Por Carlos Hernández
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Lamentable resulta otra grotesca movida por parte de la Administración Trump en este mes de mayo cuando se celebra el Mes de la Concientización de la Salud Mental a nivel nacional, ya que este pseudo líder canceló esta semana $1 mil millones de dólares para su tratamiento.
Y es que en tiempos en los que las crisis de salud mental entre los jóvenes alcanzan niveles sin precedentes, la decisión de la administración Trump de cancelar subvenciones escolares destinadas a contratar consejeros y psicólogos no solo es cruel, sino también inhumana.
Es una bofetada directa a millones de estudiantes que enfrentan ansiedad, depresión, traumas y aislamiento, muchos de ellos alimentados por la pandemia, la violencia armada en las aulas o la precariedad social, y para los estudiantes latinos, ese temor diario a causa de la amenaza de una deportación de ell@s o un ser querido.
Con este recorte, millones de niñ@s y adolescentes se quedan sin una red esencial de apoyo, una total vergüenza.
Esta medida, que la propia administración republicana justifica como una revisión en pro de la “equidad y el mérito”, es en realidad un acto ideológico disfrazado de burocracia técnica.
La eliminación de estos fondos, implementados a través de un plan firmado por el presidente Joe Biden en 2022, es parte de una ofensiva más amplia del trumpismo contra todo lo que huela a diversidad, equidad e inclusión (DEI por sus siglas en inglés).
Las mismas líneas de ayuda que financiaban personal capacitado para atender traumas infantiles ahora son tildadas de “discriminatorias” por su intención de promover equipos diversos.
Sin embargo, como queda expuesto y explicado por parte de expertos que entrevisté para el artículo de portada de esta edición, la salud mental no respeta, edad, sexo, raza o estatus social, es un problema de tod@s.
Lo peor de los casos es que los expertos e investigaciones científicas constatan que entre más rápido se traten los problemas de salud mental, mucho más fácil es de superarlos y evitar trastornos graves.
Los funcionarios del Departamento de Educación, sin embargo, en un mensaje a miembros del Congreso, aseguraron que el dinero será redirigido a programas de salud mental “más efectivos”.
Pero no ofrecieron detalles concretos, en su lugar, el portavoz conservador Christopher Rufo, conocido por su guerra cultural contra el pensamiento crítico racial y los derechos de género, celebró la cancelación en redes sociales y calificó estos fondos de “slush fund”, es decir, un fondo fraudulento, para activistas “bajo la excusa de la salud mental”.
No, Rufo, no se trata de activismo ni de agendas ocultas, se trata de los 40 millones de estudiantes en toda la nación, much@s de ellos enfrentando traumas diarios, desde la violencia doméstica hasta el miedo constante a un tiroteo en su escuela.
Se trata de las familias, especialmente las de bajos ingresos y comunidades históricamente marginadas como la nuestra, la latina, que encuentran en el sistema escolar la única vía de acceso a servicios de salud mental.
Cortar esta ayuda no es neutralidad racial ni eficiencia fiscal: es abandono.
Además, la idea de que priorizar la diversidad al contratar psicólogos y consejeros es de algún modo una violación a los derechos civiles, es un argumento que raya en el cinismo.
Los estudios han demostrado repetidamente que la representación importa.
Un estudiante latin@ que ve en su consejer@ a alguien que comparte su historia y sus raíces culturales, está más dispuest@ a abrirse, a confiar, a sanar.
Lo mismo ocurre con estudiantes negr@s, asiátic@s o indígenas, negar ese valor es ignorar décadas de investigación en salud mental y desarrollo infantil.
Más preocupante aún es el patrón que se repite.
Desde que recuperó influencia dentro del Partido Republicano, el trumpismo ha perseguido con saña toda política de equidad racial en escuelas y universidades.
Ha censurado libros, clausurado programas, acosado a docentes y ahora asesta un golpe a los servicios de salud mental en nombre de una “meritocracia” mal entendida que, en realidad, nunca ha existido para los sectores más vulnerables del país.
Si de verdad queremos un país más justo, más sano y más fuerte, necesitamos invertir más, no menos, en salud mental, sobre todo por el caos que se da desde que Trump tomará posesión.
La cancelación de estos fondos no es una simple decisión administrativa. Es una traición… y es hora de que la llamemos por su nombre.
El costo de esta decisión no se medirá en dólares, sino en vidas rotas. En la niña que sufría bullying y no tendrá con quién hablar. En el adolescente que perdió a su hermano por la violencia armada y no encontrará ayuda.
En los maestros que seguirán haciendo de consejeros improvisados porque no habrá personal capacitado para ello.
