Casi 18 meses han pasado desde que el Presidente Barack Obama anunciara una orden ejecutiva que ampliaría el DACA y la creación del DAPA, sin embargo, será hasta este 18 de abril cuando la Corte Suprema tendrán en su mano el destino de millones inmigrantes.
Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, John G. Roberts,Anthony M. Kennedy,Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer, Samuel A. Alito, Jr. y Elena Kagan, son los ocho jueces que decidirán el destino de ambas enmiendas que se esperen beneficien al menos a cinco millones de inmigrantes, en su mayoría latinos.
La odisea del programa de Acción Diferida para los padres de los estadounidenses y residentes legales permanentes (DAPA) y la ampliación del DACA inició luego que una Corte Federal de Texas en febrero del 2015 vetara a última hora la implementación de ambos programas, y continúo en noviembre, cuando una Corte de Apelación en Louisiana rectificará la decisión.
Casi 18 meses han pasado desde que el Presidente Obama tomará una Acción Ejecutiva para la creación del DAPA y la ampliación del DACA./ARCHIVO
Para la abogada de inmigración de Santa Bárbara, Airene Williamson, en esta ocasión la suerte estará de lado de la comunidad inmigrante.
Por su parte, César Nava, abogado de inmigración con su bufete en Oxnard, expresó que muy posiblemente el juez Kennedy, quien es uno de los conservadores, apoyará a los liberales: Sotomayor, Kagan, Ginsburg y Breyer.
“Kennedy es conservador pero moderado, de hecho su voto fue el que rompió con el empate que se dio a la hora de aprobar el Obama Care, y esta vez creó que tomará la misma posición de votar lo que es mejor para el país”, indicó Nava.
Si lo que Nava menciona se da la votación entonces quedaría 5-3, lo que significaría la aprobación final del DACA y DAPA.
Si en caso la votación de los jueces de la Corte Suprema queda 4-4, el DAPA y la ampliación del DACA no serían aprobados ya que por ley se mantendría la decisión de la Corte de Apelaciones de Lousiana.
“Este es el riesgo más grande que hay, que se de un empate de votos, sim embargo como dije antes, creo que Kennedy votará a favor”, indicó Nava.
En una situación que los programas no sean aprobados, los expertos indican que tomaría más o menos otros dos años para que algo se aprobará.
“Congresistas o el Presidente pueden someter una medida similar en cualquier momento, sin embargo teniendo esto como preámbulo para que entré en vigor estaría tomando al menos unos dos años”, asume Williamson.
Los jueces tendrán hasta principio de junio como máximo para dar su veredicto final, y de ser éste favorable se estima que la aprobación oficial se de ahí de entre 30 a 45 días de esa fecha el USCIS estaría aceptando las aplicaciones para la extensión del DACA y el DAPA.
“Lo que les recomiendo a todas las personas de la Costa Central es que tengan todos los documentos listos lo más pronto posible, ya que cómo funciona el sistema es que quienes aplican primero son los que obtienen primero sus permisos de trabajo”, expone la abogada Williamson.
¿ES UNA VENGANZA?
El bloqueo a la acción ejecutiva llegó por parte del partido republicano, quienes piensan que el Presidente hizo abuso de poder alegando así que la moción era inconstitucional.
De acuerdo a Nava, con más de 18 años de experiencia en ley laboral y migratoria, esto se dio como una “vendetta”, hacía Obama.
“Ellos sienten que Obama les quitó la oportunidad de quedar bien y ganarse el voto de los latinos, ya que luego que ellos ganaran control del Congreso, dicen algunos, ellos tenían intención de promover un programa similar”, indicó el abogado.
Para Abbe Kingston, abogado de inmigración de SB y con más de 30 años de experiencia, no entiende porque los republicanos se oponen
“Es increíble de entender la postura de los republicanos, porque no hay respuesta lógica, lo único claro es que están en contra de toda la comunidad inmigrante, así de claro y sencillo”, acota Kingston.
Un riesgo que para los abogados entrevistados los republicanos pagarán muy caro para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.
“Un total de 49 Senadores y gobernadores republicanos sometieron un bloqueo el 4 de abril pasado para apoyar a Texas contra la administración Obama, esto muy probablemente les valdrá perder el voto latino en las elecciones de noviembre”, indicó la abogada Williamson.
Nava asegura que los republicanos han usado la misma táctica de mentiras que utiliza uno de sus pre-candidatos presidenciales, Donald Trump, en torno al impacto de los inmigrantes en Estados Unidos.
Y es que el primer bloqueo llegó cuando el estado de Texas presentó su querella, a la que luego se añadieron 26 estados más, porque según ellos los gobiernos estatales iban a tener pérdidas millonarias por la expedición de licencias de conducir a todos los beneficiados de ambos programas.
“Esto es una completa mentira, de hecho hay habido muchos estudios que muestran totalmente lo contrario, que cuando se legaliza a los inmigrantes los gobiernos reciben millones en ganancias”, indicó Kingston.
