Por El Latino Newsroom
La comunidad salvadoreña que reside en Estados Unidos amparada bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrenta semanas decisivas ante la inminente conclusión del periodo actual de protección.
Con la fecha límite del 9 de septiembre en el horizonte, miles de beneficiarios y sus familias se encuentran a la expectativa de un anuncio oficial por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de un contexto de cambios drásticos en la política migratoria estadounidense.
Escenarios probables ante la decisión del Departamento de Seguridad Nacional
Líderes comunitarios y expertos en materia migratoria anticipan tres posibles cursos de acción para el TPS de El Salvador, siendo la cancelación del programa el escenario contemplado con mayor probabilidad debido a las decisiones adoptadas previamente hacia otras naciones beneficiarias.
»Desde ya debemos de estar tomando acciones proactivas para poder ir teniendo claridad de qué es lo que vamos a hacer (…) Pensar en lo peor y luchar para que eso no suceda, pero que no nos agarren distraídos», advirtió José Palma, coordinador nacional de la Alianza Nacional del TPS, al referirse a la necesidad de contar con planes de contingencia familiares y legales.
Un segundo escenario contempla una posible extensión de las protecciones por un periodo adicional, impulsada potencialmente por los canales de cooperación vigentes entre los gobiernos de ambas naciones. Finalmente, una tercera vía técnica implicaría la falta de un anuncio oficial antes de la fecha límite, lo que activaría por norma legal una prórroga automática de seis meses en los beneficios.
Impacto social, legal y propuestas de contingencia
El término de la cobertura afectaría directamente el estatus laboral de más de 170.000 ciudadanos salvadoreños que han residido de manera continua en Estados Unidos desde hace al menos 25 años.
Diversas organizaciones enfatizan que una Eventually decisión adversa no derivaría en expulsiones inmediatas generalizadas, ya que existen grupos con distintas alternativas de regularización por vías familiares o comerciales.
Paralelamente, especialistas señalan la urgencia de estructurar mecanismos bilaterales que aminoren el impacto socioeconómico ante un eventual retorno de los trabajadores. César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), destacó la relevancia de proteger los derechos laborales acumulados durante décadas de estancia en el país norteamericano.
“Necesitamos urgentemente un acuerdo de país que garantice la portabilidad universal de pensiones y de seguridad social. (…) La portabilidad universal de pensiones implica sumar los años acumulados de dos países, lo cual requiere un acuerdo de país a país para que el trabajador se vea beneficiado con la suma de los años de trabajo en los dos países y merecerse su retiro”, planteó Ríos respecto a las garantías necesarias para la población retornada.
