Por Redacción
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El Gobierno de Javier Milei dio el primer paso para intentar aprobar a comienzos de 2026 una reforma laboral que redefine derechos históricos de los trabajadores y limita la influencia de los sindicatos. El proyecto, que busca reducir costos laborales, habilitar negociaciones por empresa y restringir medidas de fuerza, desató rechazo inmediato en organizaciones gremiales y anticipa un debate legislativo tenso en las próximas semanas.
La propuesta presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras Milei viajaba rumbo a Noruega, sintetiza las conclusiones del Consejo de Mayo, un órgano asesor que operó durante un año y medio con representantes del Ejecutivo, provincias, empresas y algunos gremios. El documento describe una “reforma laboral moderna” centrada en modificar convenios colectivos, ajustar las reglas para despidos y recortar aportes destinados a estructuras sindicales.
Uno de los puntos centrales es el fin de la “ultraactividad” de los convenios colectivos, que hasta ahora permitía su renovación automática aun sin acuerdo entre sindicatos y empleadores. La iniciativa establece que cada convenio deberá renegociarse dentro de un plazo, abriendo la puerta a una revisión generalizada de reglas vigentes desde 1975. Además, el proyecto invierte la relación de fuerza entre acuerdos nacionales y locales, otorgando prioridad a los convenios por empresa o región. El Gobierno sostiene que esta flexibilización permitirá adaptar las condiciones laborales a realidades productivas distintas; para los gremios, en cambio, implica una atomización que debilita la negociación colectiva.
El Ejecutivo también busca reducir costos laborales directos. La reforma propone excluir aguinaldos, vacaciones y otros ingresos no permanentes del cálculo de indemnizaciones por despido sin causa, lo que reduciría significativamente el monto a percibir por los trabajadores. Asimismo, aspira a eliminar o revisar aportes destinados a las cajas y servicios administrados por los sindicatos, un reclamo impulsado especialmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los principales arquitectos de la reforma.
Otro eje es la regulación de protestas laborales en sectores considerados esenciales. El documento del Gobierno afirma que busca “garantizar derechos de la sociedad frente a acciones sindicales desproporcionadas” y asegurar que ciertos servicios no se paralicen durante huelgas. Un intento similar ya había sido rechazado por la justicia a mediados de año por considerarlo incompatible con el derecho constitucional a la huelga.
Las reacciones no tardaron en llegar. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó una reunión para definir su postura tras ausentarse de la presentación del informe final del Consejo de Mayo. Otras centrales ya anunciaron su oposición. Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, calificó la iniciativa como “un deja vù de la flexibilización que ya demostró ser un fracaso”, al advertir que no generará empleo formal y profundizará la desigualdad. Organizaciones sociales como el Polo Obrero y la UTEP realizaron protestas en distintos puntos del país, mientras que el sindicato ATE cumplió un paro nacional de 24 horas.
El Gobierno incluyó la reforma laboral en la agenda de sesiones extraordinarias que comenzarán esta semana. Tras el triunfo oficialista en las elecciones de octubre y el traspaso de legisladores conservadores y centristas hacia La Libertad Avanza, el oficialismo cree posible obtener la media sanción en el Senado antes de fin de año y completar el trámite en la Cámara de Diputados a inicios de 2026. El desenlace dependerá de la capacidad de Milei para mantener cohesionada a su coalición y sortear resistencias sindicales en un país con una larga tradición de lucha laboral y tensiones entre gobiernos y trabajadores.
