Por Redacción
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Un nuevo sistema implementado por la administración Trump el 27 de junio faculta a los funcionarios de inmigración a imponer elevadas multas civiles, que podrían ascender a millones de dólares, a ciert@s inmigrantes indocumentad@s, a la vez que limita drásticamente su capacidad para impugnar las sanciones.
Esta medida ha generado alarma entre los defensores de los inmigrantes, quienes advierten que podría imponer cargas financieras abrumadoras, además de la amenaza de deportación.
Bajo el procedimiento revisado, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ahora pueden imponer multas directamente a inmigrantes que permanecen en Estados Unidos después de haber recibido la orden de salida o de haber aceptado la salida voluntaria.
Si los beneficiari@s no apelan dentro de los 15 días hábiles, pierden el derecho a impugnar las multas, que pueden ascender a casi $1,000 por día.
Esto marca un cambio significativo con respecto al enfoque de aplicación de la ley de décadas anteriores.
La autoridad para imponer sanciones civiles progresivas fue otorgada por el Congreso en 1996 como parte de una ley más amplia de «mano dura con la inmigración».
En aquel entonces, los legisladores introdujeron una multa diaria de 500 dólares para quienes permanecieran en Estados Unidos después de una orden de deportación o de la fecha límite de salida voluntaria.
Esta cantidad, ajustada a la inflación, ahora asciende a $998 dólares diarios, ó aproximadamente $364,270 dólares anuales.
Sin embargo, durante casi 30 años, los funcionarios de inmigración rara vez ejercieron esta autoridad, centrándose en cambio en las deportaciones.
Los funcionarios solían considerar las multas inaplicables, dado que la mayoría de los inmigrantes indocumentados carecían de los recursos para pagar sumas tan exorbitantes.
Este cálculo parece haber cambiado con los cambios de la administración Trump.
Anteriormente, quienes enfrentaban sanciones recibían primero una Notificación de Intención de Multar, entregada en persona o por correo certificado.
L@s beneficiari@s tenían 30 días para impugnar la multa, con derecho a una audiencia en persona y a una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Las multas solo entrarían en vigor si el plazo de 30 días vencía sin una impugnación exitosa.
El nuevo sistema simplifica y agiliza este proceso.
L@s inmigrantes son multados por adelantado, con solo 15 días hábiles para presentar una apelación, y solo pueden apelar ante un supervisor del DHS, sin opción a una audiencia en persona ni a un tribunal independiente.
Si no se presenta una respuesta dentro del plazo, las sanciones se vuelven definitivas e inapelables.
Los funcionarios del DHS han defendido los cambios como necesarios para aplicar la ley tal como está redactada, argumentando que el proceso anterior proporcionaba un debido proceso «excesivo» que obstaculizaba la capacidad de la agencia para imponer multas en la escala prevista.
También afirman que las bases de datos modernizadas facilitan la determinación de quién está sujeto a sanciones.
Los defensores argumentan que las nuevas normas eliminan protecciones legales esenciales y corren el riesgo de tener consecuencias devastadoras.
La administración ahora podría enviar sanciones por correo masivo a cientos de miles de inmigrantes con órdenes de deportación definitivas que no se marcharon en un plazo de 30 días, muchos de los cuales podrían ni siquiera saber que se les ordenó su deportación.
Algunas órdenes se derivan de audiencias perdidas, a veces años antes, debido a notificaciones enviadas a direcciones incorrectas o emitidas cuando la persona aún era menor de edad.
De acuerdo al Concilio Estadounidense de Inmigración, una organización sin fines de lucro, el alcance potencial es significativo: al menos $1.4 millones de personas en el país tienen actualmente órdenes de deportación definitivas, según cifras del DHS.
“Es así como mujer de Florida, bajo el antiguo sistema, recibió una notificación exigiéndole 1,8 millones de dólares por no salir del país, y ya se han emitido miles de notificaciones similares”, enfatizó el Concilio en un comunicado de prensa.
Además, el Concilio indica que si se aplica con firmeza, la nueva política podría someter a inmigrantes a una deuda abrumadora, además de la posibilidad de ser deportad@s.
“Todo esto generaría un profundo temor e inseguridad en comunidades de todo el país, y si bien es probable que la política enfrente impugnaciones legales, el DHS ya ha comenzado a implementarla”, indicó la entidad con sede en Washington D.C.
