Por Redacción
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La administración Trump emitió un memorando que ordena al Fiscal General y al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional tomar medidas disciplinarias y punitivas contra los abogados que ejercen en nuestros tribunales nacionales.
Si bien el memorando es amplio, se dirige específicamente a l@s abogad@s de inmigración, l@s abogad@s pro bono que representan a solicitantes de asilo en tribunales de inmigración y las organizaciones (como el Consejo Americano de Inmigración), que desafían las políticas de inmigración del gobierno federal en los tribunales.
El memorando acusa a l@s abogad@s de instruir intencionalmente a nuestros clientes para que mientan en los tribunales con el fin de «eludir» las leyes.
Llega incluso a atribuir la trágica muerte de personas como Laken Riley a l@s abogad@s de inmigración, sugiriendo que estamos desviando recursos de las fuerzas del orden que, de otro modo, la habrían protegido.
Además de ser objetivamente absurdos, estos ataques solo han fortalecido el compromiso de l@s abogad@s de inmigración con nuestros clientes y con garantizar que tengan su día en los tribunales.
Como base para el ataque a l@s abogad@s, el memorando cita las normas generales de responsabilidad profesional, y las normas de procedimiento que l@s abogad@s ya deben seguir.
L@s abogad@s tienen prohibido presentar a sabiendas demandas falsas o frívolas tanto en tribunales de inmigración como en tribunales federales.
Ya existen normas que permiten a un juez u otra entidad sancionar a un abogad@, como retirarle la licencia o impedirle seguir representando a clientes en los tribunales de inmigración.
Si bien el memorando no crea nuevas normas, sí ordena a sectores del gobierno federal investigar a l@s abogad@s, y sienta las bases para lo que probablemente sea una campaña de intimidación dirigida a profesionales, quienes representan a much@s de l@s clientes más vulnerables del sistema legal.
El memorando del 22 de marzo se suma a varios otros dirigidos a bufetes de abogad@s que han desafiado a la administración actual, o anterior de Trump de diversas maneras.
En un uso sin precedentes del poder ejecutivo, la Casa Blanca revocó autorizaciones de seguridad, restringió contratos gubernamentales e interfirió de otras maneras con varios bufetes de abogados.
De particular interés parecen ser los bufetes de abogad@s que participaron, en alguna de las numerosas investigaciones sobre la presunta malversación de fondos de Trump.
Esto incluye a una firma involucrada en la investigación de Mueller y a Perkins Coie, quien representó a Hillary Clinton y a otras entidades del Partido Demócrata.
Esta no es la primera vez que la administración Trump ataca a l@s juristas de inmigración.
En 2017, el entonces fiscal general Jeff Sessions, funcionario del Departamento de Justicia a cargo de los tribunales de inmigración y de los procedimientos disciplinarios contra l@s abogad@s de inmigración, hizo declaraciones similares, calificándonos de «abogad@s de inmigración corruptos» que estábamos manipulando el sistema.
En 2019, un documento filtrado del gobierno federal enumeraba a 59 personas, incluidos vari@s abogad@s de inmigración, cuyos pasaportes debían ser marcados para investigación si intentaban cruzar la frontera sur.
Múltiples abogad@s de inmigración fueron detenid@s e interrogad@s.
Durante ese tiempo, el número de abogad@s voluntari@s de nuestra Campaña de Justicia Migratoria se disparó a casi 8,000.
L@s abogad@s que representan a solicitantes de asilo en los tribunales de inmigración y cuestionan las prácticas ilegales del gobierno, son fundamentales para mantener un mínimo de debido proceso y equidad en nuestro sistema de inmigración.
Y como hicimos durante la primera administración de Trump, el Consejo Americano de Inmigración continuará la labor crucial de su equipo de litigios, y de la Campaña por la Justicia en la Inmigración. Como dicen los abogados: nos vemos en la corte.
