Por Redacción
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La democracia estadounidense enfrenta una de sus amenazas más cínicas: la manipulación abierta de los mapas electorales para fabricar mayorías antes de que los ciudadanos puedan votar.
No se trata de estrategia política normal ni de una simple disputa técnica entre abogad@s electorales.
Se trata de un intento deliberado de alterar las reglas del juego para que un partido conserve el poder aunque las urnas digan otra cosa.
El caso de Texas resume esa hipocresía con brutal claridad.
El estado impulsó una redistribución electoral a mitad de década, fuera del ciclo regular posterior al censo, con el objetivo de favorecer a los republicanos en la Cámara de Representantes. Según reportes sobre el caso, el nuevo mapa podría ayudar al Partido Republicano a ganar hasta cinco escaños adicionales en 2026, justo cuando la mayoría republicana en la Cámara es estrecha y el partido enfrenta un ambiente político complicado.
La Corte Suprema permitió que Texas use ese mapa en las elecciones de 2026, revirtiendo el bloqueo de un tribunal inferior que había señalado problemas graves en la redistribución. Esa decisión no solo favorece a Texas. Abre la puerta para que otros estados controlados por republicanos sigan el mismo camino y rediseñen distritos a conveniencia partidista antes de que los votantes tengan oportunidad de castigar o premiar a sus representantes.
Lo más grave es que esta maniobra no nació de una demanda ciudadana por mejor representación. Texas tomó esta ruta después de que el presidente Donald Trump presionó al estado para ayudar a proteger la frágil mayoría republicana en un ciclo electoral que podría ser difícil para su partido. Es decir, el mapa no fue diseñado para servir a los votantes. Fue diseñado para servir al poder.
Ahí está la diferencia entre una democracia saludable y una democracia manipulada. En una democracia saludable, los partidos compiten por convencer a los votantes. En una democracia manipulada, los políticos cambian las líneas para escoger qué votantes cuentan y cuáles quedan diluidos. Eso es exactamente lo que hace el gerrymandering: convierte la representación en una operación de laboratorio partidista.
El daño es todavía más profundo para las comunidades minoritarias del Sur. Durante décadas, votantes latinos, afroamericanos y otras comunidades de color han tenido que luchar contra barreras diseñadas para reducir su poder político. Cuando se redibujan distritos para fragmentar esas comunidades o concentrarlas de manera artificial, su voto sigue existiendo en papel, pero pierde fuerza real. Pueden registrarse, organizarse, votar y aun así quedar atrapados en mapas construidos para neutralizarlos.
La Corte Suprema, al dar luz verde a este tipo de rediseño, ha debilitado aún más la confianza en un sistema que ya venía golpeado por decisiones previas sobre derechos electorales. La señal es peligrosa: si una legislatura estatal tiene los votos suficientes, puede redibujar el terreno electoral en pleno partido. Eso no es justicia electoral. Es abuso de poder con sello legal.
Los defensores de esta jugada responden con una frase cómoda: “Los demócratas también lo hacen”. Es cierto que el gerrymandering ha sido usado por ambos partidos y debe ser condenado venga de donde venga. Pero esa equivalencia fácil ignora un punto esencial: no todos los procesos son iguales.
California también avanzó con cambios en sus mapas congresionales que podrían beneficiar a los demócratas. Pero en ese caso, el gobernador Gavin Newsom llevó la decisión al voto popular mediante una consulta electoral. Los votantes tuvieron la última palabra. Esa diferencia importa. En Texas, el movimiento fue impulsado desde el poder estatal, firmado por el gobernador Greg Abbott, defendido por el fiscal general Ken Paxton y alentado desde la Casa Blanca de Trump. No fue el pueblo exigiendo un rediseño. Fue una maquinaria partidista operando desde arriba.
California no queda libre de crítica. La manipulación de mapas sigue siendo un mal camino, incluso cuando se presenta como respuesta defensiva. Pero no es lo mismo un cambio sometido al electorado que una redistribución impuesta por legisladores locales para blindarse de la voluntad popular. Confundir ambas cosas es una forma conveniente de lavar la responsabilidad republicana.
Lo que hicieron Trump, Abbott y Paxton fue iniciar una carrera peligrosa. Si un estado redibuja mapas para ganar cinco escaños, otro responderá con su propio rediseño. Luego vendrá otro. Y otro. El resultado será un país donde las elecciones se decidirán menos por ideas, candidatos o participación ciudadana, y más por la habilidad de los partidos para manipular fronteras invisibles.
Esa es la verdadera hipocresía republicana. Durante años han hablado de “integridad electoral”, de proteger el voto y de defender la voluntad del pueblo. Pero cuando las encuestas, las elecciones especiales y el desgaste político apuntan a posibles pérdidas, recurren a la herramienta más antidemocrática disponible: cambiar el mapa para no tener que cambiar sus políticas.
No están buscando competir mejor. Están buscando competir menos.
La democracia no puede depender de quién tenga más habilidad para torcer distritos. Debe depender de votantes reales, comunidades reales y representación justa. Si los republicanos creen que sus ideas tienen respaldo popular, deberían defenderlas en las urnas, no esconderse detrás de mapas diseñados para amortiguar el golpe electoral.
El gerrymandering no es un tecnicismo. Es una forma de manipular el valor del voto. Y cuando esa manipulación afecta de manera desproporcionada a comunidades minoritarias, el daño no es solo partidista: es moral, histórico y democrático.
Estados Unidos necesita comisiones independientes, reglas claras y límites firmes a la redistribución electoral fuera del ciclo regular. Necesita tribunales que protejan a los votantes, no a los partidos. Y necesita líderes dispuestos a competir sin trucos.
Porque cuando los políticos escogen a sus votantes, la democracia deja de ser democracia y se convierte en una farsa cuidadosamente dibujada.
