Por Redacción
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Miami, donde más del 70% de la población es de origen hispano, se encuentra en medio de un contraste migratorio marcado. Mientras el alcalde Francis Suárez promueve la ciudad como un destino para inversionistas extranjeros a través de la visa EB-5, las políticas estatales y federales endurecen la vida de los inmigrantes indocumentados con redadas y leyes restrictivas.
El programa EB-5 ofrece residencia a quienes invierten al menos US$ 1 millón —o US$ 800.000 en zonas de alto desempleo o rurales— y generan un mínimo de 10 empleos. Suárez lo defiende como una herramienta que fortalece la economía local y brinda estabilidad a quienes buscan establecerse en Estados Unidos. Sin embargo, expertos señalan que esta apuesta convive con un clima hostil hacia los inmigrantes en Florida, donde las políticas del gobernador Ron DeSantis han reforzado la vigilancia y limitado los derechos de quienes carecen de documentos.
En 2023 entró en vigor la Ley SB 1718, considerada una de las más estrictas del país. La norma exige a las empresas verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, obliga a los hospitales a reportar si atienden a indocumentados y prohíbe aceptar licencias de conducir emitidas en otros estados a migrantes sin papeles. Estos cambios, acompañados de redadas del ICE, han disparado las detenciones en el sur de Florida. Al 2 de septiembre de 2025, el centro Krome North Service Processing registraba un promedio diario de 909 inmigrantes bajo custodia. Además, organizaciones de derechos humanos denuncian condiciones de hacinamiento y maltrato en instalaciones como el conocido “Alligator Alcatraz”.
La apuesta por las visas EB-5
El programa EB-5, creado en 1990, busca atraer capital extranjero y estimular la creación de empleos. En Miami, empresas del sector inmobiliario y hospitalidad lo ven como un motor de desarrollo. Santiago Vanegas, del Grupo Habitat, aseguró que sus proyectos podrían generar hasta 400 empleos, abriendo la puerta a 40 visas por construcción.
Pero el esquema no está libre de críticas. Según Muzaffar Chishti, del Migration Policy Institute, la falta de supervisión efectiva permite que algunos empleos sean inflados o inexistentes, lo que abre espacio a fraudes. Además, aunque estudios estiman que cada inversionista genera en promedio 47 empleos, no siempre ocurre en la práctica.
El acceso exclusivo para millonarios también genera tensiones. Los altos precios de vivienda y alquiler, impulsados en parte por el ingreso de capital extranjero, afectan a la población local. Y para muchos empresarios latinoamericanos, el atractivo se reduce: obtener residencia en Estados Unidos implica tributar sobre ingresos globales, algo que prefieren evitar si ya pueden entrar con visas de turismo o negocios.
Por eso, el programa ha sido más popular en países como India y China, donde las restricciones migratorias son más severas y el EB-5 representa un acceso directo a la residencia y educación en Estados Unidos. En América Latina, en cambio, existen más alternativas migratorias.
El panorama se complica aún más con propuestas desde Washington. El presidente Donald Trump ha sugerido una “tarjeta dorada”, que otorgaría residencia a quienes inviertan más de US$ 5 millones sin necesidad de crear empleos. Para Chishti, esto envía un mensaje contradictorio: “Si la Casa Blanca no respalda plenamente el EB-5 y plantea opciones más simples para los más ricos, ¿por qué alguien se comprometería con este programa?”.
