Por Redacción
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El 2026 ha comenzado con el mismo guion migratorio que arrastramos desde hace años: una política federal centrada en la persecución y el miedo, no en soluciones reales.
A pesar de las promesas de la administración Trump de enfocar sus esfuerzos en los “peores de los peores”, lo que vemos en las comunidades es otra cosa: redadas indiscriminadas, detenciones sin debido proceso y una vigilancia cada vez más invasiva.
Ciudadan@s y no ciudadan@s están siendo atrapados en una red que criminaliza la pertenencia y el origen, no las acciones.
Sin embargo, hay un contrapeso poderoso: los estados.
Aunque la política migratoria es competencia federal, las legislaturas estatales pueden y deben ejercer su autoridad para proteger a los inmigrantes, garantizar el debido proceso y preservar la dignidad de todas las personas, sin importar su estatus.
Ya hay estados que están tomando cartas en el asunto en tres frentes clave: la privacidad de datos, los servicios legales para inmigrantes y la limitación de la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Protección de datos: blindar la información de nuestr@s residentes
Uno de los métodos más silenciosos pero peligrosos que utiliza el ICE es el acceso a bases de datos estatales para rastrear y detener a inmigrantes.
Desde registros de licencias de conducir hasta sistemas de videovigilancia y lectores de placas, la tecnología se ha convertido en un arma más en esta cruzada.
Frente a eso, estados como Colorado, Washington y Nuevo México han aprobado leyes que limitan o prohíben el uso de información estatal para propósitos migratorios, a menos que haya una orden judicial o se cumplan criterios específicos.
Estas medidas no solo protegen a los inmigrantes, sino que también fortalecen la confianza entre gobiernos y comunidades.
En el 2026, será crucial cerrar los vacíos legales que aún permiten que el ICE acceda a datos, hasta ahora confidenciales, sin control ni transparencia.
El sistema migratorio es notoriamente complejo, y sin embargo, quienes enfrentan la deportación no tienen garantizado el derecho a un abogado porque se trata de procesos civiles, no criminales.
Esta injusticia estructural ha llevado a miles de personas a enfrentar solos sus casos, muchas veces sin entender sus derechos ni las consecuencias legales.
Frente a esta crisis de representación, estados como Colorado, Massachusetts y Washington han invertido fondos públicos para ofrecer servicios legales gratuitos a inmigrantes, con énfasis en los detenidos.
Tener un abogado puede marcar la diferencia entre quedarse con la familia o ser deportad@.
En este 2026, cuando se anticipa un aumento de arrestos y detenciones, expandir estos programas no es opcional, es urgente.
Recursos para la comunidad, no para la deportación
La agenda federal de deportación masiva ha llevado a que se usen recursos estatales y locales para labores que no les corresponden. Policías locales que actúan como agentes de inmigración, cárceles estatales que alojan detenidos del ICE y autoridades que comparten información sin garantías mínimas.
Esto no solo es ilegal en muchos casos, también es ineficiente y daña la relación entre las comunidades y las fuerzas del orden.
Por eso, estados como Illinois, Delaware y Maryland han legislado para limitar o eliminar esa colaboración.
Desde prohibir los acuerdos 287(g), que convierten a policías locales en agentes migratorios, hasta exigir órdenes judiciales para permitir el ingreso del ICE a instalaciones estatales, estas medidas trazan una línea clara entre lo que corresponde al estado y lo que es responsabilidad federal.
La aprobación del “One Big Beautiful Bill”, una medida que otorga fondos récord a ICE, augura con seguridad más redadas, más detenciones y más sufrimiento, como se ha dado en las últimas dos semanas en las ciudades de San Luis Obispo, Santa María y Goleta.
Pero los estados tienen en sus manos la posibilidad de frenar, al menos parcialmente, esta maquinaria.
Lo pueden hacer protegiendo los datos de sus residentes, garantizando representación legal a quienes enfrentan procesos de deportación y dejando claro que sus recursos no están al servicio del miedo.
No hay indicios de que esta ofensiva migratoria disminuya, por eso, las sesiones legislativas de 2026 son una oportunidad histórica.
Los estados pueden elegir ser cómplices del abuso o defensores del debido proceso y esa elección, aunque política, es también profundamente moral.
En California, donde millones de inmigrantes son parte esencial de la fuerza laboral, de nuestras comunidades y de nuestras familias, tenemos que exigir que nuestras leyes reflejen esa realidad.
