Por Max Vásquez
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Durante casi tres décadas, un kit de agresión sexual recolectado en el condado de Ventura permaneció sin ser analizado.
La evidencia, vinculada a un caso de 1994 que fue desestimado por falta de pruebas, podría haber permanecido archivada indefinidamente de no ser por la iniciativa del condado para revisar evidencia largamente ignorada.
Precisamente, esta decisión ha llevado a la Fiscalía de Arizona a acusar formalmente a un sospechoso de cuatro agresiones sexuales a lo largo de 15 años.
Las autoridades anunciaron esta semana que Abraham Ramírez, de 53 años, ha sido acusado formalmente por un Gran Jurado del Condado de Maricopa de 11 cargos de agresión sexual y secuestro.
L@s investigadores afirman que el ADN del caso de Ventura lo vinculó con los ataques en Phoenix ocurridos entre 1998 y 2013.
UN CASO CONGELADO EN EL TIEMPO
La historia comienza en 1994, cuando los agentes del Alguacil del Condado de Ventura respondieron a la denuncia de una mujer que dijo haber escapado por poco de Ramírez tras ser agredida.
Las autoridades recolectaron un kit con pruebas de agresión sexual, pero los fiscales determinaron entonces que carecían de evidencias suficientes para avanzar, por lo que el caso fue desestimado y el kit nunca se analizó.
Eso cambió con la creación de la Iniciativa de Kits de Agresión Sexual del Condado de Ventura (VCSAKI) en 2022.
Diseñado para abordar el problema nacional de esta clase de kits de evidencias sin analizar, el programa exige que todas las pruebas recolectadas en casos de agresión sexual sean analizadas en busca de ADN y revisadas por investigadores.
Cuando el perfil de ADN de Ramírez finalmente se ingresó en el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS) del FBI, el resultado fue inmediato: una coincidencia con cuatro casos sin resolver en Phoenix.
“Este caso demuestra que, sin importar cuánto tiempo haya pasado, utilizaremos todas las herramientas disponibles para buscar justicia y apoyar a las sobrevivientes”, declaró Jim Fryhoff, Alguacil del Condado de Ventura.
UN RETRASO CON IMPLICACIONES NACIONALES
El caso Ramírez forma parte de un proceso más amplio en el sistema de justicia penal.
En todo Estados Unidos, cientos de miles de kits de agresión sexual no se han analizado históricamente, a menudo debido a la escasez de recursos, la negligencia sistémica o las dudas sobre si los resultados producirían pistas viables.
En los últimos años, la presión pública y las investigaciones periodísticas han arrojado luz sobre la magnitud del retraso.
En 2015, el Departamento de Justicia de EE. UU. lanzó una iniciativa nacional para ayudar a los estados a desmantelar los kits sin analizar, otorgando millones de dólares en subvenciones a las agencias locales del orden público y a los laboratorios forenses.
Es así como el Condado de Ventura se unió a esta iniciativa en 2022, comprometiéndose a analizar todos los kits recolectados dentro de su jurisdicción.
La acusación contra Ramírez marca uno de los resultados más significativos hasta la fecha, según las autoridades, demostrando que incluso pruebas con décadas de antigüedad pueden ayudar a identificar sospechosos y brindar justicia tan esperada a los sobrevivientes.
“Este resultado subraya el poder de las pruebas de ADN y el papel crucial de nuestro laboratorio forense para lograr una justicia largamente postergada”, declaró el Fiscal de Distrito del Condado de Ventura, Erik Nasarenko.
“Incluso décadas después, analizar estos kits puede revelar la verdad y devolverles la voz a los sobrevivientes”, añadió Nasarenko.
SOBREVIVIENTES EN EL CENTRO
Para sobrevivientes de agresión sexual, las consecuencias de los kits sin analizar han sido devastadoras.
L@s defensores argumentan que la falta de procesamiento de las pruebas a menudo ha dejado a las víctimas sin cerrar el capítulo, ha permitido que los reincidentes sigan cometiendo delitos y ha erosionado la confianza en el sistema judicial.
Al analizar kits antiguos, las autoridades no solo pueden identificar nuevos sospechosos, sino también exonerar a quienes fueron acusados injustamente.
“Se trata de algo más que resolver casos”, explicó un defensor de víctimas local.
“Se trata de reconocer a los sobrevivientes, decirles que sus voces importan y corregir décadas de fallos sistémicos.”
La iniciativa de Ventura va más allá del análisis de laboratorio.
El sitio web del programa, saki.venturacounty.gov, ofrece a los sobrevivientes recursos que van desde servicios de asesoramiento hasta información sobre el estado de sus kits.
Las autoridades esperan que esta transparencia ayude a reconstruir la confianza con las víctimas que han esperado años, a veces décadas, para obtener respuestas.
Para el condado de Ventura, la acusación formal de Ramírez podría ser solo el comienzo.
A medida que se analicen más kits y se carguen a CODIS, investigadores esperan que más casos sin resolver puedan cobrar nueva vida.
Algunos podrían estar relacionados con delitos transestatales, como ocurrió aquí; otros podrían proporcionar la prueba definitiva necesaria para presentar cargos a nivel local.
El caso también pone de relieve los grandes cambios que ha experimentado la ciencia forense.
En 1994, las pruebas de ADN eran costosas, requerían mucho tiempo y eran mucho menos sofisticadas que hoy.
Ahora, los avances tecnológicos permiten desarrollar perfiles a partir de muestras más pequeñas y compararlos con vastas bases de datos nacionales en cuestión de horas.
Mientras el sistema de justicia penal trabaja para cerrar el atraso, la acusación de Ramírez sirve como recordatorio tanto de los fracasos del pasado como de las oportunidades presentes.
Un expediente que antes se desestimó por ser insuficiente se ha convertido en la clave para procesar cuatro crímenes sin resolver a cientos de kilómetros de distancia.
Para los sobrevivientes y sus defensores, la lección es clara: ninguna prueba debe quedar sin examinar, sin importar el tiempo transcurrido.
