de que se registrara el deceso de otro migrante, Edwin López Cornejo, quien falleció a principios de agosto tras enfermar severamente en las mismas instalaciones. Según Menéndez, ICE otorgó a dicha persona una “liberación discrecional” de emergencia mientras se encontraba inconsciente en una cama de hospital, poco antes de confirmarse su fallecimiento.
Pese a los cuestionamientos de legisladores y activistas de derechos humanos, la administración federal sostuvo en su comunicado que el ICE “mantiene su compromiso con la transparencia respecto de las muertes de personas detenidas”, argumentando que los protocolos vigentes delimitan de forma precisa la jurisdicción de la agencia.
Tensiones e irregularidades en instalaciones privadas
El centro de detención Delaney Hall es operado por Geo Group, una de las mayores empresas penitenciarias privadas de Estados Unidos que administra múltiples recintos para la custodia de migrantes a nivel nacional. Tras ser contactados para responder a los seńalamientos sobre las atenciones médicas brindadas en sus instalaciones, la corporación no emitió comentarios de forma inmediata.
La muerte de los detenidos ha intensificado las movilizaciones de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes en Newark. Durante los últimos meses, activistas del movimiento Cosecha y colectivos comunitarios han encabezado protestas frente a las puertas del complejo, llegando a bloquear el acceso y salida de vehículos oficiales en demanda del cierre de la instalación.
De forma paralela, personas recluidas en Delaney Hall han recurrido a huelgas de hambre como protesta por el deterioro de las condiciones de salubridad, la falta de atención médica oportuna y el hacinamiento dentro del recinto.
El cruce de acusaciones entre el Congreso y el Departamento de Seguridad Nacional pone de relieve las fricciones en torno a la privatización de los centros de detención y los límites éticos del procesamiento migratorio en Estados Unidos. La falta de rendición de cuentas tras la liberación de personas en estado crítico mantiene bajo escrutinio al sistema de custodia federal.
