Por Redacción
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Reguladores federales en Estados Unidos citaron a varias empresas contratistas por violaciones graves de seguridad laboral relacionadas con la muerte de un trabajador durante la construcción de un centro de detención de inmigrantes operado por Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional determinó que tres contratistas incurrieron en infracciones consideradas serias tras investigar la muerte de Héctor González, de 38 años, quien falleció el 21 de julio de 2025 al ser aplastado por materiales de construcción en el sitio conocido como Camp East Montana, ubicado en las afueras de El Paso.
El incidente ocurrió durante las obras en la base militar Fort Bliss, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Según la investigación, las condiciones laborales no cumplían con los estándares de seguridad requeridos, lo que derivó en sanciones contra las empresas involucradas.
El caso fue destacado en un informe publicado por el grupo de vigilancia Public Citizen, que analizó a las compañías que obtienen contratos vinculados a centros de detención migratoria.
La muerte de González se produjo pocos días después de que el Ejército estadounidense otorgara un contrato valorado en hasta 1.300 millones de dólares a la empresa Acquisition Logistics para construir y operar el complejo. El centro abrió semanas después y rápidamente se convirtió en el mayor centro de detención del ICE en el país, albergando a más de 3.000 migrantes en algunos momentos.
El campamento ha estado bajo creciente escrutinio debido a denuncias sobre condiciones deficientes, brotes de enfermedades y la muerte de al menos tres personas detenidas entre diciembre y enero.
Una inspección realizada en febrero por autoridades de supervisión del ICE identificó decenas de violaciones a los estándares nacionales de detención. Como resultado, la agencia reemplazó recientemente a Acquisition Logistics como contratista principal y otorgó, sin proceso de licitación, un nuevo contrato a la empresa Amentum Services.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la supervisión de contratos federales y las condiciones tanto laborales como de detención en instalaciones migratorias, en medio de un debate más amplio sobre las políticas de inmigración en Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump.
Defensores de derechos laborales y organizaciones civiles han pedido mayor transparencia y rendición de cuentas, mientras continúan las investigaciones sobre las condiciones en el centro y las responsabilidades de las empresas involucradas.
