Por El Latino Newsroom
Tras años de retrasos y bajo una intensa presión política por recientes tiroteos mortales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció que comenzará a equipar a sus agentes de campo con cámaras corporales en todo el país.
Sin embargo, las directivas internas de la agencia le otorgan un amplio margen de discreción para decidir qué grabaciones se harán públicas, estableciendo que cualquier divulgación deberá ser evaluada bajo el criterio de responder a su “mejor interés”.
La implementación masiva del equipo audiovisual está programada para concretarse a finales de septiembre de 2026. La medida cobra relevancia tras la muerte de civiles a manos de agentes federales en Texas y Maine durante operativos de control migratorio. Las circunstancias de estos incidentes han intensificado los reclamos de legisladores y activistas que exigen una mayor rendición de cuentas, un objetivo que, en teoría, la tecnología de video busca garantizar.
A pesar de la inversión de decenas de millones de dólares en dinero público para financiar el equipo, analistas y expertos en políticas policiales advierten que la regulación adoptada por la agencia gubernamental podría limitar el acceso de la ciudadanía a la verdad en casos de enfrentamientos controvertidos. La normativa estipula que la divulgación de imágenes de tiroteos o incidentes con heridos graves o fallecidos solo se autorizará de inmediato si la dirección del organismo considera que la medida favorece institucionalmente a la entidad.
Para el profesor Christopher Schneider, especialista de la Universidad de Brandon en Canadá y coautor de estudios sobre vigilancia policial, este lenguaje refleja un uso estratégico de las herramientas visuales. «En cierto modo, el ICE está diciendo abiertamente lo que muchos piensan. Las cámaras corporales se utilizan como herramientas de imagen contemporáneas para presentar a la policía al público de la manera más favorable posible», afirmó el académico al analizar el alcance de la regulación.
Discreción administrativa y protocolos de retención de imágenes
Las directivas de funcionamiento exigen que los funcionarios activen sus cámaras durante intervenciones rutinarias, tales como ejecuciones de órdenes de registro, arrestos en la vía pública y respuestas a situaciones de emergencia. Tras el registro de un tiroteo o un uso severo de la fuerza, un comité interno integrado por altos mandos y asesores legales debe evaluar las grabaciones para emitir una recomendación sobre su difusión dentro de un plazo de 72 horas.
No obstante, el reglamento otorga al director del ICE la facultad de bloquear o retrasar de forma indefinida la publicación del material si considera que existen “circunstancias específicas y convincentes”. La agencia no ha especificado cuáles son los criterios concretos para definir tales excepciones, lo que genera dudas sobre los estándares de transparencia que se aplicarán en investigaciones futuras.
Adicionalmente, el protocolo establece que, en caso de que un video sea publicado, la agencia deberá difuminar o eliminar todos los datos que permitan identificar a los agentes involucrados, incluyendo sus rostros, nombres y números de placa, con el objetivo explícito de proteger su privacidad.
Las políticas de divulgación difieren sustancialmente entre las distintas jurisdicciones de Estados Unidos. Mientras que en ciudades como Chicago los organismos independientes de supervisión policial están obligados a publicar los videos de tiroteos en un plazo máximo de 60 días, agencias federales como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han retenido durante meses materiales sensibles vinculados a investigaciones en curso, argumentando la necesidad de resguardar el debido proceso.
Proceso de adquisición, financiamiento e impacto político
El despliegue operativo cobra impulso tras la asignación de 30.9 millones de dólares realizada en julio para la compra de equipos a la firma Axon, proveedora de tecnología de seguridad federal. La transacción se ejecutó poco después de que un agente matara a un automovilista en el estado de Maine y semanas después de otro incidente fatal registrado en Houston durante un intento de arresto. Ninguno de estos eventos fue registrado en video, lo que desató duras críticas en el Congreso.
Los fondos utilizados forman parte de una partida de 20 millones de dólares aprobada por el Poder Legislativo para destrabar el presupuesto federal en abril, sumada a contratos gubernamentales previos. Según datos proporcionados por legisladores a cargo de la supervisión presupuestaria, más de la mitad de la fuerza operativa de la agencia ya ha recibido los dispositivos y ha comenzado la fase de capacitación técnica, incluyendo a las unidades desplegadas en áreas metropolitanas de alta actividad como Houston.
Por su parte, voceros del gobierno federal y asesores de la Casa Blanca sostienen que la adopción de las cámaras corporales servirá primordialmente para exonerar a los agentes ante acusaciones infundadas de mala conducta durante las operaciones de campo. Sin embargo, exfuncionarios de la administración anterior señalan que la implementación tardía responde a una maniobra política para aplacar la presión pública tras los tiroteos, en lugar de constituir una reforma integral en los métodos de patrullaje.
A medida que las agencias ejecutoras avanzan en la distribución de las cámaras antes de la fecha límite de septiembre, las organizaciones de derechos civiles han anunciado que mantendrán la supervisión legal para exigir que la información recopilada por los dispositivos no sea utilizada de manera selectiva y se garantice el acceso público a las investigaciones de abusos policiales.
