Por Redacción
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Una jueza federal bloqueó temporalmente este domingo la orden de la administración del presidente Donald Trump de desplegar unidades de la Guardia Nacional en Oregón, incluyendo a miembros de la Guardia Nacional de California, en medio de crecientes tensiones entre los gobiernos estatales y la Casa Blanca sobre el uso militar en asuntos internos.
La medida responde a una solicitud conjunta de California y Oregón, presentada luego de que el presidente enviara efectivos de California hacia Oregón sin comunicación previa con las autoridades estatales. El fallo impide cualquier despliegue adicional mientras el tribunal evalúa la legalidad de la acción federal.
El sábado, la misma jueza ya había suspendido el envío de tropas de la Guardia Nacional de Oregón a Portland, argumentando que no existía motivo que justificara una intervención militar en la ciudad.
Un portavoz del Pentágono confirmó que unos 200 miembros federalizados de la Guardia Nacional de California, que se encontraban en servicio alrededor de Los Ángeles, fueron reasignados a Portland. La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, dijo que unos 100 ya habían llegado y otros 100 estaban en camino.
Kotek criticó la falta de comunicación oficial por parte del gobierno federal y acusó a Washington de intentar evadir el fallo judicial. “Los hechos sobre el terreno en Oregón no han cambiado. No hay necesidad de intervención militar aquí. No hay una insurrección ni amenaza a la seguridad nacional”, dijo en una conferencia de prensa.
Gobernadores y fiscales estatales desafían la intervención federal
Los gobiernos de Oregón y California solicitaron a la corte ampliar la orden de restricción temporal para que impidiera el despliegue de cualquier unidad de la Guardia Nacional en el país, luego de que se presentara un memorando del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el que se señalaba la activación de hasta 400 efectivos de Texas para operaciones en Oregón, Illinois y otros estados.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó en redes sociales que había autorizado la movilización. “Puedes hacer cumplir plenamente la protección de los empleados federales o apartarte y dejar que la Guardia de Texas lo haga”, escribió en X.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, dijo que su estado, junto con la ciudad de Portland y California, busca impedir que la Casa Blanca continúe usando fuerzas federalizadas para tareas de control interno. “Lo que era ilegal ayer sigue siendo ilegal hoy”, afirmó. “El presidente no puede normalizar el uso del Ejército estadounidense dentro de nuestras ciudades”.
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la medida como “un abuso asombroso de la ley y del poder”. Explicó que las tropas fueron federalizadas meses atrás, en respuesta a disturbios en Los Ángeles, pese a su oposición. “El comandante en jefe está usando al ejército estadounidense como un arma política contra ciudadanos del país”, dijo Newsom en un comunicado.
California también se unió a la demanda de Oregón, argumentando que el presidente carece de fundamentos legales para redirigir a las tropas hacia otro estado. “No pueden mantener a los miembros federalizados de la Guardia Nacional como rehenes, cambiando su misión y enviándolos a otro estado”, señaló el escrito judicial.
La demanda subraya que la Constitución permite el despliegue de tropas únicamente en tres casos: repeler una invasión, sofocar una rebelión o hacer cumplir leyes federales. “No hay una rebelión en Portland”, afirma el documento.
Un abogado del Departamento Militar de California informó que el Comando Norte del Ejército estadounidense notificó que los 300 efectivos permanecerán bajo control federal hasta finales de enero.
Protestas locales y críticas a la militarización de ciudades
El conflicto judicial se produce mientras Portland enfrenta protestas nocturnas frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque Trump describió la ciudad como “devastada por la guerra”, las autoridades locales y residentes rechazaron esa afirmación, asegurando que las manifestaciones se limitan a una cuadra de la ciudad de 650,000 habitantes.
La jueza Karin Immergut, nombrada por Trump durante su primer mandato, dictaminó que el uso de fuerzas federalizadas era injustificado y podría dañar la soberanía estatal. La decisión fue celebrada por líderes locales que acusan al presidente de utilizar la Guardia Nacional con fines políticos.
El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que el mandatario “está atacando deliberadamente a ciudades con liderazgo demócrata o voces críticas de su gobierno”. Añadió: “Es nuestra Guardia Nacional, no la Guardia Real de Trump. No puede usar nuestras tropas como su policía personal”.
El alcalde de Portland, Keith Wilson, denunció que agentes federales actuaron con “uso excesivo de la fuerza” y lanzaron gas pimienta y proyectiles durante una protesta pacífica. La ciudad notificó las acciones a la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.
El despliegue de tropas también se ha extendido a Illinois. El sábado, Trump autorizó el envío de 300 miembros de la Guardia Nacional a Chicago con el argumento de proteger instalaciones y agentes federales. Sin embargo, el gobernador JB Pritzker se opuso, afirmando que “la situación no requiere el uso de fuerzas militares”.
“Ni siquiera recibimos una llamada del gobierno federal”, informó la oficina del gobernador.
Trump ha descrito a Portland y Chicago como ciudades dominadas por el crimen y la violencia, justificando el envío de tropas como una medida de “restauración del orden”. Desde el inicio de su segundo mandato, ha enviado o propuesto enviar efectivos a una decena de ciudades, principalmente en estados gobernados por demócratas.
A medida que la batalla legal continúa, el fallo de este domingo representa un nuevo obstáculo para la Casa Blanca, que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre los límites del poder presidencial para federalizar tropas estatales sin consentimiento local.
