Por El Latino Newsroom
El Gobierno de México anunció que llevará el caso de 17 ciudadanos mexicanos fallecidos en Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump al ámbito judicial estadounidense, mediante acciones penales y civiles que buscan establecer responsabilidades y exigir protección para los derechos humanos de los migrantes.
La decisión surge tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano de 52 años que falleció esta semana luego de recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Texas. El caso ha intensificado las tensiones entre ambos países y motivó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a ampliar su respuesta más allá de las gestiones diplomáticas.
Las autoridades mexicanas sostienen que el fallecimiento de Salgado forma parte de un patrón de muertes relacionadas con procedimientos migratorios en Estados Unidos y anunciaron una estrategia legal que incluye denuncias penales, demandas civiles y recursos ante organismos internacionales.
México buscará investigaciones penales y demandas civiles
El canciller Roberto Velasco informó que el Gobierno solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales estadounidenses y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El objetivo es que se investiguen las circunstancias de las 17 muertes de ciudadanos mexicanos ocurridas durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia de ICE.
Según explicó el funcionario, del total de casos registrados, 14 corresponden a personas que fallecieron mientras permanecían detenidas en centros administrados para ICE, mientras que los tres restantes ocurrieron durante operativos de la agencia migratoria, incluido el caso de Lorenzo Salgado.
Velasco señaló que México busca que las autoridades estadounidenses determinen si existieron responsabilidades penales y establezcan las sanciones correspondientes en caso de encontrarse irregularidades.
En el caso de Lorenzo Salgado, las autoridades estadounidenses sostienen que el agente disparó en defensa propia luego de que el inmigrante presuntamente intentara atropellarlo durante un operativo de detención.
Sin embargo, familiares del mexicano rechazan esa versión y aseguran que Salgado, quien residía desde hacía casi 35 años en Estados Unidos, actuó por miedo al ser seguido por vehículos sin distintivos oficiales cuando se dirigía a su trabajo acompañado por otras personas.
Además de las acciones penales, el gobierno mexicano anunció que iniciará procesos civiles contra empresas privadas responsables de administrar centros de detención migratoria donde ocurrieron varias de las muertes.
Las autoridades enviarán notificaciones legales de «cese y desistimiento» para exigir que esas compañías modifiquen las condiciones que, según México, contribuyeron al fallecimiento de ciudadanos mexicanos bajo su custodia.
Sheinbaum también acudirá a organismos internacionales
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración decidió ampliar la respuesta jurídica al considerar que existen posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes mexicanos.
La mandataria calificó la muerte de Lorenzo Salgado como un hecho «triste y lamentable» y aseguró que el Gobierno agotará todos los mecanismos legales disponibles para proteger a sus connacionales en territorio estadounidense.
Además de las acciones judiciales, México presentará solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas de protección en favor de los mexicanos recluidos en centros de detención migratoria.
El Gobierno también acudirá ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el propósito de solicitar seguimiento internacional a las condiciones en que permanecen los migrantes bajo custodia de ICE.
Velasco indicó que, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, México ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta relacionadas con el fallecimiento de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos.
De acuerdo con el canciller, las autoridades estadounidenses han respondido informando que los distintos casos permanecen bajo investigación.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha sostenido en reiteradas ocasiones que los centros de detención de ICE cumplen con las normas federales y ha rechazado las acusaciones de malos tratos sistemáticos hacia los inmigrantes, pese a las críticas formuladas por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Aunque Sheinbaum confirmó que continuará el diálogo diplomático con Washington, dejó claro que México considera necesario complementar esa vía con acciones legales para buscar justicia en los casos registrados.
El anuncio representa uno de los pasos más firmes adoptados por el gobierno mexicano frente a la política migratoria estadounidense y abre un nuevo capítulo en la relación bilateral, en momentos en que el tema migratorio continúa siendo uno de los asuntos más sensibles entre ambos países.
