Una nueva decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración establece que tener DACA activo no basta, por sí solo, para cerrar un proceso de deportación.
Por Redacción
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La administración del presidente Donald Trump dio un nuevo paso para debilitar las protecciones de los beneficiarios de DACA, luego de que la Junta de Apelaciones de Inmigración determinara que estar protegido por ese programa no es razón suficiente para terminar un proceso de deportación.
La decisión, publicada el viernes por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por sus siglas en inglés), podría tener consecuencias para cientos de miles de “dreamers”, como se conoce a l@s inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niñ@s y que han vivido durante años bajo la protección temporal del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El fallo no significa que Catalina “Xóchitl” Santiago, beneficiaria del DACA cuyo caso dio origen a la decisión, será deportada de inmediato, pero sí da un precedente que puede limitar la capacidad de otros jueces de inmigración para anular casos sólo porque una persona tiene DACA vigente.
Un panel de tres jueces de apelación migratoria dio la razón a abogados del DHS, quienes apelaron la decisión del juez de inmigración Michael Pleters, quien había cancelado el proceso de deportación contra Santiago tomando en cuenta su estatus DACA.
La BIA concluyó que el juez se equivocó al basar su decisión únicamente en esa protección, y envió el caso de regreso para ser revisado por otro juez.
El caso de Santiago llamó la atención nacional después de que fue detenida por el ICE mientras abordaba un vuelo doméstico en El Paso, Texas, en agosto pasado.
La “Soñadora” fue enviada a detención migratoria hasta que Pleters ordenó su liberación en octubre, desde entonces Santiago ha continuado peleando en corte contra la amenaza de deportación.
El DACA fue creado en 2012 para proteger de la deportación a ciertos inmigrantes que llegaron al país siendo niñ@s antes de 2007.
El programa ofrece protección temporal y permiso de trabajo, pero no da residencia permanente, ciudadanía ni un estatus legal definitivo, y l@s beneficiari@s deben renovar su protección cada dos años.
Actualmente, el DACA cubre a alrededor de medio millón de personas.
La nueva decisión de la BIA refuerza el argumento de la administración Trump de que el DACA no equivale a un derecho automático a permanecer en Estados Unidos.
Desde el año pasado, funcionari@s del DHS han señalado que beneficiari@s del programa pueden ser deportad@s y han promovido el mensaje de que algun@s deberían “autodeportarse”.
En una carta enviada a senadores este año, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que entre enero y noviembre del año pasado 261 beneficiari@s de DACA fueron arrestad@s y 86 fueron expulsad@s del país.
El DHS no respondió sobre si actuales “Soñadores” enfrentan ahora mayor riesgo de deportación.
Organizaciones proinmigrantes denunciaron la decisión como parte de un esfuerzo gradual para desmantelar el programa sin terminarlo formalmente.
“Durante más de una década, el DACA ha resistido ataques implacables y políticamente motivados. Esta decisión es otro paso para desmantelar el programa sin que el gobierno asuma la responsabilidad de terminarlo directamente”, señaló Juliana Macedo do Nascimento, Subdirectora de Incidencia y Campañas de United We Dream, organización en defensa de derechos de l@s inmigrantes.
Macedo afirmó que el fallo es un retroceso silencioso de las protecciones, y “las comunidades están pagando el precio en tiempo real”.
La decisión también menciona que el DHS había pedido que el juez Pleters fuera apartado del caso porque está casado con la Asambleísta demócrata Veronica Escobar, de Texas.
Escobar ha sido una defensora pública de DACA en el Congreso, se ha pronunciado sobre el caso de Santiago y representa el distrito que incluye El Paso.
La BIA, sin embargo, no aceptó la apelación por ese argumento, en cambio, sostuvo que el error central fue cerrar el proceso de deportación basándose solamente en el estatus DACA de Santiago.
La Junta de Apelaciones de Inmigración es una corte administrativa dentro del Departamento de Justicia.
Cuando un juez de inmigración emite una decisión, tanto el inmigrante como el DHS pueden apelar ante la BIA.
Sus decisiones públicas son importantes porque fijan precedentes para los jueces de inmigración en todo el país y marcan la forma en que las leyes y políticas migratorias deben interpretarse en casos futuros.
Durante el último año, abogad@s del ICE, en representación del DHS en las cortes migratorias, han interpuesto más apelaciones ante la BIA.
Según datos oficiales, las decisiones públicas de la junta favorecieron a abogad@s del gobierno en 97% de los casos publicados el año pasado, una cifra al menos 30 por ciento superior al promedio de los últimos 16 años.
Las decisiones recientes de la BIA también han hecho más difícil que las cortes migratorias otorguen fianzas en lugar de detención, han facilitado deportaciones a países distintos al de origen de algunos migrantes y se han dado en paralelo a una propuesta regulatoria que dificultaría apelar decisiones migratorias.
El aumento de decisiones publicadas ha sido notable.
En el último año, la junta emitió 70 decisiones públicas, una cifra récord de casos con potencial de sentar precedente.
Las cortes de inmigración forman parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, conocida como EOIR, dentro del Departamento de Justicia. No pertenecen al Poder Judicial federal, lo que significa que funcionan bajo la autoridad del Ejecutivo.
Para los beneficiarios de DACA, la decisión representa otro golpe en un programa que ha estado bajo disputa legal y política durante años.
Aunque DACA sigue vigente, la nueva interpretación reduce una de las defensas que algunos beneficiarios podían usar para evitar que sus casos de deportación avanzaran. Para miles de “dreamers”, muchos de los cuales han estudiado, trabajado y formado familias en Estados Unidos, el fallo confirma que la protección del programa sigue siendo limitada y vulnerable a los cambios de política migratoria.
