Por Redacción
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Una corte federal de apelaciones bloqueó este viernes una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que suspendía el acceso al asilo en la frontera sur, al determinar que la medida violaba leyes federales de inmigración.
El fallo representa un revés significativo para una de las políticas clave del mandatario republicano para endurecer el control migratorio, al concluir que el Ejecutivo no tiene autoridad para eliminar el derecho de los migrantes a solicitar protección en territorio estadounidense.
El panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia determinó que la legislación vigente, en particular la Ley de Inmigración y Nacionalidad, garantiza a las personas el derecho a pedir asilo, incluso en la frontera.
“La facultad de suspender la entrada de extranjeros no incluye la autoridad para anular el proceso obligatorio establecido por el Congreso”, escribió la jueza J. Michelle Childs en la opinión del tribunal.
La decisión judicial se origina en una orden firmada por Trump el día de su investidura en 2025, cuando declaró que la situación en la frontera sur constituía una “invasión” y anunció la suspensión de la entrada de migrantes, así como de su capacidad para solicitar asilo.
El decreto buscaba permitir la expulsión rápida de personas sin seguir los procedimientos tradicionales establecidos por la ley, incluyendo evaluaciones de riesgo de persecución o tortura en sus países de origen.
Sin embargo, la corte concluyó que el presidente no puede crear mecanismos alternativos para deportar migrantes que contradigan el marco legal existente.
“El Congreso no pretendía conceder al Ejecutivo una autoridad de expulsión tan amplia”, señala el fallo, que enfatiza que la estructura y el propósito de la ley migratoria limitan las acciones presidenciales en este ámbito.
Derechos legales en la frontera
El sistema de asilo en Estados Unidos permite que las personas que llegan al país puedan solicitar protección si temen persecución en sus países de origen por motivos como raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinados grupos sociales.
El fallo reafirma que este derecho no puede ser suspendido de forma unilateral por el presidente, incluso en contextos de alta presión migratoria.
Organizaciones defensoras de inmigrantes han argumentado durante años que restringir el acceso al asilo viola compromisos internacionales y pone en riesgo a personas vulnerables.
Impacto político y legal
La decisión podría tener amplias implicaciones para la política migratoria de la administración Trump, que ha buscado reducir drásticamente el número de solicitantes de asilo en la frontera sur.
También se espera que el caso continúe en tribunales superiores, lo que podría llevarlo eventualmente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
El fallo se suma a una serie de desafíos legales contra políticas migratorias impulsadas por el gobierno federal, reflejando la tensión constante entre el poder ejecutivo y el sistema judicial en materia de inmigración.
Un debate que continúa
La administración Trump ha defendido sus medidas como necesarias para controlar lo que describe como una crisis en la frontera, mientras que críticos sostienen que estas políticas socavan el estado de derecho y los derechos humanos.
Expertos legales señalan que el caso pone de relieve una cuestión fundamental: hasta qué punto el presidente puede actuar de manera unilateral en temas de inmigración sin contradecir leyes aprobadas por el Congreso.
Por ahora, la decisión de la corte restablece temporalmente el acceso al sistema de asilo en la frontera, aunque el futuro de la política migratoria estadounidense sigue siendo incierto.
