Por Redacción
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Con el objetivo de reducir uno de los delitos de propiedad que más ha crecido en los últimos años, la Junta de Supervisores del Condado de Ventura aprobó de manera unánime una ordenanza que regula la posesión de convertidores catalíticos en las zonas no incorporadas del condado.
La medida, votada el martes, busca dotar a las fuerzas del orden de nuevas herramientas para enfrentar una tendencia que ha dejado a residentes y dueños de negocios con pérdidas económicas considerables.
A partir de la entrada en vigor de la ordenanza, en 30 días, será ilegal que cualquier persona que no sea un reciclador autorizado posea un convertidor catalítico separado de un vehículo, salvo que pueda demostrar con documentos válidos que le pertenece.
Las sanciones contemplan multas de hasta $1 mil dólares, un año en la cárcel o ambas, al considerarse un delito menor.
Un delito en aumento
El robo de convertidores catalíticos se ha convertido en un problema nacional.
La razón principal es el alto valor de los metales preciosos que contienen rodio, paladio y platino—cuya cotización en el mercado internacional se ha disparado.
Retirar el dispositivo de un automóvil puede tomar menos de un minuto, y su reventa alcanza hasta $1,200 dólares.
Para las víctimas, en cambio, las reparaciones suelen ser costosas y demoradas debido a la escasez de piezas en la cadena de suministro.
En California, y particularmente en Ventura, los incidentes de este tipo han generado alarma en la comunidad.
Aunque la legislación estatal ha intentado cerrar las rutas de reventa, las autoridades locales reconocen que aún existía un vacío legal: si un agente encontraba un convertidor en posesión de una persona, no podía confiscarlo ni presentar cargos salvo que se identificara inmediatamente a la víctima.
Para Janice Parvin, Supervisora del Distrito 4 y Presidenta de la Junta, la ordenanza representa un paso importante para la seguridad pública.
“El robo de convertidores catalíticos ha dejado a demasiados residentes y propietarios de negocios sintiéndose frustrados y vulnerables”, señaló.
“Esta es una medida de sentido común que cierra una laguna legal y ayuda a las fuerzas del orden a desempeñar su labor con mayor eficacia. Nuestro objetivo es proteger al público, fomentar vecindarios más seguros y dejar claro que el condado se toma en serio este tipo de delitos”, indicó la republicana.
Por su parte, el Alguacil del Condado, Jim Fryhoff, coincidió en que la nueva regulación les permitirá actuar con más rapidez.
“Esta ordenanza proporciona a nuestros agentes una herramienta fundamental para responsabilizar a los delincuentes y prevenir los robos antes de que ocurran. Ahora podemos intervenir de inmediato para proteger a nuestros residentes y enviar un mensaje claro: este delito no será tolerado en el Condado de Ventura”, recalcó Fryhoff.
Llenar un vacío legal
A partir de ahora, los agentes podrán confiscar convertidores catalíticos y presentar cargos penales incluso si, en el momento de la detención, no es posible vincular el objeto robado con un vehículo en particular.
De esta forma, se busca cortar la cadena de impunidad que favorecía a los ladrones.
Medidas similares ya han sido aprobadas en otros condados de California, como Riverside y San Bernardino, donde las autoridades locales enfrentaban el mismo incremento de robos.
En todos los casos, el enfoque ha sido otorgar mayor margen de acción a las fuerzas policiales en situaciones en las que los procedimientos estatales resultaban insuficientes.
La ordenanza entrará en vigor dentro de 30 días.
Durante ese tiempo, las autoridades locales planean realizar campañas de información para alertar a los residentes sobre las nuevas reglas y para disuadir a quienes comercializan con piezas robadas.
El condado también prevé reforzar la colaboración con talleres mecánicos, negocios de reciclaje y comunidades vecinales, a fin de vigilar posibles puntos de reventa ilegal.
“Se trata de un esfuerzo conjunto. No solo queremos sancionar, sino también prevenir. Mientras más informados estén los ciudadanos, más difícil será para los delincuentes operar en nuestra región”, explicó Parvin.
Con esta decisión, Ventura se suma a una tendencia creciente de gobiernos locales que, frente al auge de un delito específico, optan por desarrollar soluciones inmediatas en lugar de depender únicamente de las medidas estatales o federales. Para los residentes, la esperanza es que la nueva norma reduzca la sensación de vulnerabilidad y marque el inicio de comunidades más seguras.
