Por Redacción
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Separadas durante 40 días, el periodo más largo en sus vidas, María de Jesús Estrada Juárez y su hija se abrazaron con fuerza al reencontrarse, como si temieran volver a perderse. “Lo lograste, mamá”, le dijo su hija, Damaris Bello, en un momento que marcó el final de una batalla legal y emocional contra su deportación.
Estrada Juárez, de 42 años, logró regresar a Estados Unidos tras ser expulsada a México, a pesar de haber vivido en el país durante casi tres décadas bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una política que protege temporalmente a inmigrantes que llegaron siendo menores.
Su caso ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de este programa, que aunque ofrece protección contra la deportación, no otorga un estatus migratorio permanente ni garantías absolutas frente a errores administrativos o decisiones discrecionales.
La mujer fue detenida en febrero durante una cita relacionada con su proceso para obtener la residencia legal. Según su testimonio, no tuvo oportunidad de despedirse de su hija ni de defenderse ante un juez antes de ser deportada.
“Fue un momento devastador. Sentí que me arrebataron la vida”, relató Estrada Juárez tras su regreso. “Nunca imaginé que hacer las cosas correctamente me pondría en riesgo”.
Datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que, entre enero y noviembre de 2025, al menos 261 beneficiarios de DACA fueron arrestados y 86 deportados, lo que contradice la percepción de seguridad que muchos tienen bajo este programa.
Tras su expulsión, Estrada Juárez presentó una demanda contra el gobierno federal con el apoyo de su abogada. Un tribunal federal determinó que su deportación fue ilegal y ordenó a las autoridades facilitar su regreso a Estados Unidos.
En su fallo, la jueza criticó duramente la actuación del gobierno, señalando que ninguna agencia puede actuar fuera de la ley, incluso cuando busca cumplir objetivos administrativos. La decisión fue considerada por expertos como un recordatorio de los límites legales del sistema migratorio.
“Este caso demuestra que incluso dentro de programas de protección, existen fallas graves que pueden afectar a personas con arraigo profundo en el país”, dijo un analista en políticas migratorias consultado para este reportaje. “La falta de claridad legal en DACA deja a muchos en una situación vulnerable”.
Siete días después de la orden judicial, Estrada Juárez cruzó nuevamente la frontera por el puerto de entrada de San Ysidro, en California, considerado el más transitado del hemisferio occidental. Su regreso fue resultado de una orden directa del tribunal, algo poco común en casos de deportación.
Durante su estancia en México, la mujer permaneció con familiares, pero describió ese tiempo como profundamente doloroso debido a la separación de su hija. “No se puede disfrutar de la vida cuando la parte más importante no está contigo”, afirmó.
A pesar de su regreso, las secuelas emocionales persisten. Estrada Juárez asegura que ahora vive con ansiedad constante y temor a ser detenida nuevamente, incluso en situaciones cotidianas. Episodios aparentemente normales, como ver a un agente de seguridad uniformado, pueden desencadenar recuerdos de su detención.
Su hija, quien dependía completamente de ella, también vivió el impacto de la separación. “Fue como perder a alguien que sigue vivo”, expresó durante una conferencia de prensa tras el reencuentro.
El caso de Estrada Juárez también refleja las limitaciones estructurales de DACA, un programa implementado en 2012 que ha protegido a cientos de miles de jóvenes inmigrantes, conocidos como “dreamers”. Aunque permite trabajar y estudiar legalmente, no ofrece una vía directa hacia la residencia permanente, lo que deja a sus beneficiarios en un limbo migratorio.
“DACA no es una solución definitiva, es una medida temporal que ha quedado atrapada en disputas políticas durante años”, explicó un abogado especializado en inmigración. “Mientras no haya una reforma migratoria integral, casos como este seguirán ocurriendo”.
Estrada Juárez había iniciado el proceso para obtener la residencia antes de su detención, lo que hace que su deportación resulte aún más controvertida. Según su defensa legal, las autoridades basaron su decisión en una orden de expulsión emitida cuando ella tenía 15 años, un detalle que, según argumentan, no fue manejado adecuadamente.
La jueza a cargo del caso cuestionó los argumentos del gobierno y subrayó que el cumplimiento de la ley no puede violar los derechos fundamentales de las personas, incluso en el contexto de la política migratoria.
Ahora, tras su regreso, Estrada Juárez enfrenta el reto de reconstruir su vida. Su estatus bajo DACA está pendiente de renovación, lo que añade incertidumbre a su futuro inmediato. Aun así, se mantiene enfocada en avanzar.
“Quiero seguir adelante. No quiero quedarme estancada por lo que pasó”, dijo. “Tengo una hija, tengo responsabilidades y sueños que todavía quiero cumplir”.
Su experiencia también ha transformado su perspectiva. Antes de su deportación, veía el programa DACA como una base sólida para construir su vida. Ahora, reconoce que la estabilidad que ofrece es limitada.
A pesar de todo, Estrada Juárez espera que su caso tenga un impacto más amplio. Considera que su historia puede servir para visibilizar las fallas del sistema y ayudar a otras familias que enfrentan situaciones similares.
“Si esto ayuda a que otras personas no pasen por lo mismo, entonces todo este dolor habrá tenido un propósito”, afirmó.
Su historia ocurre en un contexto de creciente debate sobre la política migratoria en Estados Unidos, donde la situación de los beneficiarios de DACA continúa siendo incierta y dependiente de decisiones judiciales y políticas.
Mientras tanto, Estrada Juárez intenta retomar su vida cotidiana, aunque reconoce que el proceso emocional será largo. “Quiero recuperar la tranquilidad que tenía antes”, dijo. “Pero sé que va a tomar tiempo”.
