Por Agencias
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El gobierno de Estados Unidos revocó el lunes parte del alivio de las sanciones contra Venezuela que había concedido el año pasado a la nación sudamericana, con lo que cumple su amenaza después de que el máximo tribunal venezolano bloqueara la candidatura presidencial de una líder de la oposición.
El Departamento del Tesoro dio un plazo hasta el 13 de febrero para que las empresas que realizan transacciones con la minera estatal venezolana liquiden sus operaciones. La dependencia había permitido las transacciones con la empresa minera estatal Minerven en octubre, después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro llegara a un acuerdo con la facción de la oposición respaldada por Estados Unidos para trabajar en nivelar las condiciones antes de las elecciones presidenciales.
Sin embargo, el viernes, la posibilidad de unas elecciones presidenciales libres recibió un duro golpe cuando el máximo tribunal del país, controlado por el gobierno de Maduro, confirmó la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer por 15 años cargos públicos.
Machado, exlegisladora, ganó las primarias presidenciales de la oposición con más del 90% de los votos. Su victoria se produjo a pesar de que la Contraloría General, también en manos del oficialismo, la inhabilitó pocos días después de que se inscribiera formalmente en la contienda en junio.
Horas antes, Machado acusó a Maduro de violar los acuerdos de Barbados que fijaron la hoja de ruta electoral entre las delegaciones del gobierno venezolano y la oposición y afirmó que sigue en carrera presidencial aún cuando el Tribunal ratificó su inhabilitación, pese a que no existe una sentencia firme en su contra.
“Quiera o no quiera Maduro, tendrá que medirse conmigo”, dijo Machado en una rueda de prensa.
Por su parte, el mandatario venezolano reaccionó cuestionando a sus opositores: “O se cumplen sus caprichos o piden otra vez sanciones. Son gente extremista que odia a Venezuela”.
La inhabilitación política es una pena accesoria que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme por un hecho punible cometido por una persona y se determina que, además, incurrió en abuso de poder o del cargo, entre otros casos previstos en las leyes locales.
El Tribunal Supremo y otros organismos del Estado han tomado decisiones similares por años contra varios de los rivales del oficialismo más populares. También han sido declarados ilegales varios partidos opositores.
“Maduro no escogerá el candidato” de la oposición para los comicios presidenciales previstos para el segundo semestre de 2024, indicó Machado, quien ha seguido haciendo campaña tras la inhabilitación de la Contraloría y después del reciente fallo del Tribunal Supremo.
“Ya la gente escogió a su candidato”, aseveró la exlegisladora. “Ellos incumplieron su palabra, han inventado documentos y emitieron una decisión que no se puede llamar sentencia. Esto se llama delincuencia judicial”.
Machado ha expresado su confianza en que eventualmente sea revertida. Pudo participar en las elecciones primarias porque fueron organizadas por una comisión independiente, no por las autoridades electorales venezolanas.
Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora que participó en los diálogos de Barbados en octubre, exigió el fin de semana la reversión de la decisión y denunció la violación del acuerdo alcanzado con el gobierno para la realización de comicios competitivos.
Machado además agradeció el apoyo de la comunidad internacional, encabezado por Estadios Unidos y la Unión Europea. Agregó que si “existe negociación es porque todos saben que en Venezuela no hay Estado de Derecho. La respuesta no está en los tribunales, está en una negociación y esa negociación se logra con equilibrio de fuerzas”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló el sábado que la descalificación de Machado “es incongruente” con el compromiso del gobierno de Maduro de celebrar elecciones presidenciales libres y justas. Washington resaltó entonces que estaba “revisando” la política de sanciones a Venezuela como consecuencia del fallo del tribunal y de las recientes acciones contra críticos del gobierno, entre ellos miembros del equipo de campaña de Machado, activistas de derechos humanas y periodistas.
Pese a que estaba en riesgo la flexibilización limitada y temporal de las sanciones aplicada por Washington para alentar la negociación, el jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, negó la posibilidad de reversión del fallo.
“Vamos a hacer un nuevo intento para sostener el Acuerdo de Barbados pese a los intentos de quienes se quieren salir del cauce constitucional”, dijo Rodríguez el lunes en alusión a las supuestas conspiraciones contra el gobierno frustradas entre mayo del año pasado y los primeros días de 2024. Insistió que el gobierno de Maduro ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco del Acuerdo de Barbados.
