Por Agencias
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Un grupo de inmigrantes indocumentados se apuntó una victoria legal al lograr un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como resultado de una demanda en la que se alegó que la agencia se ha involucrado en una campaña de intimidación y arrestos en “venganza” por las denuncias públicas que han hecho en su contra.
Como parte del acuerdo el tribunal ordenó que el DHS se abstenga de vigilar y arrestar a los demandantes por ejercer sus derechos de libre expresión y libre asociación protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución, indica el comunicado en el que se informa del acuerdo logrado esta semana.
Así, la agencia federal no podrá tampoco deportar a los demandantes Víctor García Díaz, José Enrique Balcazar Sánchez y Zully Palacios Rodríguez, miembros de la organización Justicia Migrante en Vermont, que también es parte de la acción legal.
Los arrestos de García, Balcazar y Palacios los habían colocado en riesgo de ser deportados, pero como parte del acuerdo el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no podrá sacarlos del país.
“Hace más de tres años, el ICE me atacó por mi activismo político y me mantuvo detenido durante 11 días. Desde entonces han estado tratando de deportarme”, indicó Balcazar.
“Queremos que esto se convierta en un precedente para que otros grupos y líderes comunitarios puedan organizarse sin temor a represalias, porque el miedo no es una opción para nuestra comunidad”, afirmó el trabajador agrícola.
Los demandantes alegaron al tribunal que el ICE, como parte del DHS, se ha involucrado en una campaña desde 2014 en que ha vigilado y arrestado a miembros de Justicia Migrante, en “venganza” por las denuncias públicas que han hecho en su contra.
“Con este acuerdo hemos demostrado que no retrocederemos ante los abusos del ICE. Han tratado de silenciarnos aterrorizando a nuestra comunidad y apuntando a nuestros líderes, pero estamos aquí para decir que no seremos silenciados”, indicó por su parte García.
La demanda señala que el ICE se ha infiltrado en reuniones de Justicia Migrante y se ha involucrado en campañas de desinformación para sembrar la desconfianza.
En un intento de socavar la organización, el ICE difundió información falsa sobre esta, incluyendo que el personal colaboraba con la agencia para localizar y detener a inmigrantes, de acuerdo con el comunicado.
Cuando se presentó la demanda en noviembre de 2018, el ICE ya había detenido a más de 20 personas que participaban activamente en los eventos de Justicia Migrante, incluido el liderazgo más destacado de la organización.
La demanda documentó cómo durante el transcurso de los arrestos, los agentes migratorios acosaron e intimidaron a los líderes comunitarios.
El ICE recopiló expedientes sobre estos, incluidas sus páginas de redes sociales y apariciones en los medios, agrega el comunicado.
Aseguraron que el ICE ha llevado a cabo todas esas acciones porque los demandantes se han involucrado en actividades protegidas por la Primera Enmienda y para impedir que otros se involucren en actividades similares.
Se alegó además que el ICE llevó a cabo su agenda “vengativa” con la ayuda de empleados del Departamento de Vehículos de Motor (DMV, por sus siglas en inglés) de Vermont, que motivados “por el racismo y la xenofobia” le proveyó de información privada de los inmigrantes.
Justicia Migrante alegó que la acción del ICE les había afectado para organizar y abogar por los trabajadores migrantes.
Así, Justicia Migrante realizó un marcha en pro de los derechos de los indocumentados defensores de derechos humanos, que supuestamente se vieron atacados por el ICE.
El acuerdo también prohíbe al DMV retener copias de certificados de nacimiento, pasaportes y otra información confidencial del solicitante de una licencia, y exige a la agencia reentrenar al personal y contratar a un auditor externo para vigilar el cumplimiento del acuerdo.
