Por Luis A. Cervantes
redaccion@latinocc.com
La agencia otorgó un contrato de 16.7 millones de dólares para adquirir dispositivos que pueden provocar dolor mediante una descarga al entrar en contacto con la piel. ICE sostiene que permitirán controlar a detenidos y manifestantes que se resistan; legisladores demócratas y organizaciones de derechos civiles cuestionan su uso y supervisión.
Por Redacción
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adjudicó un contrato de $16.7 millones de dólares para adquirir 6,000 pares de guantes capaces de administrar descargas eléctricas, una nueva herramienta que la agencia contempla utilizar durante arrestos, traslados de detenidos y disturbios en instalaciones migratorias.
La compra se concretó mediante un contrato sin licitación con Compliant Technologies LLC, una empresa de Kentucky que fabrica los dispositivos.
El acuerdo incluye los guantes, equipo de apoyo y servicios durante los próximos seis meses, según documentos federales revisados por The Associated Press.
A simple vista funcionan como guantes normales de patrullaje.
La diferencia aparece cuando el agente activa su modalidad eléctrica mediante un botón, y para producir la descarga deben entrar en contacto directo con la piel de una persona y generan dolor con el propósito de conseguir que alguien que se resiste obedezca las órdenes del agente.
Algunas cárceles locales y departamentos de policía ya los han utilizado en años recientes.
Su llegada al ICE, sin embargo, ocurre mientras la agencia enfrenta un intenso escrutinio por el uso de la fuerza durante las operaciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.
PARA ARRESTOS Y TRASLADOS
El ICE describió los guantes como “dispositivos conductivos de distracción y desescalamiento” y señaló que podrían utilizarse en ambientes de alta tensión, entre ellos arrestos, el traslado de detenidos que se comporten de manera combativa y disturbios civiles en el exterior de centros de detención.
Según la documentación oficial, el dispositivo podría activarse cuando una persona se resista de manera activa o pasiva y el agente considere necesario obtener rápidamente el control para evitar lesiones.
La agencia argumenta además que los guantes podrían ayudar a controlar a detenidos, impedir agresiones o intentos de fuga, y facilitar la colocación de esposas cuando una persona mantenga ocultas las manos.
La justificación oficial sostiene que contar con esa alternativa podría evitar recurrir a niveles de fuerza más severos, incluidas las armas de fuego.
El ICE afirmó que los dispositivos serán utilizados bajo políticas, entrenamiento y estándares de responsabilidad aprobados, aunque los documentos no explicaron con detalle cuáles serán esos protocolos.
PREOCUPACIÓN EN EL SENADO
La decisión avanzó pese a las objeciones de organizaciones de derechos civiles y legisladores demócratas.
La Senadora Catherine Cortez Masto, de Nevada, encabezó a un grupo de 16 integrantes del caucus demócrata que pidió al ICE cancelar la compra.
En una carta dirigida al director interino de la agencia, los legisladores cuestionaron tanto la necesidad de incorporar los guantes como la capacidad de garantizar que sean utilizados adecuadamente.
Los senadores citaron incidentes relacionados con el uso de la fuerza en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Houston, Maine y otros lugares como razones para exigir mayores controles antes de entregar una herramienta de este tipo a los agentes.
Para los legisladores, el problema no se limita a la existencia de la descarga eléctrica. También reclaman conocer qué circunstancias autorizarán su utilización, qué capacitación recibirán los agentes y cómo se documentará y revisará internamente cada incidente.
En su carta, advirtieron que el dispositivo presenta riesgos considerables durante arrestos civiles, particularmente si se utiliza sin “límites claros, capacitación adecuada y supervisión integral”.
DHS DEFIENDE LA COMPRA
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende el ICE, respondió a las críticas defendiendo los dispositivos como equipo destinado a proteger a los agentes.
“Los políticos de ciudades santuario que intentan prohibir cualquier equipo de seguridad a nuestros agentes federales del orden público actúan de manera despreciable y buscan deliberadamente socavar y poner en peligro a nuestros oficiales”, señaló el DHS.
La controversia coloca ahora el foco sobre una cuestión que los documentos de contratación no terminan de responder: cómo se determinará cuándo una resistencia justifica una descarga eléctrica y qué mecanismos existirán para revisar posteriormente la decisión del agente.
La compra ya no es solamente una propuesta. El aviso federal confirma que ICE adjudicó el contrato y planea incorporar miles de estos dispositivos a sus operaciones. El debate se traslada ahora a las condiciones bajo las cuales podrán ser utilizados y al nivel de supervisión que acompañará su despliegue.
