Por Redacción
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Un padre de familia Moorpark enfrenta 11 cargos por delitos graves relacionados con armas y un cargo por delito menor de poner en peligro a un menor, después de que su hijo de 10 años presuntamente llevara munición real a la escuela primaria, informaron la Fiscalía del condado de Ventura.
Ricardo Fausto Núñez, de 40 años, se declaró inocente durante la lectura de cargos el 10 de junio en el Tribunal Superior del condado de Ventura.
Los cargos por delitos graves incluyen dos cargos por posesión de armas de asalto y nueve cargos por posesión de cargadores de alta capacidad; la denuncia también alega que el niño víctima era «particularmente vulnerable».
El personal de la Academia Preparatoria Universitaria Campus Canyon alertó a un oficial de recursos escolares el 27 de mayo, después de que l@s estudiantes reportaran haber estado circulando municiones sueltas, según la Fiscalía.
El niño les dijo a los administradores que había encontrado las balas en su casa y que también había otras municiones y armas de fuego allí, informaron las autoridades.
Los detectives del Alguacil del Condado que registraron la residencia informaron haber incautado dos rifles AR-15 sin registrar, además de nueve cargadores de gran capacidad y más de 220 cartuchos de munición variada.
Los investigadores afirmaron que ninguno de los artículos estaba bajo llave ni asegurado.
«Este caso es un duro recordatorio de la importancia de almacenar de forma segura todas las armas de fuego y municiones, especialmente cuando hay niñ@s en casa», declaró el Fiscal de distrito Erik Nasarenko, añadiendo que los propietarios de armas tienen la obligación legal de mantenerlas fuera del alcance de los menores.
Núñez fue puesto en libertad bajo fianza de $20,000 dólares y tiene programada una audiencia preliminar para el 22 de julio ante el juez Bruce Young en los Tribunales de la Corte.
La ley de California exige que las armas de fuego se guarden con un dispositivo de cierre o en un contenedor seguro cuando haya niño@s presentes.
VPD: NUEVO SUBJEFE
El Comandante de la Policía de Ventura (VPD), Matt Cain, ha sido ascendido a Subjefe, anunció la agencia este miércoles.
Cain, un veterano con 25 años de experiencia en el Departamento de Policía de Ventura y casi 30 años en las fuerzas del orden, asumirá el cargo el sábado 21 de junio.
El ahora Subjefe, supervisará las operaciones administrativas, incluyendo estándares profesionales, investigaciones, oficiales de recursos escolares, registros y servicios empresariales.
«En el Departamento de Policía de Ventura contamos con excelentes personas, lo que hace que las decisiones de ascenso sean increíblemente competitivas. Matt es un líder comprobado que aporta una vasta experiencia en operaciones tácticas y desarrollo de personal, y le apasiona servir a nuestra comunidad», declaró el jefe de policía David Dickey en un comunicado.
Cain, de 53 años, se unió al Departamento de Policía de Los Ángeles en 1996 y se trasladó a Ventura cuatro años luego, posteriormente, ascendió a cabo en 2006, sargento en 2012 y comandante en 2020.
Actualmente dirige la Unidad de Estándares Profesionales y Desarrollo, gestionando el reclutamiento, los asuntos internos, la capacitación y el programa de voluntariado.
También se desempeña como oficial ejecutivo del equipo SWAT del departamento. A lo largo de su carrera, Cain ha liderado la Unidad de Delitos Graves, el equipo SWAT y el Equipo de Negociación de Crisis, y ha desempeñado funciones en delitos de tráfico y callejeros.
Está certificado como instructor de simulador de operaciones de vehículos de emergencia y opciones de fuerza POST.
Entre sus distinciones se incluyen la Medalla al Servicio Meritorio del Departamento de Policía de Los Ángeles (1997), la Medalla al Mérito de la Policía de Ventura (2007) y el premio al Supervisor del Año de la ciudad en 2015 y 2019.
Cain tienen una licenciatura en Justicia Penal por la Universidad Channel Islands y egresado del Instituto de Liderazgo de Supervisión Sherman Block.
COMPAÑÍA ES MULTADA POR PESTICIDAS
Pure Maintenance Holdings y sus ejecutivos pagarán $425,000 y reestructurarán sus operaciones tras ser acusados de comercializar falsamente pesticidas desinfectantes «niebla seca» como aprobados por el gobierno y no tóxicos, anunció la fiscalía el martes.
El acuerdo resuelve una demanda civil presentada en el Tribunal Superior del Condado de Sacramento por el fiscal de distrito del Condado de Santa Bárbara, John Savrnoch, y otros 10 fiscales de California.
El acuerdo se dirige a Pure Maintenance Holdings, su filial Pure Products, el fundador de la compañía, Michael Adams, así como a su hijo, el Director Ejecutivo, Brandon Adams.
Los demandados no admitieron responsabilidad, pero acordaron una sentencia estipulada en el caso.
Según la demanda, la empresa con sede en Oregón licencia sus máquinas de «niebla seca» y vende dos pesticidas, InstaPure y EverPure, a licenciatarios de todo el país.
La fiscalía afirmó que la publicidad de la compañía afirmaba que los productos estaban aprobados por la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Regulación de Pesticidas de California, a pesar de que ninguna de las dos agencias los había registrado.
Los anuncios también afirmaban que InstaPure eliminaba «todas las bacterias y virus», una afirmación muy difundida durante la pandemia de COVID-19, y que EverPure contaba con la certificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), para su esterilización.
Los materiales de marketing describían además el tratamiento de nebulización como «seguro, ecológico, natural y no tóxico», a pesar de que las normas federales exigen la inclusión de las palabras «ADVERTENCIA» o «PELIGRO» en las etiquetas debido a su toxicidad, según la demanda.
Además, Pure Maintenance presuntamente vendió pesticidas, tanto registrados como no registrados, en California sin la licencia de intermediario ni el impuesto de evaluación de fábricas exigido por la ley estatal.
Según la sentencia, $100,000 dólares de la multa total se destinarán al condado de Santa Bárbara: $50,000 para futuras medidas de protección al consumidor y otros $50,000 para reembolsar los gastos de investigación.
Los fondos restantes se dividirán entre los demás condados implicados.
La orden judicial también obliga a la empresa a contratar a un gestor de cumplimiento independiente y a adoptar estrictos protocolos internos para garantizar que la publicidad futura se ajuste a las etiquetas de los pesticidas y a los requisitos reglamentarios.
Savrnoch elogió al fiscal adjunto Christopher Dalbey, al investigador fiscal Robert Parmelee y a la Fiscalía del Condado de Sacramento por lo que denominó «excepcional experiencia» en el caso.
«Las regulaciones sobre pesticidas existen proteger a to@os los que venden, aplican o compran estos productos. L@s consumidores merecen información veraz para poder tomar decisiones informadas sobre cómo gastar el dinero», explicó Parmelee.
El acuerdo prohíbe a los demandados alegar una aprobación federal o estatal que sus productos no tienen, y describir los pesticidas como no tóxicos cuando las etiquetas indiquen lo contrario.
Incumplir la sentencia podría dar lugar a multas adicionales o a procedimientos por desacato.
