Por El Latino Newsroom
A 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, las transformaciones institucionales desencadenadas en Estados Unidos continúan remodelando el tejido social y político del país.
Entre las reformas más trascendentales adoptadas tras los ataques destaca la reestructuración del aparato de seguridad nacional, que dio origen en marzo de 2003 al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y redefinió las políticas de control migratorio, vinculándolas de manera permanente con la lucha contra el terrorismo.
La investigación del Congreso sobre los fallos del sistema reveló que los secuestradores obtuvieron visados consulares y superaron sin contratiempos los controles migratorios en los aeropuertos. «El fallo que pusieron de manifiesto los atentados del 11 de septiembre fue que no se impidió a aquellos secuestradores entrar en el país y, posteriormente, embarcar en los aviones», señaló Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) entre 1993 y 2000. Este enfoque supuso un cambio de paradigma en el que la gestión de fronteras pasó a priorizarse como un asunto estricto de defensa nacional.
Fragmentación del INS y auge presupuestario del ICE
La disolución del antiguo INS derivó en la creación de tres entidades independientes bajo la tutela del DHS: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con expertos, esta división fragmentó la coherencia de la política pública. «Actualmente existe mucha menos coordinación y coherencia en las políticas de inmigración —ahora que estas áreas se han separado— en comparación con la época en que dependían de un único comisionado», apuntó Meissner, destacando la dificultad burocrática para equilibrar la inmigración legal con el cumplimiento de la ley.
Esta separación institucional facilitó incrementos presupuestarios sin precedentes para las agencias enfocadas en la aplicación de la ley. Hiroshi Motomura, profesor de Derecho en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), explicó que «el cambio estructural permitió un aumento masivo de la financiación dedicada para el ICE y se creó un aparato de cumplimiento de la ley independiente que no existía antes». Con la aprobación de asignaciones extraordinarias como la ley presupuestaria y la Ley de Reconciliación, el ICE ha expandido su capacidad operativa mediante la contratación de personal, la apertura de centros de detención y el despliegue de tecnología de inteligencia para la ejecución de deportaciones masivas.
Desequilibrio operativo y el nuevo panorama de la seguridad interior
La priorización de los fondos hacia el ICE y CBP generó un marcado desequilibrio respecto a USCIS, la rama encargada de la prestación de servicios y el procesamiento de trámites legales, donde se acumulan miles de solicitudes de residencia permanente y regularización. A la par del incremento en la fiscalización, analistas y defensores de derechos humanos señalan que la expansión de facultades y la discrecionalidad otorgada a las agencias del DHS han levantado cuestionamientos sobre los mecanismos de rendición de cuentas en las operaciones policiales migratorias.
A un cuarto de siglo de la reestructuración de la seguridad nacional, especialistas sostienen que la naturaleza de las amenazas ha evolucionado. De acuerdo con Meissner, aunque las medidas biométricas y la colaboración internacional han fortalecido la protección contra el terrorismo exterior, «hoy en día, las amenazas a la seguridad en Estados Unidos provienen del interior del país, no del exterior; surgen de tensiones internas, de la violencia armada y de la polarización de la opinión pública», lo que plantea nuevos desafíos para las instituciones de seguridad.
