Por Redacción
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Un tribunal federal de apelaciones dio luz verde al gobierno del presidente Donald Trump para avanzar con el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para migrantes de Centroamérica y Nepal, una medida que podría dejar a decenas de miles de personas expuestas a la deportación en los próximos meses.
El fallo del 9º Circuito de Apelaciones, emitido el miércoles en San Francisco, suspendió de manera temporal una orden de la jueza federal Trina L. Thompson que había mantenido vigentes las protecciones mientras se resolvía la demanda en curso. La decisión judicial abre la puerta a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comience a retirar permisos de residencia y trabajo a más de 60,000 migrantes.
La medida afecta primero a unos 7,000 ciudadanos de Nepal, cuya designación de TPS venció el 5 de agosto. También quedan en riesgo cerca de 51,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses, cuyos permisos expiran el 8 de septiembre. En esa fecha, si no hay una nueva intervención judicial, estarían sujetos a procesos de deportación.
El fallo fue emitido por un panel de tres jueces —designados por los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Trump— que concluyó que la administración podía avanzar con sus planes mientras continúa la apelación. “La orden del tribunal de distrito que concedía la moción de la parte demandante queda suspendida a la espera de una nueva resolución de este tribunal”, escribió el panel.
El TPS fue creado en 1990 con el fin de proteger a inmigrantes cuyos países enfrentan desastres naturales, conflictos armados o crisis humanitarias graves. Bajo este estatus, los beneficiarios pueden residir y trabajar legalmente en Estados Unidos hasta que las condiciones en sus países de origen mejoren.
Hondureños y nicaragüenses fueron incluidos en 1999, tras el paso devastador del huracán Mitch en 1998, que dejó miles de muertos y destruyó infraestructura en la región. Los migrantes de Nepal recibieron la protección en 2015, después de un terremoto de magnitud 7.8 que causó casi 9,000 muertes.
Para defensores de los inmigrantes, el TPS no solo ha salvado vidas, sino que también ha permitido que comunidades enteras se integren en la economía estadounidense. “Estamos hablando de personas que han vivido aquí durante décadas, han criado hijos ciudadanos estadounidenses, han abierto negocios y han hecho contribuciones incalculables a sus comunidades”, señaló Jessica Bansal, abogada de la National Day Laborer Organizing Network.
La postura del gobierno
La Casa Blanca ha sostenido que el programa ha sido utilizado de forma indebida durante años y que nunca fue concebido como un sistema de asilo permanente. “El TPS nunca tuvo como objetivo ser un sistema de asilo de facto, sin embargo, así es como gobiernos anteriores lo han utilizado durante décadas”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció previamente que las condiciones en Honduras, Nicaragua y Nepal ya no justificaban mantener el TPS. Según la administración, esos países cuentan con capacidad para recibir a sus ciudadanos, pese a las objeciones de activistas y organismos internacionales que alertan sobre violencia política, pobreza persistente y vulnerabilidad climática.
En julio, la jueza Thompson había determinado que las designaciones no podían ser eliminadas de inmediato. Argumentó que el gobierno actuó sin una “revisión objetiva de las condiciones en el país”, mencionando como ejemplo la violencia política en Honduras y los recientes impactos de tormentas y huracanes en Nicaragua. La próxima audiencia en el caso está programada para el 18 de noviembre.
Los abogados de los migrantes argumentan que las decisiones de Noem fueron influenciadas por promesas de campaña de Trump y motivadas por un sesgo racial. Aseguran que la abrupta cancelación del TPS constituye una violación de los derechos de las comunidades protegidas.
Drew Ensign, asistente del fiscal general adjunto, defendió la postura del gobierno en audiencia reciente, señalando que el Ejecutivo sufre un “daño irreparable” por su incapacidad de aplicar sus políticas migratorias según lo ha determinado.
Repercusiones más allá de Centroamérica y Nepal
La decisión es parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump por reducir la cobertura del TPS. En los últimos meses, el gobierno ya ha eliminado protecciones para alrededor de 350,000 venezolanos, medio millón de haitianos, más de 160,000 ucranianos y miles de migrantes de Afganistán y Camerún. Varios de esos grupos mantienen demandas abiertas en tribunales federales.
En mayo, la Corte Suprema permitió que la Casa Blanca pusiera fin al TPS para los venezolanos, sin ofrecer justificación en su orden, como suele ocurrir en apelaciones de emergencia. Esa decisión marcó un precedente que fortaleció la estrategia de Trump en otros casos.
Los efectos humanos de la decisión podrían ser profundos. Según estimaciones del Center for Migration Studies, más del 85% de los hondureños y nicaragüenses con TPS han residido en Estados Unidos durante más de dos décadas. Muchos tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses y dependen de la estabilidad laboral que ofrece el programa.
Las deportaciones masivas podrían fracturar familias y generar repercusiones económicas en sectores que dependen de esta mano de obra, como la construcción, la hostelería y el cuidado de personas.
“Si el TPS desaparece, miles de familias quedarán separadas de un día para otro”, advirtió Bansal. “No se trata solo de un tema legal, sino de una crisis humanitaria en ciernes”.
La política detrás de la decisión
La medida también refleja la visión de Trump de endurecer la política migratoria como parte central de su administración. Durante su primera campaña presidencial, el republicano prometió desmantelar programas que, a su juicio, fomentaban la inmigración irregular.
Algunos analistas consideran que el fin del TPS busca enviar un mensaje político, más que resolver un problema estructural.
“El TPS ha sido una herramienta humanitaria y diplomática durante tres décadas”, explicó el politólogo Carlos Guevara. “Al eliminarlo, la administración no solo afecta a los migrantes, sino que también altera las relaciones de Estados Unidos con países aliados en momentos de alta inestabilidad regional”.
Mientras tanto, las comunidades afectadas esperan con incertidumbre. En ciudades como Los Ángeles, Houston y Miami, donde residen grandes poblaciones centroamericanas, organizaciones de base han iniciado campañas de información para preparar a los migrantes ante posibles operativos de deportación.
Aunque la apelación continúa, la suspensión de la orden de Thompson permite al gobierno actuar de inmediato. El resultado final dependerá de lo que decida el 9º Circuito en los próximos meses y, en última instancia, de si la Corte Suprema interviene de nuevo.
“Estamos en un limbo doloroso”, dijo Alejandra Ramírez, hondureña con TPS desde 1999. “He pasado la mitad de mi vida en este país. Mis hijos no conocen otra casa. No sé qué va a ser de nosotros”.
Por ahora, lo único claro es que el futuro de decenas de miles de familias centroamericanas y nepalesas depende de un proceso judicial que avanza lentamente, mientras la administración Trump acelera su agenda migratoria.
