Por El Latino Newsroom
En un fallo crucial para el futuro migratorio de cientos de miles de personas, una jueza federal de Miami determinó este jueves que posee la jurisdicción necesaria para dar trámite a una demanda colectiva que busca abrir el camino hacia la residencia legal a más de 500,000 cubanos radicados en Estados Unidos.
La decisión representa una victoria preliminar clave para los demandantes en su intento por acogerse a los beneficios de la histórica Ley de Ajuste Cubano.
La jueza Jacqueline Becerra, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, desestimó la petición presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para desechar el caso. «La jueza decidió que tiene jurisdicción para proceder con el caso. Eso es lo más importante de todo», declaró al salir del tribunal el abogado Mark Prada, quien encabeza el equipo legal de los demandantes, resaltando que la decisión sienta un precedente fundamental para el avance del litigio.
El vacío legal tras el fin de la política de ‘Pies secos, pies mojados’
La demanda, impulsada inicialmente por un grupo de 992 ciudadanos cubanos que ingresaron a territorio estadounidense por la frontera sur con México, busca resolver el limbo jurídico en el que quedaron entre 500,000 y 600,000 migrantes. Este grupo ingresó al país tras la cancelación en 2017 de la política conocida como «Pies secos, pies mojados» bajo la administración de Barack Obama, la cual garantizaba la admisión legal e inmediata a todo cubano que tocara suelo estadounidense.
El argumento central de la querella sostiene que las autoridades de migración procesaron y liberaron a estos ciudadanos en la frontera otorgándoles documentación incorrecta, omitiendo el otorgamiento del parole o permiso de permanencia temporal que exige la Ley de Ajuste Cubano de 1966 para solicitar la residencia permanente al cabo de un año y un día de estancia en el país. De certificarse el caso como una acción colectiva nacional, la resolución ampararía a miles de familias que actualmente enfrentan órdenes de deportación o carecen de un estatus legal definido.
Corte insta a agilizar el proceso en medio del ajuste migratorio
Con la jurisdicción confirmada, el tribunal se enfocará en definir la viabilidad de la acción colectiva y establecer las soluciones legales correspondientes. Los abogados de la causa precisaron que el objetivo es garantizar que la comunidad sea declarada elegible para la norma, permitiendo que cada individuo pueda tramitar su ajuste o solicitar la reapertura de sus casos ante un juez de inmigración en el caso de quienes tienen órdenes de expulsión vigentes.
La abogada Claudia Cañizares destacó la urgencia de la comunidad ante el impacto masivo del fallo, señalando que la propia magistrada urgió a las partes a agilizar los procedimientos legales. El avance de esta causa ocurre en un contexto de intensificación de los controles migratorios y reducción de permisos de residencia a nivel federal bajo las políticas de la administración del presidente Donald Trump, lo que mantiene en máxima expectativa a la comunidad hispana en el sur de Florida.
