Por El Latino Newsroom
redaccion@latinocc.com
Un nuevo informe del inspector general del Departamento del Tesoro advierte sobre posibles riesgos en el manejo de información confidencial de contribuyentes, luego de que el IRS y el ICE acordaran en 2025 compartir datos fiscales para investigaciones migratorias.
El reporte, elaborado por el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA, por sus siglas en inglés), ofrece el primer recuento oficial sobre el alcance del intercambio de información entre ambas agencias.
También documenta preocupaciones de seguridad en torno a un acuerdo que ha generado demandas judiciales, críticas de defensores de inmigrantes y controversia dentro del propio gobierno federal.
De acuerdo con el informe, el acuerdo permitió que el ICE enviara al IRS nombres y direcciones de inmigrantes que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, con el propósito de cruzar esa información con registros fiscales.
Sin embargo, el TIGTA encontró problemas en el formato de los datos proporcionados por los agentes del ICE y en los criterios utilizados por el IRS para hacer las comparaciones, lo que provocó coincidencias cuestionables y posibles errores.
El informe señala que, después de la firma del acuerdo, el ICE solicitó información de direcciones de más de 1.2 millones de personas.
El IRS finalmente proporcionó las últimas direcciones conocidas de aproximadamente 47,000 contribuyentes.
Según el TIGTA, el proceso automatizado usado por el IRS para comparar los datos tenía fallas.
La información enviada por el ICE presentaba formatos inconsistentes, lo que derivó en posibles coincidencias incorrectas.
En algunos casos, direcciones incompletas o inexactas fueron consideradas válidas, según el informe.
Representantes del Tesoro y del IRS no han respondido aún ante el reporte.
El acuerdo para cruzar datos fiscales y migratorios forma parte de la agenda del presidente Donald Trump para reforzar la seguridad fronteriza y ampliar las acciones de control migratorio en todo el país.
Esa estrategia ha incluido deportaciones, redadas en lugares de trabajo y el uso de una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos.
La controversia no es nueva.
En febrero, la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly concluyó que el IRS había violado la ley al compartir erróneamente datos fiscales de miles de personas con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con fines para una posible deportación.
La decisión judicial hizo referencia a las mismas 47,000 divulgaciones que ahora menciona TIGTA en su reporte.
En ese entonces el acuerdo también provocó tensión dentro del IRS, llevando a la renuncia del entonces Comisionado interino de la agencia.
A pesar de las preocupaciones documentadas, el nuevo informe de TIGTA no emitió recomendaciones formales.
En una carta incluida en el reporte, Nancy A. LaManna, Subinspectora General de inspecciones y evaluaciones, indicó que la agencia planea compartir algunas de las inquietudes identificadas durante la revisión con la Oficina del Inspector General del DHS.
Durante años, defensores de inmigrantes han señalado que muchas personas sin estatus legal presentan declaraciones de impuestos o usan números de identificación personal del contribuyente, conocidos como ITIN, bajo la expectativa de que su información será manejada de manera confidencial.
