Por Redacción
redaccion@latinocc.com
Brasil impulsa inversiones verdes en la Amazonía
El gobierno brasileño anunció el lunes que ha comprometido $3,100 millones de reales, unos $617.5 millones de dólares, para promover la inversión ecológica en la región amazónica.
Estos fondos forman parte de una ampliación de Eco Invest, un programa federal anunciado durante la COP30 del año pasado, la cumbre climática anual de las Naciones Unidas que tuvo a Brasil como anfitrión.
La iniciativa está diseñada para atraer inversión privada hacia empresas y proyectos que fomenten el turismo sostenible, mejoren la infraestructura en la Amazonia y expandan la “bioeconomía”: una actividad económica basada en los recursos naturales que busca preservar el bosque.
La Amazonia es la selva tropical más grande del mundo y desempeña un papel fundamental en la regulación del clima global.
Brasil alberga más del 60% de este bosque, gran parte del cual se extiende por algunos de los estados más pobres del país.
Los proyectos en la región suelen considerarse costosos y de alto riesgo para los inversores, lo cual ha limitado el crecimiento de negocios sostenibles en las comunidades remotas.
La administración del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva puso en marcha Eco Invest en 2024 con el objetivo de mitigar dicho riesgo, ofreciendo garantías y atrayendo capital privado.
Cómo funciona Eco Invest
El programa emplea un modelo de financiación mixta.
Bajo esta estructura, el Tesoro Nacional de Brasil otorga préstamos a los bancos a una tasa de interés anual del 1 %.
A cambio, los bancos tienen la obligación de movilizar al menos cuatro veces esa cantidad en inversión privada. Los inversores extranjeros deben aportar, como mínimo, el 60 % del total.
Hasta la fecha, Eco Invest ha comprometido 140.000 millones de reales, o cerca de 28.000 millones de dólares, en recursos combinados, tanto públicos como privados, según informaron las autoridades brasileñas.
En la subasta más reciente del programa, el Tesoro Nacional asignó 3.100 millones de reales, mientras que ocho bancos comprometieron otros 10.100 millones de reales, aproximadamente $2,000 millones de dólares, tal como anunció el Ministerio de Medio Ambiente.
Carina Pimenta, secretaria nacional de Bioeconomía del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, señaló que estos créditos podrían servir de apoyo a las cooperativas dedicadas a la producción de productos amazónicos, tales como el açaí y las nueces de Brasil.
Asimismo, podrían contribuir a financiar la infraestructura turística en las áreas de conservación.
Los defensores del programa sostienen que esta iniciativa podría ayudar a generar alternativas económicas en las comunidades amazónicas, donde la pobreza y la falta de infraestructura han propiciado, con frecuencia, la minería ilegal, la tala indiscriminada y la apropiación indebida de tierras.
Al respaldar la producción local y el turismo sostenible, el gobierno aspira a lograr que la preservación del bosque resulte económicamente viable.
Compromiso climático bajo observación
Sin embargo, la política ambiental de Brasil sigue bajo escrutinio. João Paulo Capobianco, un alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, señaló que algunas iniciativas legislativas han suscitado dudas sobre el rumbo ambiental del país.
Aún así, afirmó que Brasil mantiene su compromiso con sus objetivos climáticos.
“Demostraremos que Brasil se mantiene en la senda del control y la reducción de la deforestación”, declaró Capobianco.
La expansión de Eco Invest se produce en un momento en que Brasil busca posicionarse como líder mundial en política climática y protección forestal.
Se prevé que la capacidad del país para reducir la deforestación, al tiempo que amplía las oportunidades económicas en la Amazonia, siga constituyendo una prueba fundamental para la administración de Lula.
Colombia enfrenta nueva amenaza: ataques con drones
En Colombia, las autoridades y los residentes del suroeste afirman que los ataques con drones están cambiando la naturaleza de la violencia en las comunidades afectadas por grupos armados ilegales.
En Robles, una localidad del municipio de Jamundí, las calles que conducen a la estación de policía están bloqueadas por barricadas improvisadas.
Los agentes de policía se encuentran atrincherados en puestos de vigilancia, protegidos por sacos de arena y telas negras, mientras escudriñan el cielo en busca de drones que se aproximen.
“Uno pasa por la estación de policía con una sensación de pavor, mirando hacia arriba, con la esperanza de no toparse con una desagradable sorpresa”, comentó Eucaris Zamora, quien se vio obligada a abandonar su hogar después de que una bomba lanzada desde impactara en su vivienda en octubre, dejándola parcialmente destruida.
Las autoridades de seguridad señalan que los grupos armados de la región han modificado sus tácticas mediante el uso de drones en ataques coordinados.
Guillermo Londoño, funcionario de seguridad en el Valle del Cauca, departamento de Jamundí, indicó que los grupos clandestinos han buscado maximizar los daños ejecutando ataques simultáneos con drones, al estilo de un “enjambre”.
Esto marca un cambio respecto a los métodos empleados anteriormente, cuando los atacantes lanzaban un solo dron, lo recargaban y luego retomaban el asalto.
Una tecnología que transforma el conflicto
Los drones modificados para lanzar explosivos han alterado la dinámica del conflicto armado colombiano desde 2024.
Las autoridades afirman que estos dispositivos constituyen ahora una de las mayores amenazas tanto para la población civil como para las fuerzas de seguridad, especialmente a lo largo de la frontera con Venezuela, en el norte del departamento de Bolívar y en las zonas costeras del suroeste.
El Ministerio de Defensa de Colombia informó que los ataques con drones impactaron 333 objetivos en 2025, lo que representa un marcado aumento respecto a los 61 incidentes de este tipo registrados en 2024.
El Ejército ha contabilizado 107 ataques con drones en lo que va del año, los cuales han cobrado la vida de dos soldados.
El repunte de la violencia perpetrada con drones ha ejercido una presión adicional sobre la estrategia de “paz total” del presidente Gustavo Petro: un ambicioso plan cuyo objetivo es poner fin a uno de los conflictos internos más prolongados del mundo mediante la negociación con los grupos armados.
Los funcionarios de las regiones afectadas consideran que sus comunidades se han convertido en víctimas colaterales de este enfoque. El presidente Petro ha reconocido que la iniciativa no ha logrado su meta de desarmar a las redes ilegales.
Desde entonces, su gobierno ha endurecido su postura frente a algunos grupos, suspendiendo las negociaciones con aquellas organizaciones que persisten en ejercer la violencia, al tiempo que mantiene abiertos los canales de diálogo con otras.
Para los residentes, la preocupación inmediata no es la diplomacia, sino la supervivencia. El uso creciente de drones ha vuelto la vida cotidiana más impredecible, transformando comisarías de policía, carreteras y viviendas cercanas en posibles objetivos.
Estos ataques también reflejan cómo los grupos armados están adaptando tecnología de bajo costo para desafiar al Estado. Los drones, que en el pasado se asociaban mayormente con la vigilancia o el uso comercial, se están transformando ahora en armas capaces de sembrar el miedo mucho más allá de las zonas de combate tradicionales.
Dos desafíos distintos para América Latina
En conjunto, el impulso de Brasil a la inversión en la Amazonía y la lucha de Colombia contra la guerra con drones muestran dos caras muy distintas de los desafíos actuales de América Latina. Una se centra en la transformación ambiental y económica a largo plazo; la otra constituye una advertencia de que los viejos conflictos pueden evolucionar rápidamente gracias a las nuevas tecnologías, dejando a civiles y fuerzas de seguridad expuestos a amenazas que resultan más difíciles de predecir y de contener.
