Por Agencias
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El debate sobre una nueva sede del FBI se intensificó el jueves luego de que el director de la agencia expresó su preocupación sobre un “posible conflicto de intereses” en la selección del lugar, mientras que la Casa Blanca defendió el proceso al asegurar que ha sido “justo y transparente”.
Pero un senador dijo que existe una clara necesidad de que se abra una investigación federal.
El director del FBI Christopher Wray expresó sus contundentes e inusuales críticas en un correo electrónico interno enviado a los empleados de la agencia y al que The Associated Press tuvo acceso. Fue el giro más reciente en una vigorosa competencia entre jurisdicciones de la región de la capital del país para conseguir la sede de la principal agencia policial de Estados Unidos.
La Administración General de Servicios (GSA por sus siglas en inglés) eligió a Greenbelt, Maryland, un suburbio de Washington D.C., como sede de un nuevo complejo para reemplazar al deteriorado Edificio J. Edgar Hoover, que se encuentra a unas cuadras de distancia de la Casa Blanca. Wray dijo que sus objeciones eran sobre el proceso, y no sobre Greenbelt como tal.
La GSA, que gestiona el catálogo de bienes raíces del gobierno, dijo que el lugar ubicado a unos 20 kilómetros (13 millas) al noreste de Washington, era el más económico y con el mejor acceso al transporte público. Pero Wray afirmó en su nota que la elección se produjo luego de que un ejecutivo de la GSA desestimó la decisión de una junta y eligió un terreno que es propiedad de un exempleado.
El senador demócrata Mark Warner, quien también compitió por el proyecto, pidió una investigación. “Tenía la impresión de que se trataba de un asunto sumamente político con esfuerzos para cambiar los criterios, pero me quedé anonadado cuando nos enteramos que tres funcionarios de carrera eligieron unánimemente a Virginia y un político designado anuló esa decisión. Claramente, se necesita una investigación del inspector general”, señaló.
En un comunicado conjunto, los funcionarios electos de Virginia pidieron que se revierta la decisión, señalando que el lugar de su estado sigue siendo la mejor opción “bajo cualquier evaluación justa de los criterios”.
Sin embargo, la administradora de la GSA, Robin Carnahan, respaldó el trabajo de la agencia y dijo que los funcionarios actuaron en conformidad con todas las leyes y consideraciones éticas. “Cualquier insinuación de que hubo una injerencia inapropiada carece de fundamentos”, señaló.
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Olivia Dalton, también defendió el proceso. No comentó si el presidente Joe Biden tuvo alguna participación directa en la decisión final.
“Les puedo decir que fue un proceso justo y transparente”, aseveró Dalton a los reporteros a bordo del avión presidencial mientras Biden viajaba a Illinois el jueves. “Los 61 acres (24 hectáreas) de Greenbelt son los que menos le costarán a los contribuyentes, y los que mejor opciones de transporte tienen para los empleados del FBI, y recibimos las mayores garantías sobre los medios expeditivos con los que podría ponerse en marcha un proyecto”.
