Meta acordó pagar hasta 18,000 millones de dólares y modificar Facebook e Instagram para resolver demandas de estados que acusaban a la compañía de diseñar productos adictivos para menores. El pacto no termina el debate: lo traslada al corazón del modelo de las redes sociales.
Por Max Vásquez
redaccion@latinocc.com
Durante años, el debate sobre niños y redes sociales pareció recaer principalmente sobre los padres: cuánto tiempo permitir frente a una pantalla, cuándo retirar el teléfono o cómo impedir que una aplicación acompañara a un adolescente hasta la madrugada.
Ahora, una de las mayores compañías tecnológicas del mundo tendrá que asumir parte de esa responsabilidad.
Meta acordó pagar hasta 18,000 millones de dólares durante la próxima década y realizar cambios sustanciales en Facebook e Instagram para resolver demandas presentadas por estados y territorios estadounidenses que acusaban a la compañía de diseñar sus plataformas para fomentar un uso compulsivo entre menores, recopilar indebidamente datos infantiles y minimizar públicamente sus riesgos. Meta no admitió haber actuado indebidamente.
El acuerdo surgió durante un juicio federal en Oakland, California, y pone fin a una de las batallas legales más importantes sobre la responsabilidad de las redes sociales ante sus usuarios más jóvenes. Todavía deja abiertos otros litigios contra la compañía y el resto de la industria.
UNA INFANCIA CON LÍMITES DIGITALES
Las consecuencias más visibles del pacto aparecerán en las propias pantallas.
Los menores de 18 años tendrán, por defecto, un máximo de dos horas diarias en Facebook e Instagram. Para superar ese límite será necesaria la autorización de un padre verificado.
Las aplicaciones también quedarán bloqueadas entre la medianoche y las 6 de la mañana, salvo consentimiento parental, y la mayoría de las notificaciones serán desactivadas durante el horario escolar. Los conteos de “me gusta” quedarán ocultos por defecto para los adolescentes y Meta deberá reforzar sus sistemas para determinar la edad de los usuarios.
La importancia de estas medidas no reside únicamente en su alcance, sino en un cambio de filosofía.
Durante buena parte de la era de las redes sociales, muchas herramientas de bienestar digital dependían de que el propio usuario decidiera activarlas. En el juicio, el director de diseño de producto de Instagram, Francesco Fogu, reconoció que algunas funciones, como los recordatorios para descansar, eran opcionales aunque la compañía sabía que podían ser más efectivas si se activaban automáticamente.
Ese detalle expone una tensión que ha acompañado a Silicon Valley durante años: la seguridad puede reducir precisamente aquello que las plataformas necesitan aumentar —el tiempo y la atención del usuario—.
EL RESTO DE LA INDUSTRIA, BAJO PRESIÓN
El acuerdo contiene además una condición poco habitual.
Meta deberá pagar inicialmente alrededor del 70% del monto máximo. Los aproximadamente 5,300 millones de dólares restantes dependerán de que TikTok y YouTube adopten restricciones comparables y contribuyan económicamente al acuerdo.
Si esas plataformas aceptan, el límite diario podría reducirse de dos horas a una y las restricciones nocturnas ampliarse de 10 de la noche a 7 de la mañana. Meta sostiene que limitar únicamente una aplicación tendría un efecto insuficiente porque los adolescentes pueden simplemente trasladar su atención hacia otra.
La estructura convierte un acuerdo judicial con una empresa en algo potencialmente más amplio: un intento de establecer reglas comunes para una industria que durante años ha operado sin estándares nacionales uniformes sobre cuánto tiempo deberían pasar los menores en sus plataformas.
LO QUE EL ACUERDO NO RESUELVE
La magnitud de los 18,000 millones de dólares puede eclipsar una distinción fundamental: las acusaciones de los estados no equivalen por sí mismas a conclusiones judiciales sobre cada daño atribuido a las redes sociales.
Los estados sostuvieron que Meta desarrolló funciones capaces de fomentar conductas compulsivas y que conocía riesgos para usuarios jóvenes. La compañía ha defendido durante años sus inversiones en seguridad infantil y sostiene que ha mejorado progresivamente sus protecciones. El acuerdo evita que un jurado resuelva buena parte de esas disputas y permite a Meta cerrar este frente sin admitir responsabilidad.
Tampoco desaparecen las preguntas sobre los algoritmos que determinan qué observa un adolescente, la publicidad personalizada o la relación entre determinadas experiencias digitales y problemas de salud mental. Críticos del acuerdo consideran que las nuevas protecciones, aunque significativas, no modifican suficientemente esos elementos estructurales.
Y Meta continúa enfrentando demandas de particulares y distritos escolares. New Mexico, que obtuvo por separado una importante resolución contra la compañía, y Florida tampoco forman parte del acuerdo nacional.
UNA NUEVA FRONTERA
Durante las primeras décadas de las redes sociales, la pregunta dominante fue qué podían hacer estas plataformas.
Conectar personas. Compartir fotografías. Encontrar comunidades. Capturar atención.
La pregunta que emerge ahora es diferente: qué debería permitírseles hacer cuando quienes están al otro lado de la pantalla son niños.
Los límites horarios, los bloqueos nocturnos y los controles parentales no resolverán por sí solos esa discusión.
Pero el acuerdo con Meta introduce una idea que durante mucho tiempo pareció ajena al crecimiento vertiginoso de las redes sociales: que diseñar una plataforma para mantener a una persona conectada también implica una responsabilidad sobre quién permanece conectado, durante cuánto tiempo y a qué costo.
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