Por El Latino Newsroom
Un despliegue masivo de autoridades federales de inmigración en esta ciudad industrial del oeste de Connecticut ha desatado oleadas de angustia e indignación entre la comunidad civil.
El operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pone en evidencia cómo la maquinaria de deportación del gobierno federal amplía sus acciones incluso dentro de las fronteras de estados de inclinación demócrata donde existen leyes para restringir la cooperación policial en materia migratoria.
A lo largo de la última semana, agentes del ICE han llevado a cabo múltiples detenciones en vecindarios, vías públicas y áreas residenciales de Danbury, una localidad donde cerca de un tercio de sus 90.000 residentes se identifica como hispano o latino, de acuerdo con los datos oficiales de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
La cercanía de los arrestos a zonas habitacionales y centros escolares ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones comunitarias, líderes locales e indignados manifestantes que se han congregado frente a las sedes judiciales para denunciar lo que catalogan como un acoso sistemático contra las familias inmigrantes.
Las acciones forman parte de un repunte considerable a escala nacional en la cantidad de arrestos ejecutados por agencias federales. Durante los meses de junio y julio, la cifra de personas bajo custodia por violaciones a las leyes de extranjería aumentó considerablemente, alcanzando niveles récord en el marco del actual mandato del presidente Donald Trump.
La orden dada a las fuerzas de seguridad para estrechar el cerco sobre comunidades migrantes se ha dejado sentir con especial dramatismo en Connecticut, un estado emblemático por la promulgación de normas que limitan las facultades de las dependencias locales para colaborar voluntariamente con las autoridades migratorias del gobierno federal.
Operativos en zonas cotidianas impactan a las familias locales
Testimonios recabados por activistas de derechos civiles en Danbury describen una serie de intervenciones que han alterado drásticamente la rutina de la comunidad.
Agentes del ICE, varios de ellos vistiendo vestimentas tácticas e luciendo el rostro cubierto con pasamontañas, han instalado puntos de vigilancia y realizado detenciones en escenarios de la vida diaria, como paradas de autobús urbano, parques públicos, zonas adyacentes a planteles de educación primaria e incluso inmediaciones de centros de atención infantil.
Uno de los incidentes que ha causado mayor estupor en el vecindario ocurrió cuando las fuerzas federales interceptaron a un padre inmediatamente después de que dejara a su hijo en el autobús escolar.
Según defensores de los derechos de los inmigrantes, el hombre fue rodeado por los agentes en el momento en que el transporte de la escuela acababa de reanudar su marcha, dejando a la familia en la incertidumbre más absoluta.
Clementina Lunar, defensora e integrante de la organización Danbury Unites for Immigrants, ha monitoreado de cerca el accionar de las agencias de seguridad desde que los operativos comenzaron a comienzos de la semana.
Lunar explicó que las cifras preliminares recopiladas por los grupos de apoyo señalan que al menos medio centenar de personas han sido bajo arresto en un periodo de pocas jornadas, impactando directamente la estabilidad económica y emocional de decenas de hogares locales.
»Estamos hablando de madres con bebés y niños en edad escolar a quienes, lamentablemente, se les arrebató a quien llevaba el sustento», subrayó Lunar al evaluar las consecuencias inmediatas de la redada en la economía de las familias de la zona. «ICE ha estado aterrorizando a la ciudad», agregó la activista, destacando que un número sustancial de vecinos ha optado por recluirse en sus viviendas y evitar salir a trabajar o realizar sus compras rutinarias debido al temor persistente a enfrentarse con los uniformados.
El clima de desconfianza y angustia ha permeado diversos sectores de la ciudad, donde la incertidumbre ha provocado un marcado ausentismo en establecimientos comerciales dependientes de la clientela hispana.
Dirigentes comunitarios insisten en que el despliegue de operativos en entornos escolares o de cuidado infantil deteriora gravemente los lazos de confianza institucional que tanto ha costado edificar a nivel local entre las fuerzas policiales municipales y el público.
Un pulso político y legal entre jurisdicciones federales y estatales
La intensificación del accionar del ICE en estados con directrices de protección a los inmigrantes marca una nueva etapa en las tensiones políticas entre la administración federal y las administraciones locales.
Connecticut figura en la lista de estados que han aprobado legislaciones de protección donde se estipula que los recursos estatales o municipales no deben ser utilizados de forma proactiva para facilitar el arresto o la retención de personas únicamente por infracciones de tipo migratorio, a menos que exista de por medio una orden judicial firmada por un juez.
Pese a estas salvaguardas legales, la jurisdicción federal le permite al ICE actuar libremente en cualquier territorio dentro del país, lo cual ha derivado en operativos independientes que prescinden por completo de la asistencia o el consentimiento de las autoridades policíacas territoriales.
Esta situación ha dejado a los alcaldes y a los jefes de policía de distintas ciudades en una posición sumamente compleja, obligados a balancear el cumplimiento de la ley nacional con la exigencia social de proteger la estabilidad y la paz de sus residentes.
Los datos recientes revelan un contexto de aplicación inflexible. A nivel nacional, las cifras de arrestos efectuados por el ICE experimentaron un crecimiento sostenido durante el verano, llegando a rebasar la barrera de las decenas de miles de detenciones mensuales.
Paralelamente, la administración federal ha impulsado iniciativas orientadas a otorgar mayores garantías jurídicas a las corporaciones policiales locales que opten por colaborar voluntariamente en tareas de control de inmigración, así como proyectos para dotar a sus agentes tácticos con equipamiento tecnológico adicional de uso coercitivo.
Frente a la sede judicial de la localidad de Danbury, decenas de manifestantes armados con pancartas y proclamas han mantenido jornadas de protesta para exigir un alto a las intervenciones federales y pedir el respeto integral de los derechos humanos de las personas sin papeles.
Los manifestantes recuerdan que una parte muy importante de la masa laboral de la zona está integrada por trabajadores extranjeros que aportan diariamente al sector de la construcción, los servicios, la gastronomía y la atención de la salud.
Mientras la presencia federal se mantiene activa en distintos puntos de Connecticut, las organizaciones comunitarias continúan coordinando esfuerzos para brindar asistencia jurídica de emergencia, proporcionar alimentos a los hogares que se encuentran en aislamiento por temor a salir y canalizar el apoyo psicológico hacia los menores de edad cuyo núcleo familiar se ha visto drásticamente fragmentado por los arrestos de las autoridades de inmigración.
