Aprueban en Florida proyecto de ley republicano antiinmigrante
Por Agencias
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El Senado de Florida aprobó a última hora un proyecto de ley que endurecerá todavía más las políticas migratorias impulsadas por el gobernador, Ron DeSantis, y que han sido criticadas en las últimas horas por colectivos como el de la comunidad venezolana que reside en esa zona de Estados Unidos.
La SB 1808, y su proyecto similar de la Cámara de Representantes HB 1355, buscan prohibir los contratos del Gobierno estatal y de los locales con empresas que brinden transporte a menores no acompañados durante su paso por el territorio e Estados Unidos.
Además amplía la definición de “política de santuario” para evitar que se limite o prohíba que las policías locales proporcionen información migratoria a las autoridades federales, que tienen la competencia exclusiva en esta materia en cuestión de situaciones migratorias.
De aprobarse el proyecto de ley que se tiene en mente, las agencias del orden que operan algún centro de detención deberán firmar un acuerdo con el ICE para participar en el programa 287(g), por el que agentes locales realizan funciones de aplicación de la ley de inmigración.
Por su parte, el arzobispo católico de Miami, Thomas Wenski, ha denunciado además que este proyecto de ley sobre políticas migratorias, obligaría a cerrar albergues que acogen a los menores inmigrantes que llegan al país sin la compañía de sus padres o tutor legal al eliminar los fondos estatales a cualquier agencia, incluida Caridades Católicas, que brinda servicios a estos indocumentados.
La HB 1355 todavía está en debate en la Cámara de Representantes, también controlada por los republicanos, por lo que pasaría al gobernador del estado, que ya ha manifestado su apoyo público a este proyecto de ley que tanta controversia ha generado en la comunidad. Archivado como: Políticas migratorias Estados Unidos
La Coalición Americana de Empresarios por la Inmigración (ABIC) condenó este viernes la aprobación en el Senado y consideró que, de aprobarse, esta medida perjudicará a los empleadores del estado que enfrentan una “grave escasez de mano de obra y creará miedo e incertidumbre en una amplia gama de inmigrantes” en Florida.
“El vergonzoso proyecto de ley del gobernador fue elaborado por razones políticas. Duele a los empleadores que ya enfrentan una escasez extrema y a niños inocentes atendidos por instituciones religiosas como la Arquidiócesis de Miami”, recalcó Mike Fernandez, presidente de MBF Healthcare y copresidente de ABIC Action.
La ABIC denunció que el proyecto de ley, tal como está redactado, puede perjudicar a muchos de los 350 mil venezolanos de Florida que tienen un estatus de protección temporal (TPS), al marcarlos como “deportables, incluso si están autorizados” a residir en el país.
La organización recordó que los venezolanos pueden ser un “electorado clave con creciente poder en Florida”, por ello se ha desatado una gran controversia por este proyecto que afectaría la comunidad inmigrante en los Estados Unidos.
Precisamente, un grupo de líderes de la comunidad venezolana envió este miércoles una carta a los líderes legislativos para pedir que votasen en contra de las SB 1808 y HB 1355, al considerarlas un “un ataque directo a la comunidad de venezolanos en Florida”.
“Tal como está escrita, esta legislación nos definiría como ‘extranjeros no autorizados’ porque nuestras solicitudes de permisos de trabajo se retrasan debido a causas ajenas a nosotros”, reclamaron los firmantes de la misiva, que criticaron que la medida “se hizo por razones políticas”.
Sin embargo, las condiciones no son las mismas para todos, los inmigrantes de Sudán y Sudán del Sur que residen en Estados Unidos pueden quedarse en el país bajo un estatus legal temporal para escapar del conflicto y los desastres naturales en sus naciones, dijo el miércoles el Departamento de Seguridad Nacional mientras la agencia enfrenta presiones para otorgar el TPS a los ucranianos.
Hay 12 países cuyos ciudadanos están bajo el Estatus de Protección Temporal, un programa que el expresidente Donald Trump trató de eliminar en medo de críticas a las frecuentes extensiones que les permitieron a personas vivir en Estados Unidos durante años en una suerte de limbo legal.
