Por El Latino Newsroom
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) proyecta realizar una inversión de entre US$ 10 millones y US$ 20 millones para equipar a sus agentes operativos con guantes diseñados para emitir descargas eléctricas.
La medida, revelada a través de un aviso de previsión de contrataciones publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca dotar al personal de campo de herramientas avanzadas para la contención y desescalada de conflictos durante los arrestos migratorios.
La licitación se centra en la adquisición del modelo CTG 5 G.L.O.V.E. (Generador de Emisión de Bajo Voltaje de Salida), fabricado por la firma Compliant Technologies LLC. De concretarse el proceso de contratación, las entregas de los dispositivos estarían programadas para completarse antes del 31 de marzo de 2027. Los equipos serán destinados a los efectivos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO).
Esta iniciativa coincide con la intensificación de las metas operativas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que ha fijado un objetivo de aproximadamente 2.000 arrestos diarios en todo el territorio estadounidense, lo que ha elevado el escrutinio sobre los métodos y tácticas empleados por las fuerzas federales.
Especificaciones técnicas y protocolos del dispositivo
El sistema G.L.O.V.E. está catalogado por la empresa fabricante como una herramienta portátil de desescalada que requiere contacto directo con la piel del sujeto para operar, siendo ineficaz a través de la indumentaria o el cabello.
El dispositivo puede suministrar una descarga máxima de hasta 380 voltios destinada a inhibir movimientos musculares coordinados mediante la estimulación del sistema nervioso periférico. En cuanto a los tiempos de uso, los manuales técnicos del fabricante recomiendan aplicaciones de un máximo de 15 segundos y limitan el uso simultáneo a un par de guantes por individuo. Asimismo, la normativa de la empresa prohíbe el uso de la herramienta como método de castigo, así como su aplicación en personas pertenecientes a grupos vulnerables —mujeres embarazadas, menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidades severas— o en respuesta a agresiones puramente verbales.
Analistas en materia penitenciaria sostienen que esta tecnología permite un control más acelerado durante los forcejeos físicos, ofreciendo ventajas operativas para los agentes frente a sujetos que muestran resistencia activa.
Críticas de organizaciones defensoras de derechos civiles
El anuncio de la posible adquisición de este equipamiento ha generado un inmediato rechazo entre organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y libertades civiles.
Representantes del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) calificaron la medida como un uso innecesario e indiscriminado de la fuerza dentro del sistema de aplicación de las leyes migratorias civiles. Asimismo, voceros de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) expresaron su preocupación por el riesgo de que la utilización de estos dispositivos invisibles incremente el margen para potenciales abusos o la aplicación indeseada de dolor durante los operativos de detención.
A la fecha de publicación, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni la empresa manufacturera Compliant Technologies han emitido declaraciones oficiales adicionales respecto a los plazos específicos de implementación o la cantidad exacta de unidades que se prevé adquirir.
