Por Redacción
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Un juez federal ordenó este lunes a funcionarios estatales y federales de Florida presentar antes del jueves todos los acuerdos y contratos escritos que detallen qué agencia gubernamental o contratista privado tiene autoridad legal para detener personas y operar como agente de inmigración en la instalación conocida como el “Alcatraz de los Caimanes”, ubicada en los Everglades del sur de Florida.
La instalación, construida apresuradamente hace más de un mes en una pista de aterrizaje aislada, mantiene bajo custodia a cientos de personas migrantes. La orden judicial se da en el marco de una demanda de derechos civiles presentada por abogados de inmigración, quienes acusan al gobierno estatal y federal de violar los derechos constitucionales de los detenidos.
Según la demanda, a los migrantes se les ha negado el acceso a representación legal, están retenidos sin cargos formales y las audiencias de fianza han sido canceladas por tribunales de inmigración federales.
El juez federal Rodolfo Ruiz, designado por el expresidente Donald Trump, indicó que la información es necesaria para esclarecer la autoridad legal sobre el centro de detención, un tema que ha generado confusión desde que la instalación entró en funcionamiento a principios de julio.
El gobierno de Florida y el gobierno federal habían propuesto limitar la divulgación de documentos a acuerdos entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y tres agencias estatales: la Patrulla de Caminos de Florida, la Guardia Nacional de Florida y el Departamento de Seguridad de Florida.
Por su parte, los abogados de los migrantes solicitaron documentos que identifiquen a los responsables de los procedimientos de deportación, así como información sobre el número de empleados en el centro. No obstante, el juez Ruiz consideró estas solicitudes demasiado amplias.
Esta es la segunda demanda que cuestiona la legalidad del centro de detención apodado “Alcatraz de los Caimanes”. Grupos ambientalistas también presentaron una denuncia contra funcionarios estatales y federales, argumentando que el proyecto viola leyes ambientales. Una audiencia sobre ese caso está prevista para este miércoles.
Mientras tanto, la Arquidiócesis de Miami informó que el sábado se celebró la primera misa dentro de las instalaciones, tras varias semanas de negociaciones.
“Me complace que nuestra solicitud para proporcionar atención pastoral a los detenidos haya sido atendida”, expresó el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, en un comunicado emitido el lunes.