Nava asegura que acá es donde tiene el argumento más fuerte los abogados del Presidente, ya que al final son los propios gobiernos locales quienes establecen cuales son los servicios públicos que los beneficiados tendrán.
«Hay un ejemplo más que claro, el de California y Arizona. En California los dreamers pueden tener descuentos para sus matriculas universitarias mientras que en Arizona no porque el gobierno de ahí no lo autoriza».
Por su parte, Williamson, dice que estudios han mostrado que el DAPA y el DACA tendrían un impacto económico positivo en la economía estadounidense.
“Por ejemplo en Texas, casi el 51 por ciento de la población de los 1.5 millones de indocumentados que ahí residen se pueden amparar en el DAPA, si ellos reciben permisos de trabajo e producto interno bruto de Texas aumentaría en relación de ingresos para todos sus residentes, así como aumentaría el número de empleos en la próxima década”, explica Williamson cuyo buffet está en el15 W Carrillo St, Santa Bárbara.
De acuerdo con un informe publicado por el Centro de Política Migratoria, con sede en Washington D.C., basado en una encuesta a los beneficiarios del DACA ellos dijeron que experimentan “un aumento pronunciado en las oportunidades económicas y laborales”.
En el 2015, el Instituto para la Investigación sobre Trabajo y Empleo de la UCLA publicó una encuesta que refleja resultados similares: el 65% de los encuestados informó que su situación económica en el hogar mejoró y el 41% consiguió un trabajo que proporcionaba beneficios de salud y otros.
Según el Instituto de Política Migratoria y el mismo USCIS un total de 5 millones de personas se beneficiarían con el DAPA, y otros 1.5 millones lo harán con el DACA Extendido.
El estudio de la UCLA también mostró que colectivamente, los jóvenes y sus familias han pagado más de $300 millones en concepto de gastos para el DACA al gobierno federal.
¿QUÉ SON Y QUIÉN APLICA?
De acuerdo a Diane Martínez, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro con sede en SB, Immigration Hope, el DAPA estipula que todo aquel padre o madre de un hijo o hija que es ciudadano estadounidense o residente legal permanente puede obtener un permiso de trabajo y evitar ser deportado.
Los requisitos son:
•Haber residido continuamente en los Estados Unidos desde el 1 de enero del 2010;
•Estar presente físicamente en los Estados Unidos el 20 de noviembre de 2014 y al momento de hacer la solicitud con el USCIS;
•No tenía estatus legal en la fecha del 20 de noviembre del 2014;
•No es una prioridad de aplicación de ley bajo las Políticas para la aprehensión, detención y expulsión de inmigrantes indocumentados del Memorándum del 20 de noviembre 2014.
La Orden Ejecutiva también hizo algunos cambios en el programa DACA.
Ahora, los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, que han estado presentes continuamente desde al menos el 1 de enero de 2010 que han asistido o están asistiendo a la escuela en Estados Unidos o se enlistó en el Ejército y que puede pasar una verificación de antecedentes, pueden ahora solicitarel DACA también, sin ningún tipo de limitación de edad.Antes se tenía un límite de 30 años.
A diferencia de los TPS que gozan muchos centroamericanos, el DAPA y DACA se estarán renovando cada tres y no cada dos años.
«Algo que es realmente importante es que el DACA original todavía está abierto y las personas que necesitan una renovación o que apliquen por primera vez todavía puede lograrlo», sostuvo Martínez.
ESPERANZA PARA CASI TODOS
Para la abogada litigante en ley criminal, Beatriz Flores Pimentel y los otros tres expertos consultados, coinciden en que gracias a que a partir del 1 de enero del 2015, cuando entraron en vigor las Propuestas 47 y SB1310, cientos de miles de indocumentados con récord criminal en California pueden obtener una nueva oportunidad y aplicar a uno de los programas.
“Con la Proposicion 47 se puede reclasificar ciertos delitos grave como delito menor.Esto creaoportunidad para que la DACA o DAPA sea brindada. Las ofensas que se pueden reclasificar son posesión de drogas y delitos «contra la propiedad» como robo, hurto, recibo de propiedad robada, pasar malos cheques y falsificación, siempre y cuando la cantidad en custion es de $950.00 o menos».
La abogada F. Pimentel indica que el proceso de reclasificación no es automático, ya que necesita primero determinar con la ayuda de su abogada(o),si puede o no reducir su delito particular, debido a requisitos específicos que los expertos deben considerar.
La experta con oficinas en 621 W Micheltorena St de SB. Suite A, asegura que para saber si califica o no para una «reclasificación de delitos», tendrá que saber los datos referente a su caso, como: el condado, la corte, el año del la convicción, etc.
“Si tiene documentos de la corte con esta información, por favor llévelos a la primera cita con su abogada(o). Una vez que se determine que si se puede reducir el delito, se tendrá que presentar una petición al tribunal.Es importante recordar que la petición tiene que ser archivada antes del 5 de noviembre del 2017″, explica F. Pimentel.
La abogada aseguran que dicho proceso puede tomar de entre dos a tres meses, dependiendo de los recursos y el personal de cada tribunal.
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