Por El Latino Newsroom
Los programas de trabajo para migrantes detenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vuelven a estar bajo escrutinio tras un acuerdo alcanzado entre el estado de California y la empresa privada GEO Group, operadora de varios centros de detención. La resolución reabrió el debate sobre las condiciones laborales de los inmigrantes que realizan tareas de limpieza, cocina y mantenimiento a cambio de un pago de apenas un dólar diario.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes sostienen que este esquema representa una forma de explotación laboral, mientras que las empresas administradoras y el Gobierno federal mantienen que se trata de un programa voluntario y que los participantes no son considerados empleados bajo la legislación laboral federal.
Acuerdo en California fortalece protecciones para los trabajadores detenidos
El caso cobró relevancia luego de que GEO Group aceptara un acuerdo extrajudicial con el estado de California para resolver una disputa relacionada con las condiciones de seguridad en el centro de detención Golden State Annex, ubicado en McFarland.
La controversia surgió tras una investigación realizada por la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA), cuyos inspectores detectaron varias violaciones a las normas estatales de seguridad. Entre los hallazgos figuraban denuncias de migrantes que aseguraban haber limpiado áreas con moho negro, manipulado productos químicos sin la capacitación adecuada y trabajado sin el equipo de protección necesario, especialmente durante la pandemia de COVID-19.
Como parte del acuerdo, la empresa aceptó pagar más de 100,000 dólares y comprometerse a proporcionar equipo de protección y mejores medidas de seguridad para las personas que participan en estas labores.
Aunque el convenio no modifica el programa de pago de un dólar diario, sí representa un reconocimiento importante de que quienes realizan estas tareas tienen derecho a condiciones laborales seguras mientras permanecen bajo custodia.
«Todo trabajador merece un entorno laboral seguro y saludable, y debe poder denunciar los riesgos en el trabajo sin temor a represalias», señaló un portavoz de Cal/OSHA al referirse al acuerdo.
Durante el proceso legal, GEO Group sostuvo que los migrantes inscritos en el programa no eran empleados, sino voluntarios que elegían participar libremente. Sin embargo, la autoridad estatal concluyó que, para efectos de la seguridad laboral, sí debían recibir las protecciones establecidas por la legislación de California.
Un programa que enfrenta crecientes cuestionamientos
El llamado Programa de Trabajo Voluntario existe desde hace décadas dentro de los centros de detención migratoria administrados por ICE. Los participantes realizan diversas labores como limpieza de dormitorios y baños, mantenimiento de áreas comunes, preparación de alimentos, lavandería y peluquería.
A cambio reciben un estipendio de un dólar por día, una cantidad autorizada hace muchos años por el Congreso de Estados Unidos y que prácticamente no ha sido actualizada pese al aumento del costo de vida y de los salarios mínimos estatales.
En California, por ejemplo, el salario mínimo supera ampliamente esa cantidad, lo que ha alimentado las críticas de organizaciones civiles que consideran desproporcionada la diferencia entre ambos pagos.
Uno de los testimonios que ilustra esta realidad es el de un migrante mexicano que permaneció detenido en el centro de Adelanto. Según relató, aceptó realizar trabajos de limpieza para obtener dinero con el que pudiera comprar artículos básicos dentro del centro, como pasta dental, jabón, cepillos de dientes y alimentos adicionales.
El exdetenido explicó que trabajaba limpiando baños, comedores y otras áreas comunes porque su familia no tenía recursos para enviarle dinero durante su detención.
«A mí y a muchos otros nos explotaban de día y de noche», afirmó al recordar su experiencia.
También aseguró que, tras salir del centro, desarrolló problemas en las uñas de las manos que atribuye al contacto constante con sanitarios y productos utilizados durante las labores de limpieza.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes sostienen que muchos detenidos aceptan estos trabajos por necesidad y no porque realmente tengan una opción distinta. Además, señalan que el dinero obtenido suele destinarse a la compra de artículos que, en su opinión, deberían ser proporcionados por los propios centros de detención.
Juan José Gutiérrez, director de la Coalición Derechos Plenos para Inmigrantes, criticó duramente el sistema de compensación.
«Ese sueldo de un dólar al día es patéticamente bajo. Deja claro que no se les ve como seres humanos», expresó.
Actualmente, GEO Group administra decenas de instalaciones penitenciarias y centros de procesamiento migratorio en Estados Unidos, incluidos varios centros de detención del ICE en California.
No obstante, la empresa y las autoridades migratorias sostienen que el programa es completamente voluntario y recuerdan que los estándares nacionales de detención establecen expresamente que los participantes no son considerados empleados del Gobierno federal ni del centro de detención, por lo que no tienen derecho a salarios mínimos ni a beneficios laborales.
El reciente acuerdo en California tampoco resolvió esa discusión jurídica.
En distintos estados, incluidos California, Washington y Colorado, se han presentado demandas que cuestionan el sistema de compensación utilizado en los centros de detención administrados por empresas privadas. Sin embargo, hasta ahora los tribunales no han ordenado modificar el pago de un dólar diario que reciben los participantes del programa.
Mientras continúan los litigios y el debate legal, organizaciones de derechos humanos consideran que la resolución alcanzada en California podría servir como precedente para exigir mayores protecciones laborales dentro de los centros de detención migratoria, aun cuando permanezca vigente el actual esquema de compensación.
Para los defensores de los inmigrantes, la discusión ya no se limita únicamente al monto del pago, sino también al reconocimiento de que quienes realizan estas labores deben contar con condiciones seguras, equipo adecuado y garantías básicas mientras permanecen bajo custodia del Gobierno federal.
