Por Redacción
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Una mujer guatemalteca que dio a luz en un hospital de Arizona enfrenta ahora un proceso de deportación, días después de haber cruzado la frontera de manera irregular y deambular embarazada por el desierto.
Identificada únicamente como Erika por razones de privacidad, la mujer de 27 años fue detenida por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cerca de Tres Bellotas Ranch, unos 120 kilómetros al suroeste de Tucson. Erika, embarazada de ocho meses, había pasado dos días sola en el desierto antes de ser detenida el lunes, informó su abogado, Luis Campos, a CNN.
Dos días después, Erika dio a luz a una niña en el Centro Médico de Tucson. Durante su hospitalización, agentes federales se mantuvieron apostados fuera de su habitación.
“El trato fue deshumanizante desde el primer momento”, dijo Campos, quien afirmó que las autoridades le impidieron reunirse con su clienta en el hospital y que no pudo obtener su firma en el formulario G-28, necesario para representarla legalmente en su caso migratorio. “No hubo respeto por el debido proceso”, añadió.
Inicialmente, Erika fue procesada bajo el mecanismo de deportación expedita, que permite a los agentes federales expulsar rápidamente a personas sin documentos. Sin embargo, tras una intensa presión de la comunidad local y organizaciones defensoras de los derechos migratorios, el viernes se le emitió una Notificación de Comparecencia, lo que le permitirá presentar su caso ante un juez de inmigración.
La mujer fue puesta en libertad el sábado por la mañana y actualmente se encuentra en Phoenix, donde permanece junto a su bebé. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) asumió la custodia del caso, mientras Erika inicia el proceso para solicitar asilo en Estados Unidos. Su abogado asegura que Erika huyó de Guatemala debido a la violencia, y que las autoridades de su país no pudieron garantizar su seguridad.
“Lo único que pedimos desde el principio fue una oportunidad justa: comparecer ante un juez imparcial, presentar pruebas, contar con representación legal”, explicó Campos.
Un portavoz de CBP confirmó que Erika cruzó la frontera de forma irregular, pero insistió en que “en todo momento, los agentes actuaron conforme a la ley y los protocolos establecidos”.
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, expresó preocupación por el trato recibido por la mujer. “Apoyamos la seguridad fronteriza, pero nos oponemos firmemente a prácticas inhumanas en la aplicación de políticas migratorias”, indicó su oficina en un comunicado.
El hospital se negó a comentar sobre el caso, citando leyes de privacidad.
Mientras tanto, Campos cuestiona la aparente “elección” que se da a padres como Erika: regresar con sus hijos ciudadanos estadounidenses a sus países de origen o dejar que el gobierno los ubique con familiares designados. “Eso no es una elección real. Mi clienta no tiene redes de apoyo aquí, pero su hija —una ciudadana estadounidense— enfrentaría peligros reales en Guatemala”, afirmó.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló que se toma muy en serio su responsabilidad de proteger a los niños y que continuará colaborando con las autoridades para garantizar su bienestar.
Erika aguarda ahora una entrevista de miedo creíble, primer paso en su solicitud formal de asilo, con la esperanza de poder quedarse en el país y criar a su hija en un entorno seguro.
