Por Redacción
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La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva política migratoria que obligará a miles de personas que buscan obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos, conocida como “green card”, a abandonar el país mientras se procesa su solicitud, una medida que ha provocado críticas inmediatas de legisladores, abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes.
La norma, anunciada este viernes por autoridades federales de inmigración, representa uno de los cambios más drásticos en materia migratoria desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y podría afectar a cientos de miles de personas que actualmente viven y trabajan legalmente en territorio estadounidense mientras esperan una resolución a sus casos.
Hasta ahora, muchos inmigrantes podían realizar el proceso de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, especialmente aquellos con visas de trabajo, asilo aprobado o peticiones familiares activas. Sin embargo, con la nueva política, los solicitantes deberán regresar a sus países de origen para continuar el procedimiento consular y esperar allí la aprobación de la residencia.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) aseguró que existirán excepciones limitadas por “circunstancias extraordinarias”, aunque no detalló con claridad cuáles serán los criterios para otorgarlas.
“El objetivo es reducir la permanencia ilegal de personas cuyos casos son rechazados”, dijo Zach Kahler, portavoz de USCIS, en un comunicado difundido por la agencia. Según el funcionario, el Gobierno considera que exigir a los solicitantes permanecer fuera del país durante el proceso facilitará la supervisión migratoria y disminuirá los casos de personas que se quedan en Estados Unidos después de una negativa.
La decisión se suma a una serie de medidas impulsadas por Trump desde el inicio de su segundo mandato destinadas a restringir tanto la inmigración irregular como varias formas de migración legal.
Una medida que podría separar familias y afectar la economía
La nueva norma ha generado preocupación inmediata entre organizaciones de inmigrantes y expertos legales, quienes advierten que la política podría provocar separaciones familiares prolongadas, pérdida de empleos y un aumento significativo en la incertidumbre migratoria.
Solicitar una green card puede tardar desde varios meses hasta años, dependiendo de la categoría migratoria y del país de origen del solicitante. Durante ese tiempo, muchas personas construyen una vida estable en Estados Unidos, trabajan legalmente, pagan impuestos y tienen hijos ciudadanos estadounidenses.
Para miles de familias, la obligación de abandonar el país representa un riesgo económico y emocional considerable.
“Trump acaba de hacer más difícil la inmigración legal, a propósito”, escribió en la red social X el congresista demócrata Greg Stanton, representante de Arizona. El legislador señaló que Estados Unidos ha logrado atraer durante décadas a científicos, ingenieros, médicos y profesionales altamente capacitados gracias a sus programas migratorios y advirtió que la nueva política podría afectar la competitividad del país.
“Obligar ahora a estos inmigrantes a salir de EE.UU. antes de solicitar la ciudadanía nos privará de su innovación, sus impuestos y sus contribuciones económicas”, afirmó Stanton.
La congresista demócrata Delia C. Ramirez, de Illinois, calificó la política como “más allá de cruel” y criticó duramente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Expertos en inmigración también advierten que la medida podría aumentar los retrasos ya existentes en consulados estadounidenses alrededor del mundo, donde muchas citas migratorias tardan meses o incluso años en programarse.
David J. Bier, director de estudios migratorios del Cato Institute, describió la política como “ilógica” y sostuvo que afectará directamente la capacidad de Estados Unidos para retener talento internacional.
“Impulsará a personas talentosas a irse a otros países y hará que Estados Unidos sea menos competitivo para los negocios”, escribió Bier en un análisis publicado tras el anuncio federal.
Según datos públicos del Departamento de Seguridad Nacional, aproximadamente 1,4 millones de personas obtuvieron la residencia permanente legal durante el año fiscal 2024. Una parte importante de esos casos correspondió a personas que ya residían en Estados Unidos bajo otras categorías migratorias.
Trump endurece también la inmigración legal
Aunque Trump ha centrado gran parte de su discurso político en combatir la inmigración irregular, organizaciones de derechos humanos señalan que su Gobierno también ha endurecido considerablemente las vías legales de inmigración.
Desde el regreso de Trump al poder, la administración ha implementado múltiples restricciones que afectan solicitudes de asilo, programas humanitarios y visas de trabajo y estudio.
Entre las medidas más controvertidas se encuentra la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países afectados por conflictos armados o desastres naturales, lo que deja a miles de inmigrantes en riesgo de deportación.
El Gobierno también suspendió ampliamente la admisión de refugiados, con excepciones limitadas para ciertos grupos específicos, incluyendo ciudadanos sudafricanos blancos, una decisión que generó críticas internacionales.
Además, las autoridades federales han incrementado las revisiones de antecedentes y controles de seguridad para quienes solicitan visas laborales, estudiantiles y beneficios migratorios permanentes.
Tras el tiroteo ocurrido el año pasado en Washington, donde murieron dos miembros de la Guardia Nacional, la administración anunció una revisión exhaustiva de todas las green cards emitidas a ciudadanos provenientes de 19 países considerados “de preocupación” por motivos de seguridad nacional.
Sin embargo, defensores migratorios han señalado que el presunto responsable del ataque había solicitado asilo y no una green card, por lo que consideran que el Gobierno está utilizando el caso para justificar restricciones más amplias.
Abogados especializados anticipan que la nueva política enfrentará múltiples demandas en cortes federales. Diversas organizaciones sostienen que la medida podría violar principios de debido proceso y afectar desproporcionadamente a familias inmigrantes con procesos legales pendientes.
También existe preocupación entre empresas estadounidenses que dependen de trabajadores extranjeros altamente calificados. Sectores como tecnología, salud, investigación científica y educación superior podrían enfrentar mayores dificultades para retener talento internacional si los trabajadores deben abandonar el país durante períodos prolongados e inciertos.
La política migratoria continúa posicionándose como uno de los temas centrales de la administración Trump rumbo al próximo ciclo electoral. Mientras la Casa Blanca insiste en que las medidas buscan reforzar el control fronterizo y la seguridad nacional, críticos aseguran que las nuevas restricciones están transformando profundamente el sistema de inmigración legal de Estados Unidos.
Analistas consideran que la medida podría tener repercusiones más allá del ámbito migratorio, afectando la economía, el mercado laboral y la percepción internacional de Estados Unidos como destino para trabajadores, estudiantes y familias inmigrantes.
Por ahora, miles de personas con solicitudes pendientes enfrentan incertidumbre sobre cómo la nueva norma cambiará sus vidas y si podrán continuar sus procesos sin abandonar el país donde han construido sus hogares, carreras y comunidades.
